Para nadie es un secreto la determinante influencia de los programas “sociales” en la decisión electoral de sus receptores. Son, para decirlo con claridad, compras anticipadas del voto. Ese es su efecto. No se roba ni se embaraza la urna; no se alteran las actas, no se alteran los padrones; no se compran credenciales, se compra al elector.
Y no con un tinaco o láminas para el techado de la choza; no, se le atrae con un subsidio de por vida, sean ancianos, jóvenes, madres solteras, discapacitados, enfermos y todo aquel cuya mala condición justifique la dádiva electoralmente fructífera.
A fin de cuentas no se resuelve la pobreza, pero se ganan simpatías por la atención prestada al necesitado. Y eso suma votos.
Hubo un candidato cuya principal oferta para aparentar competitividad, fue instaurar el Ingreso Básico Universal; es decir, una mesada para cada mexicano, pagada por el gobierno, por el solo hecho de haber nacido en esta tierra. Era la desesperación por rebasar la ya afincada pensión universal para viejos; porque todos quieren competir en la misma arena donde se prometen paraísos subsidiados. Dinero y más dinero.
El gobierno, despojado de la capacidad de organizar elecciones, respeta, en teoría, a un instituto autónomo para hacerlo; un tribunal supremo para dirimir controversias y una fiscalía, ahora “autónoma”, para sancionar violaciones a la ley.
Como no puede intervenir durante las elecciones, modifica criterio y panorama de los votantes, antes del inicio de los procesos. Para eso son las giras hebdomadarias, cuya insistencia no se contiene ni con una epidemia de Coronavirus.
La institucionalidad electoral, en el papel, es eficiente y suficiente, aun cuando ahora ya ha quien se inviste como inspector electoral desde el Poder Ejecutivo, “como cualquier ciudadano”, lo cual es erróneo: no se trata de una persona común, se trata del Presidente de la República quien entre sus muchas facultades (art 89 constitucional), no tiene la vigilancia comicial.
El trabajo de distribuir apoyos, subsidios, programas, recursos monetarios, becas y demás opciones de administración pública no forma parte del vasto catálogo de trucos electorales.
Y aunque debería ser incluido de alguna manera, no es posible esperar tal contención propagandística por parte de este gobierno, cuya mayor fortaleza es precisamente esa distribución. Por eso se han creado leyes de austeridad, para derivar todo otro gasto hacia los programas socio-electorales.
El gobierno tiene una institución autónoma (en teoría) para vigilar la legalidad. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la cual en estos días es ideológicamente dependiente del SP. Su titular fue designado por Alejandro Gertz cuando la FGR aún era la PGR dependiente del Poder Ejecutivo. Y el titular de ese poder, es decir el SP, es correligionario entrañable del fiscal electoral.
Y no sólo eso, es colaborador intelectual del pensamiento sociopolítico del Señor Presidente, como ha quedado probado en cientos de ocasiones (sólo se deben leer sus artículos en “La jornada”, por ejemplo) y en su encomienda de una Constitución Moral al servicio de la IV-T, en compañía de Enrique Galván Ochoa, Verónica Velasco (esposa de Don Epi) y el vocero Jesús Ramírez.
Así pues no se podría suponer distancia. Por eso deben tomarse en cuenta estas palabras del señor fiscal, escritas hace unos meses (3.11.19):
“…En todos los fraudes se transparenta la acción del gobierno muchas veces concertada con distintos aliados. El gobierno actual ha proclamado su voluntad de no interferir en las elecciones y dejar que la gente decida libremente. Si lo logra será un gran paso para la construcción de la democracia.
“Sin embargo, hay otros factores que deben controlarse, por ejemplo en 2021 serán elegidas 500 diputaciones y 15 gubernaturas. Habrá que disciplinar a escala local a los posibles agentes del fraude. Y otro enemigo, el crimen organizado, que está interviniendo cada vez más en la política y que seguro querrá imponer a sus representantes en estados y municipios.
“Las elecciones generales de 2021 serán una prueba de fuego para la voluntad y capacidad del gobierno…”
“Si existen indicios de fraude electoral esperamos identificarlos en sus primeros síntomas y disuadir a los que quieran cometerlo o perseguirlos enérgicamente si no comprenden que los tiempos cambiaron.
“El gobierno federal estará ahora en contra del fraude electoral, no a favor. Eso cambia el escenario”.
El presidente ha dicho sobre el pueblo y su sabiduría, cada vez está más politizado. Y quizá sea verdad, ahora cambia el plato de lentejas (como Esaú), por el plato de política social.
