La contundencia con la cual el Señor Presidente defendió ayer la estrategia del gobierno para atender la epidemia de Coronavirus en México, hacía de alguna manera innecesaria la tan hasta entonces exigida reunión del Consejo de Salubridad General.
En la guerra de narrativas, como se les dice ahora a las versiones y posiciones discursivas, hubo quien quiso oponer las no conocidas decisiones del Consejo a la política sanitaria del gobierno sin reparar en algo sumamente importante: el Señor Presidente es, también, la cabeza del consejo.
“… es un órgano colegiado que depende directamente del Presidente de la República y tiene el carácter de autoridad sanitaria, con funciones normativas, consultivas y ejecutivas. Las disposiciones que emita serán de carácter general y obligatorias en el país”.
En materia de disposiciones generales y obligatorias, nada obliga a la disparidad de sus propuestas con los mecanismos de control ya escogidos –para bien o para mal; acertada o erróneamente–, por la autoridad sanitaria ejecutiva: la Secretaría de Salud y la Presidencia de la República.
Sin embargo no todas las disposiciones para enfrentar este problema pasan por la responsabilidad sanitaria o la sabiduría médica.
Los daños humanos son unos, directamente por enfermedad, pero los daños “inhumanos”, los de la economía, caen en otra área. Y en esa es necesario desarrollar programas realistas de rescate económico, en un país paralizado por las malas decisiones del gobierno, sus gastos populistas y sus caprichos financieros.
En ese sentido, una vez más, el gobierno de Oaxaca anuncia sus avances al margen de cuanto decida el gobierno federal y Alejandro Murat pone sobre la mesa un plan de cuatro puntos para respaldar la economía y el empleo.
Los capítulos del Plan Murat son simples.
Primero, cincuenta por ciento de descuento fiscal a las pequeñas empresas cuyas utilidades, de acuerdo con sus declaraciones de impuestos, hayan sufrido en el lapso de la crisis, mermas equivalentes a ese volumen; cien por ciento de estímulo fiscal a empresas del sector turístico en el bimestre marzo-abril; convenios con los comerciantes de tiendas de autoservicio y similares, para garantizar el abasto de productos de primera necesidad y artículos de limpieza.
Finalmente, la aceleración de los proyectos económicos mayores, con una inversión superior a los 3 mil 500 millones de pesos, los cuales generan empleos directos e indirectos suficientes para compensar el efecto de la crisis, al menos en lo económico.
Pero de vuelta al asunto federal.
La reunión del Consejo, demandada desde hace varios días por algunos ex secretarios de Salud como Narro y Chertorivsky, fue nada más la confirmación de una política, ahora con el más grande respaldo posible del sector científico. Ya no habrá quien diga, cuando el consejo intervenga las cosas serán distintas.
El Consejo, a través de sus comités, ya sesionaba, si no en plenaria, sí en asuntos específicos, hasta en el asunto de seguridad.
Ayer nada más sucedió un cosa previsible: el consenso de instituciones públicas y sociales, para apoyar la estrategia derivada del Plan Integral, puesto en marcha desde diciembre y más acusadamente desde enero, según dijo el subsecretario López Gatell, quien práctica mente impuso el tema a las preguntas reiterativas y ociosas de los reporteros en la conferencia nocturna cotidiana, más ocupados en hablar de lo de anteayer y menos de lo más reciente.
OCIOSA PERVERSIDAD
No es para extrañar.
La explicación de Tatiana Clouthier sobre la pertinencia de someter a juicio político extemporáneo a una persona en proceso penal, es una de las grandes vergüenzas de la legislatura más “balín” de los
últimos 50 años.
Y hablo de ese medio siglo porque es el lapso en el cual, he sido testigo de la vida parlamentaria.
Como les dijo Porfirio Muñoz Ledo quien en todo esto y algunas cosas más supera a Tatiana:
“…Mañana (ayer) otra sesión innecesaria de la Cámara de Diputados para acusar a Rosario Robles frente al Senado que muy pronto entrará en receso. La señora tiene un proceso penal en curso por lo que está presa y ya fue inhabilitada por la Secretaria de la Función Pública.
“…Sorprende que el anuncio lo haga el coordinador de la mayoría parlamentaria y no la Mesa Directiva como debe ser. Es solo lucimiento político para verdugos improvisados”.
No son verdugos improvisados, son “porros” legislativos.
Primero atropellan la Constitución para garantizar los afanes reeleccionistas en el Poder Legislativo e impedir los riesgos de perder el control de San Lázaro en las próximas elecciones y después inician un juicio de opereta.
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