La principal acusación contra Rosario Piedra, la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, propuesta por el Presidente de la República, ha sido su cercanía incondicional con el Ejecutivo. Su defensa, –también por parte del Señor Presidente–, ha sido su comprensión de las circunstancias de las víctimas, pues ella misma lo ha sido a lo largo de los muchos años de búsqueda de un hermano inexistente.
Hoy, casualmente otra Rosario (Robles) pone en la mesa política un expediente para probar hasta donde llega la lealtad y esta puede frenar la responsabilidad institucional.
La ex secretaria de Desarrollo Social ha interpuesto una queja en la CNDH por las violaciones al debido proceso en el cual está inmersa; el acoso y la fabricación de pruebas en su contra, conductas autoritarias todas estas y por tanto violatorias de sus garantías fundamentales, de sus derechos humanos, pues, comenzando por la nula consideración del principio de presunción de inocencia.
Hoy, cuando las tropelías de Genaro García Luna son el postre de cada cena y el asunto Cassez vuelve a ser tema de memoria, precisamente por la violación del proceso adecuado, la CNDH tiene una oportunidad de probar su utilidad y su autonomía, tan cuestionada desde el despelote en el Senado por el cual se impuso a la señora Piedra, “Haiga sido como haiga sido”.
Esto se dio a conocer ayer:
“La exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra el Ministerio Público de la Federación por presunta fabricación de pruebas y difamación con el propósito de mantenerla en prisión preventiva.
“En el documento dirigido a la titular de la CNDH, María del Rosario Piedra Ibarra, la exfuncionaria reprochó la intención del juzgador de querer iniciarle un proceso judicial «plagado de arbitrariedades» por un delito que no amerita prisión preventiva oficiosa.
“Sostuvo que la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Ministerio Público ha estado lejos de cumplir con los principios de honradez y respeto a sus derechos humanos.
“Al contrario, el Ministerio Público Federal ha recurrido a mentiras, falsificaciones y difamaciones, con el propósito de obtener resoluciones encaminadas a privarme de mi libertad, simulando apegarse a la ley”, externó la también exjefa de gobierno del entonces Distrito Federal.
“Pidió que la presidenta de la CNDH admita a trámite la queja e inicie la investigación correspondiente, solicite la información pertinente a las autoridades señaladas como violadoras de sus derechos humanos y emita la recomendación a las autoridades señaladas para resarcir el daño que le han ocasionado”.
Si bien la noticia abunda en algunos otros datos complementarios de las violaciones procesales, lo políticamente interesante será conocer la reacción de la comisionada. Si lo deja pasar por alto, será vista por algunos como cómplice y omisa en su responsabilidad de defender los Derechos Human os de cualquiera contra los abusos del poder.
Y si le recomienda al juzgador algo en torno de la injusta prisión preventiva oficiosa, fincada según los abogados defensores en una licencia falsa de manejar, se malquistará con sus ex compañeros de partido.
Pero por desgracia algo deberá hacer. Muy difícil, si quiere nadar como cadáver.
Esta columna no se atreve a emitir un pronóstico (aunque lo tiene), pero hasta el mediodía de ayer, no se había dado a conocer ningún comentario por parte de la CNDH sobre el tema.
Y otra persona cuya circunstancia podría ser materia de queja ante la CNDH, es de la senadora Lily Téllez quien a ella podría acudir si resulta separada de su bancada como le piden a Monreal los rijosos morenos para quienes las posiciones críticas de la sonorense son contrarias al dogma partidista.
La queja no podría ser por motivos partidarios, sino por la dualidad de Monreal: por una parte coordina a los Morenos en el Senado, pero también preside la Comisión de Coordinación Política y esta es una autoridad.
Además, podría invocar el conculcamiento (hermosa y arcaica expresión), de su libertad de expresión y hasta el contenido del artículo constitucional (LXI) por cuyo texto los legisladores no pueden ser reconvenidos por las expresiones usadas en su encargo, mucho menos sancionados con expulsiones o pérdida de operación en las comisiones de las cuales formen parte.
Son los límites de las purgas y las venganzas.
Una de las expresiones por las cuales la senadora Téllez se ha vuelto incómoda es su rechazo al aborto, bandera principal de todo feminismo. La otra, su crítica al mendaz Evo Morales, figura principal en el santoral morenista y en el Belem de los adoradores de estos magos de las dictaduras democráticas sudamericanas.
