Como era de esperarse y en prueba de aquella vieja frase de cómo a la fuerza ni los zapatos entran, la Cámara de Diputados emitió desde la Comisión de Gobernación un dictamen en torno del gasto publicitario oficial, cuyo contenido no dejó conformes a los inconformes, los cuales deben inconformarse tal y como ahora y siempre lo han hecho, pues de otra manera pierden su razón de ser, sus subsidios y su función de manos de gato para sacar castañas del fuego.
El dictamen ofrecido al trámite legislativo no le cayó bien a los activistas y colectivistas promotores del amparo por el cual la Tremenda Corte le puso a veinticinco las peras al Congreso y lo obligó a legislar en un lapso límite del 30 de este mes, en la espinosa e imposible materia de la Comunicación Social en la cual todos los círculos son cuadrados.
La Corte, indebidamente, puede obligar al Congreso a legislar, pero no le puede decir cómo hacer las leyes. Ni es su función ni tiene autoridad para eso. Los profesionales del activismo social y las buenas causas, tampoco.
Sin embargo la raíz del debate sobre esta materia es muy sencilla: los defensores de los “Medios libres” (¿cuáles serán esos medios “libres”?) acusan al sistema de haberse gastado en “fake news” favorables al régimen en turno, las siguientes jugosísimas cantidades (Sergio Aguayo):
“…Vicente Fox gastó 14 mil 303 mdp, Felipe Calderón 39 mil mdp y “Fundar” estima que cuando Enrique Peña Nieto termine su mandato habrá erogado 60 mil mdp. A esas fortunas agreguemos lo gastado por gobernadores, alcaldes, empresarios y criminales. Cuando el “chayote” o los “convenios publicitarios” fracasan, entonces empiezan las intimidaciones, las golpizas y las ejecuciones.
“Por eso es que año con año nos incluyen como uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio de la libertad de expresión”.
Yo no creo en los medios como dueños de la libertad de expresión. Tampoco la acepto hija o protegida de las ONG´s. Muchos menos pienso en la peligrosidad de mi oficio. Al menos a mí y a mi familia (padre, tíos, abuelo, bisabuelo, todos periodistas en más de un siglo), no nos ha pasado nada. Y cuando les pasó a mis antepasados, fue por malas decisiones de militancia política.
Y los asesinos de mi padrino y amigo, Manuel Buendía, no tenían relación con el gasto publicitario, ni fue su crimen motivado por mala aplicación del “convenio publicitario”.
Pero la vida en los tiempos del narco tiene otros matices, causas y procedimientos, pero siempre es rentable acusar de asesino al gobierno y exculpar al crimen organizado de organizar los homicidios.
El gasto de publicidad no es un pecado en sí mismo. Para los acusadores sí lo es porque en la injusta y subjetiva discrecionalidad ellos no hallan cabida. Su reclamo no es para suprimirlo, sino para repartirlo. Y es lógico, son abogados de un “periodismo” cuya distancia del oficio es enorme.
Son como los defensores de los delfines, no son mamíferos marinos. Son terrestres.
Pero de vuelta al debate en el Congreso. Dice la información de ayer:
“Con el voto mayoritario del bloque PRI, Partido Verde y Nueva Alianza fue aprobado (ante) ayer el dictamen de la Ley General de Comunicación Social, mismo que fue calificado por diversas organizaciones como una simulación.
“Los críticos del documento argumentan que, de aprobarse así la ley, no se especifican criterios técnicos que determinen la mejor manera de ejercer los recursos, no se fijan topes que limiten el monto máximo a ejercer y se deja como responsable a Gobernación del padrón de medios…
“…El diputado panista, Juan Pablo Piña Kurczyn, consideró que “el dictamen es una simulación para cumplir con el mandato de la Corte”. Es un documento que delega todas las facultades sobre la regulación de publicidad oficial a la Segob.
“Explicó que la ley no tiene sanción alguna; es decir, “es una norma que podría no aplicarse y no pasaría absolutamente nada”. Agregó que tampoco precisa un tope de gasto…
“Manifestó que de aprobarse el dictamen como está puede generar censura a medios de comunicación, pues “dejarle a la Segob el control del padrón de los medios, es darle la decisión para otorgar, o no, dinero público para el pago de publicidad”.
“El diputado Macedonio Tamez Guajardo (Movimiento Ciudadano) lo calificó de inviable jurídicamente, debido a la “aterradora” atribución que se otorga a la Segob para manejar la comunicación social.
“Consideró que las atribuciones deben remitirse a la Auditoría Superior de la Federación (ASF)”.
Y más:
“(Reforma) El Colectivo Medios Libres, integrado por más de 130 organizaciones y activistas, denunció que la Comisión de Gobernación sólo simuló al avalar el predictamen de la Ley General de Comunicación Social”.
