Quizá ya se haya dicho antes, posiblemente otros lo habrán analizado desde los ángulos precisos de la politología o los fenómenos de la globalización de las ideas, pero en el reciente caso mexicano, en el cual varios fenómenos políticos se pueden enlazar, vale la pena intentar ese enlace, buscar cuáles son ahora las nuevas fuentes del poder, quizá con el mismo afán con el cual Stanley buscó al Doctor Livingston y los manantiales del Nilo.
Dos fenómenos, aparentemente simples, son el origen de todo este sismo político. El primero, las acusaciones contra Ricardo Anaya por una fortuna y un modo de vida insuficientemente explicado, al menos para quienes revelaron a través de los medios (como suele hacerse), su incongruencia entre el discurso moralizante (franca bandera política y arma contra quienes hoy detentan el poder), y la vida opulenta lograda a través de los cargos públicos.
Sin embargo Ricardo Anaya, líder del PAN, cuestionado por una de las fuerzas antaño invencibles en el partido, la corriente de Felipe Calderón, el reeleccionista conyugal y la crítica tibia de otros aspirantes a la candidatura presidencial, todos ellos de poca monta y sin respaldos suficientes, como Romero Hicks, Ruffo o Rafael Moreno Valle, convirtió esas acusaciones en su mayor fortaleza.
Denunció a quienes lo denunciaron, se alzó furibundo contra “El universal” y el PRI-Gobierno y construyó un discurso impecable: lo maltrataban porque se opone a la metamorfosis de un procurador en Fiscal General de larga duración, figura constitucional aprobada por él mismo cuando era diputado federal y a cuya demolición (aprovechando una iniciativa del presidente Peña en ese sentido ahora anhelado como victoria democrática; o sea, impedir el fiscal automático), no convocó a los senadores de su partido, cuando los diputados (él incluido), la convirtieron en minuta y la mandaron a seguir su proceso legislativo en el Senado.
Sin embargo y a pesar de todas sus contradicciones y limitaciones, atropellos a la lógica y demás inconsistencias, Ricardo Anaya no encontró frete a si una fuerza política capaz de anticiparse a sus movimientos y anularlos: el PRI se quedó arrinconado en una ortodoxia propia de los años idos, y cuando se duco cuenta de las cosas, el líder del PAN había dado un golpe de mano genial: se apoderó de la presidencia de la Cámara de diputados, primero extendiendo el plazo de instalación de la mesa directiva hasta el cinco de septiembre y después imponiendo la agenda legislativa desde la oposición, forzando desde Los Pinos la solución del conflicto (es decir, Peña dándole la razón); y dejando a los diputados del PRI en el más espantoso de los ridículos.
Por la otra parte, donde sí hubo una operación política, en el Senado, la fuerza de Anaya quiso ser limitada con la elevación de uno de sus opositores a la presidencia, el senador Ernesto Cordero auxiliado por el PRI; pero ni él ni sus demás compañeros, con Javier Lozano como ariete verbal, tuvieron (ni tienen) la fuerza para aplacar el huracán “anayista” quien no sólo se deshizo de ellos con el papirotazo de exhibirlos como traidores, sino con la amenaza de expulsarlos del partidos.
Todo estos hechos, incluyendo la paradoja maravillosa de una oposición cuya fuerza proviene de promover la aplicación de una iniciativa propuesta por el Presidente al cual se oponen, nos muestra la naturaleza mercurial de la política actual, en cuyo errático curso, imprevisible como una ola de azogue en una charola en movimiento, los contrarios se unen, los iguales se separan y las nuevas formas de alianza, fusión o concubinato contra natura han sido abolidas por la más elemental de las fuerzas políticas: el pragmatismo. Puro y oportuno o impuro y oportunista, como se le quiera calificar o interpretar:
Todo este asunto tiene dos componentes más.
El primero, la formación del Frente Amplio Ciudadano, cono le llamaron a esa alianza a la cual se rehúsan a definir como electoral, no obstante haberla ido a registrar al Instituto Nacional… Electoral.
No se trata de un insecto, pero lo estudia un entomólogo.
Y el segundo de estos componentes, la concurrencia de un abigarrado conjunto de membretes de la llamada “sociedad organizada”, antes agrupada en el genérico, sociedad civil, en el sentido “gramsciano” del término.
En todo este episodio Ricardo Anaya y el PAN bajo su dominio y control impusieron la fuerza política. El frente (auspiciado por él y secundado por la debilucha Alejandra Barrales), la organización electoral, y la sociedad civil la potencia ética, el discurso imbatible, la corrección política.
Todos esos elementos hacen un trípode sobre el cual se ha alzado y se sostiene, desde este jueves pasado, la plataforma para lanzar una candidatura presidencial de muy notable fortaleza y posibilidad. La de Ricardo Anaya.
Pero todos esos fenómenos son hasta cierto punto fáciles de comprender. La audacia de Anaya, la adjudicación de un recurso salvífico para la democracia como oponerse a la metamorfosis del procurador a Fiscal como si no lo hubiera promovido el propio presidente Peña; la existencia de un Sistema Nacional Anticorrupción, como si ni fuera creatura del Pacto Por México, y en general el manoseo de las ideas, casi todas con efecto de bumerán contra el PRI, son cosas propias de la lucha entre partidos.
Lo novedoso en todo caso es la irrupción de un a nueva forma partidaria: los colectivos de la sociedad organizada, los cuales, al amparo de un simple “hash tag” pueden hasta modificar la Constitución como van a hacer con el artículo 102, como ya lo han anunciado.
Cuando los bien portados (porfiados) fueron al Senado a entregar un legajo, no con la exigencia de un nuevo fiscal, sino de una fiscalía diseñada por ellos, se convirtieron en legisladores de facto, frente a los cuales los senadores y diputados, legalmente constituidos, se convertirán en simples amanuenses, como les sucedió con el camelo ese de la declaración triple llamada “tres de tres”, cuya faramalla ahora ya forma parte hasta de los documentos del Partido Revolucionario Institucional.
En ese sentido vale la pena conocer completo el planteamiento del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, cuyas directrices provienen y al tiempo alimentan de los esfuerzos y proyectos políticos ya descritos:
“Es un hecho público que la idoneidad del actual Procurador General de la República para ocupar el cargo de Fiscal General de la República, ha sido duramente cuestionada por múltiples actores y grupos sociales, y ha provocado el encono entre diputados y senadores de diversos partidos políticos.
“En días recientes, la situación se ha agravado, con la consecuente afectación de la credibilidad institucional del Congreso de la Unión (no a la credibilidad institucional de quienes lo secuestraron, conste).
“Una crisis de este tipo es indeseable en México. El estado de Derecho requiere de acuerdos estructurales que aseguren la civilidad política en el proceso electoral que inicia el 8 de septiembre. Del mismo modo, los ciudadanos debemos contar con la seguridad de que el poder público satisfaga los estándares constitucionales (¿?) para la persecución de delitos, la impartición de justicia (la justicia la imparte el poder Judicial, ¿no?) y el combate a la corrupción (no es igual procurar a impartir).
“El Comité́ de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción asume la responsabilidad de que ello se logre (nomás p’al gasto…)
“No es nuestro propósito evaluar el perfil personal y profesional del actual Procurador General de la República para convertirse en Fiscal General de la República. Esto corresponde a los mexicanos en general, en quienes por disposición constitucional reside esencial y originariamente la soberanía nacional. Por ello, el Poder Legislativo debe prestar atención a la opinión ciudadana, en aras de garantizar la honorabilidad, autonomía e independencia que exige el puesto. La legitimidad social de ese funcionario es fundamental (¿y quien otorga el certificado de “legitimidad social?).
“No calificamos la idoneidad de personas en lo individual (¿ni siquiera con su dicho del primer párrafo de esta declaración?).
“Nuestra propuesta es que con apertura y enfoque plural, se diseñe el perfil del Fiscal General de la República…
“…Las anteriores son condiciones ineludibles para el correcto funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción. Por ello, de manera respetuosa nos permitimos someter a la consideración de ustedes, lo siguiente:
“PRIMERO. Evaluar la pertinencia de nombrar un Procurador General de la República de transición y de consenso, que con el mismo carácter se convierta en Fiscal General de la República (entonces ya deja de ser transitorio).
“SEGUNDO. En el periodo de transición que al efecto se establezca, redefinir el marco constitucional de la Fiscalía General de la República, considerando las propuestas de los diversos actores y grupos sociales (o sea cambiar el 102)…
