Muchos han sido los esfuerzos por erradicar la corrupción de la vida mexicana. Los novohispanos la llamaban “el unto de México” y desde entonces se dice coloquialmente, cuando a alguien lo han comprado, cómo lo untaron tal si fuera mantequilla, lubricante morado o simple y resbaladiza sustancia para el tobogán de la conciencia venal.
Ya lo sabemos, nunca debe la mano izquierda conocer los afanes de la derecha. Disimulo, ojos entrecerrados, mirada para el otro lado, ancha la manga, amplio el criterio tolerante y cómplice.
Pero siempre hay una bandera oportuna (u oportunista). Y la política consiste, a veces, en convertir clamores o peticiones, en nuevas instituciones cuya novedad va lograr el milagro: se hacen nuevas leyes en vista del incumplimiento de las anteriores. El huevo se pelea con la gallina.
Y en el complejo mundo de la construcción de un “Sistema” (con mayúsculas), como el Nacional Anticorrupción, nos hallamos de pronto con edificios morales, paralelos a las construcciones jurídicas, tal es el caso del Comité de Participación Ciudadana.
Ese comité (cualquier eco de Robespierre es pura trampa de la memoria) se autodefine de la siguiente manera. Significa mucho. O no significa nada, cada quien entenderá y querrá creer cuanto a su talante importe:
“El CPC tiene las facultades de proponer políticas anticorrupción, metodologías e indicadores de evaluación y, sobretodo, vigilar el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción.
“Es por esto que debe trabajar en conjunto con el Comité Coordinador y el Secretario Técnico para la integración del componente ciudadano en la conformación de los informes, recomendaciones y políticas públicas que se consideren necesarias para el buen funcionamiento del Sistema.
“El CPC es el canal de interacción entre la sociedad civil y las instituciones de Gobierno”.
Si todo ese papasal entre las propuestas de política anticorrupción, coordinación, metodologías e indicadores de evaluación y cuanto hay, sobre todo “el componente ciudadano”, no lo ha mareado, le comparto las “Reglas de operación”, tal y como las pública el propio CPC en su páginas web
“…La reforma constitucional de 2015 que estableció la creación del SNA, busca agrupar a las instituciones encargadas de combatir a la corrupción en un mismo comité, con el objetivo de que actúen de manera coordinada y alineados, por primera vez (en la historia de la patria, debería decir para más ampulosidad) , bajo una Política Nacional Anticorrupción. Su objetivo último será (es, ¿no?) poner fin a la creciente impunidad que rige en nuestro país”.
Y luego la dicha página nos toma de la mano y nos lleva, como Virgilio a Dante, a recorrer los círculos de la farragosa legislación. Es una chulada como tenemos leyes y más leyes para jamás cumplir con ellas. Vea usted los enunciados y las ligas donde puede usted consultar los tomos y los legajos y las bibliotecas.
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNA.pdf
Ley General de Responsabilidades Administrativas
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA.pdf
Ley Orgánica de la PGR
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOPGR_180716.
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOTFJA.pdf
Código Penal Federal
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9_180716.pdf
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_191216.pdf
Ley Federal de Rendición de Cuentas y Fiscalización
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFRCF.pdf
Y a pesar de eso el sistema, un bebito él todavía, no funciona pues le faltan las piezas fundamentales: el fiscal y el fiscal anticorrupci´on y toda la maquinaria de la magistratura de la justicia administrativa, pero ya tenemos nuevos lineamientos contraloría (salió resistente, pues la iban a extinguir) y por instituciones, leyes, comités, componentes ciudadanos (como los equipos de sonido, hechos a base de “microcomponentes”) y demás, no nos vamos a detener, faltaba más.
Y la corrupción, sigue tan campante.
Pero a pesar de todo eso, la única realidad es esta:
“Los plazos legales se cumplieron y entre las bancadas del PAN y del PRI en el Senado se echan la culpa por no haber convocado a un periodo extraordinario para designar al fiscal anticorrupción y a los 18 magistrados faltantes del Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa, piezas centrales del Sistema Nacional Anticorrupción que este 19 de julio entró en vigor.
“Desde el lunes pasado, el coordinador de la bancada del PRI, Emilio Gamboa, emplazó al presidente de la Junta de Coordinación Política, el panista Fernando Herrera, para que convocara a este órgano de gobierno y se acordara la designación del fiscal anticorrupción”.
Hace muchos años Miguel de la Madrid, en cuyo arranque de gobierno naufragó la “Renovación moral de la sociedad”, invento de un dipsómano, por cierto, (por no decirle “puntada de borracho”), dijo: la ineficiencia es una forma de la corrupción.
Ya vimos.
