Hace unos días el Observatorio Ciudadano, ubicado no en la ciudad de México, sino en Patmos, nos describió el tamaño del Apocalipsis: “…Llevamos varios meses diciendo que dicho mes ha sido el peor en términos de violencia de los últimos años…” dice en uno de sus párrafos del terrible diagnóstico de cómo crece la delincuencia en la capital del país.
Frente a ese reporte, flamígero, preocupante y basado en datos oficiales, creíbles, contundentes, alguien debía decir algo, no para minimizar, sino para aportar nuevos elementos. Era necesario un análisis alejado de la corrección política cuyas loas al nuevo sistema de justicia penal son tan desmesuradas como desinformadas, en muchos casos.
Y esa puntualización la ha expresado un doctor en derecho, quien además es jefe del gobierno de la CDMX: Miguel Ángel Mancera quien ha dicho, palabras más, palabras menos: “… con el nuevo sistema de justicia penal al concluir este año estarán en la calle alrededor de 15 mil presuntos delincuentes, cuando deberían estar en prisión (si deben estar en prisión dejan de ser presuntos) y pues claro que eso pega en la incidencia delictiva.”
Hoy, gracias a la laxitud de las leyes y los procedimientos para casi abolir el derecho penal, se ha fomentado la impunidad. Antes eso ocurría por corrupción; ahora por un sistema en el cual mínimos detalles de procedimiento (el famoso “debido proceso”) anulan todo indicio de culpabilidad.
En seis meses más estarán en la calle otros quince mil delincuentes, protegidos por un sistema fofo, feble, laxo, guango en el cual se quiere privilegiar la exageración de los Derechos Humanos en contra de la aplicación de la lógica penal.
Esta es parte del informa ante el cual Miguel Ángel Mancera ha reaccionado no con una amenaza, pero sí con un aviso oportuno: estamos padeciendo, en parte, por la laxitud de las leyes:
“La información estadística sobre carpetas de investigación reportadas por las procuradurías y fiscalías generales de los estados revelan que continúa el alza de la incidencia delictiva, sin que existan políticas que logren frenar este fenómeno.
“Debido a esta situación, nos preocupa de sobremanera que aparentemente la crisis de seguridad y violencia por la cual atraviesa México no ha logrado detenerse en lo absoluto, al contrario continúa avanzando en detrimento del bienestar de la población.
“Una prueba de lo anteriormente mencionado puede apreciarse si se compara la incidencia del primer trimestre de 2017 respecto a la del mismo periodo de años anteriores, pues los delitos de alto impacto aumentaron de acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
“En este sentido vale la pena señalar que si se contrastan los valores absolutos del primer trimestre de 2017 con el mismo lapso de 2016 se aprecia el incremento de 29.48% de los homicidios dolosos, de 12.57% de los homicidios culposos, de 19.75% de los secuestros del fuero federal y común, de 29.55% de las extorsiones, de 32.31% de los robos con violencia, de 13.10% de los robos de vehículos, de 3.18% de los robos a casa habitación, de 47.43% de los robos a negocio, de 31.69% de los robos a transeúnte y de 5.74% de las violaciones.
“Es importante mencionar que si analizamos únicamente la incidencia delictiva de marzo de 2017 y se compara con la del mes previo se observa, de igual manera, un comportamiento al alza.
“Llevamos varios meses diciendo que dicho mes ha sido el peor en términos de violencia de los últimos años. Iniciando el año hablamos de cómo enero de 2017 había sido el mes con más homicidios del sexenio; cuando obtuvimos los datos de febrero analizamos si el bimestre 2017 era el peor de esta administración federal. Ahora podemos afirmar que el primer trimestre de 2017 ha sido peor no solo del sexenio sino desde que se cuenta con esta información estadística.
“El panorama actual en materia de seguridad y justicia es sumamente complejo, nuestro país vive una crisis de violencia mientras las causas que la detonan continúan siendo las mismas que han sido identificadas por años y de las cuales tanto se ha hablado:
“La lucha entre grupos de delincuencia organizada, y de estos contra el Estado, con la finalidad de obtener el control de determinados territorios.
“La debilidad institucional para controlar y combatir el delito.
“La corrupción de autoridades, mandos e incluso de la sociedad misma a partir de la cual se favorece la entrega territorios a grupos de delincuencia organizada, se desfalcan las finanzas públicas afectando la capacitación, equipamiento, infraestructura, salarios, prestaciones, desarrollo y motivación de policías, ministerios públicos y peritos.
“La poca capacidad y falta de resultados frente al lavado de dinero.
“La relativización y minimización del aumento de la falta de seguridad, la delincuencia y la violencia con la que responden las autoridades a cuestionamientos basados en evidencia”.
Pues no siempre.
Definitivamente…una de las grandes deudas que tiene el gobierno de Mexico estriba en la jimparticion de justicia.
Se podria decir que el poder JUdicial es un poder fallido… como los otros dos: El ejecutivo y el legislativo… pero el poder legislativo tiene gran culpa de la falla, en este caso… por las blandas leyes… oscuras, obsoletas,inconclusas y omisas que rigen en nuestro pais, que dan margen a que los delincuentes verdaderos, con una asombrosa impunidad evadan la justicia, saliendo libres aun a pesar de ser arrestados «in fraganti».
Por otro lado el poder judicial, ante la libertad de no tener que rendir cuentas de las interpretacione$ que hacen de la$ leye$, emiten decretos de libertad o/y amparo, tan fuera de lugar como inverosimiles, que dejan un sentimiento de frustracion para las victimas en busca de justicia, como de impunidad a los delincuentes.