Por considerar que el sistema de justicia penal en la Ciudad de México “ha llegado a punto de crisis”, que se extiende a nivel nacional y detona en la alarmante inseguridad del país, la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF en voz de su presidente, Diputado David Razú Aznar, propuso al pleno una reforma al sistema de justicia penal para la capital de la república.
En la penúltima jornada de este periodo ordinario de sesiones, que concluye el viernes 30 de abril, el legislador perredista sustenta la postura de la Comisión en la actual crisis del sistema penal-penitenciario en todo el país y la Ciudad de México, señala, no escapa a la problemática, por lo que es urgente reconocer que es un fenómeno estructural y no coyuntural, por lo que la solución pasa necesariamente por una reforma de fondo con visión integral de política pública.
La iniciativa, tiene como ejes rectores la prevención del delito, las medidas restaurativas del daño, la presunción de inocencia, la reducción de la prisión preventiva, la disminución de las penas carcelarias y la utilización de privación de la libertad como última opción.
Al lograrse la reforma se podría contar con un sistema penitenciario más proclive a la readaptación social y abatir el sobrecupo de reos que hoy alcanza 86%.
En la misma sesión, el Grupo Parlamentario del PAN en voz de la diputada Lía Limón García, presentó otra iniciativa de Ley Penitenciaria para el DF que entre los puntos propuestos destaca la reintegración a la sociedad de los condenados –una vez cumplida su pena- sobre la base del trabajo, educación, capacitación, salud, cultura y deporte.
La legisladora panista dijo que la iniciativa se sustenta en principios básico como: pro personas, de igualdad, de no discriminación, de trato digno, de descanso, de mínima afectación, de igualdad, de acceso a la justicia, de presunción de inocencia, de libertad de expresión, de libertad religiosa y de libre comunicación para su defensa.
Para dejar de hacinar personas de diferentes delitos en una sola cárcel, que sólo fomenta corrupción, impunidad, mafias y extorsión, Lía Limón expuso que la iniciativa establece 4 centros diferentes de reclusión: preventiva, de sanciones penales, de alta seguridad y de rehabilitación psicosocial.
Se incorpora por primera vez en el DF, la figura constitucional del Juez de Ejecución de Sanciones Penales, que sustituye a la autoridad administrativa en procedimientos de preliberación. Para dar seguimiento a los sentenciados beneficiados, se faculta al Juez de Ejecución contar con inspectores y asistentes para conocer de conductas, acciones y modo de viva del liberado.
La propuesta panista permitirá a los medios de comunicación ingresar a los centros de readaptación social a realizar su trabajo: entrevistas, toma de imágenes y fotografías, reportajes para hacer público la calidad de vida que se ofrece a quienes compurgan penas.
Ambas propuestas despertaron mucho debate y fueron vistas como un paso a la modernidad y a la dignidad de los reos, aunque hayan cometidos severas faltas.
