Un día antes de la toma de posesión de Donald Trump, el gobierno de México concedió la extradición del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera; el celebérrimo “Chapo”, cuya rocambolesca historia se ata así a uno de los episodios políticos más agobiantes de los últimos años.
Como si fuera un juego de palabras o una película de los hermanos Cohen, ”El chapo” se va a Estados Unidos desde México, país cuyo surtidor humano –dice el nuevo presidente americano–, inunda con violadores, delincuentes y narcotraficantes a la sobria y pura unión americana.
A la hora de redactar estos textos, Joaquín Guzmán estaba en el aeropuerto de Ciudad Juárez protegido por un inexpugnable capullo de acero. Ayer a la tarde, se comprendía mejor y en definitiva la razón de aquel traslado desde la Almoloya de sus éxitos a la cárcel fronteriza.
En mayo del año pasado esta era una noticia de escándalo:
“En medio de un operativo especial, coordinado por elementos de las Fuerzas Federales, Joaquín El Chapo Guzmán, fue trasladado la madrugada de ayer del penal El Altiplano 1 al Cefereso 9 de Ciudad Juárez.
“El viaje se realizó en un jet de la Policía Federal, que llegó aproximadamente a la 1:30 de la madrugada. Ya era esperado por tres helicópteros Black Hawk artillados de la Policía Federal y del Ejército para trasladarlo al Cefereso 9.
“Tanto la Secretaría de Gobernación como la Comisión Nacional de Seguridad explicaron que el traslado se debe a distintas obras que se realizan en el Cefereso 1 para reforzar la seguridad del penal.
“Añadieron que el movimiento se realizó con estricto apego a los derechos humanos de Guzmán Loera y obedece únicamente a la política penitenciaria federal que forma parte de los protocolos de seguridad.
Pero ya antes se habían dado indicios inequívocos de las intenciones del gobierno mexicano. Recordemos una edición internacional del país en febrero del año anterior:
“México ha decidido apretar el acelerador. La extradición, el espectro que más temen los narcos, no sólo recaerá sobre Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, sino que se cerrará en el más corto plazo de tiempo posible. Así lo aseguró en Davos el presidente Enrique Peña Nieto, en una declaración que muestra como un Gobierno que hasta la fuga del criminal consideraba la extradición una mancha en su orgullo nacional, ahora ha decidido emplearla como arma disuasoria. Y política.
“La extradición quedó relegada a la fila de atrás con la llegada de Peña Nieto al poder en 2012. Frente al uso intensivo que su antecesor, Felipe Calderón, hizo de este recurso, el nuevo ejecutivo, siguiendo la tradición nacionalista del PRI, redujo las entregas a Estados Unidos, y, en algunos casos, jugueteó con ellas como ultima instancia.
“El proceso de El Chapo fue un ejemplo. La Procuraduría General de la República, aunque sin rechazar abiertamente su extradición, siempre antepuso que penase en México.
“El Chapo se tiene que quedar aquí a cumplir su condena y después lo extradito. Unos 300 o 400 años después”, llegó a decir el fiscal general”.
Hoy “El Chao”, a diferencia de su similar, Pablo Escobar, se somete no de buen grado pero si con resignación a ser juzgado, profesado, condenado y (lo más importante) interrogado por el gobierno de Estados Unidos.
Es, se quiera o no, el primer triunfo de la DEA durante el gobierno de Donald Trump.
COAHUILA
Andaba por aquí el señor Carlos Beristain quien, lo puede usted creer o no, vive insomne desde la desaparición de los 43 activistas de la Normal de Ayotzinapa. No le cabe en el alma la congoja. Y ha dicho y pontificado sobre los deberes del gobierno de México, pero no ha tenido una sola palabra para esta información, a pesar de haberse producido hace un mes y ser congruente con las peticiones del GIEI para casos similares.
“La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) saludó la promulgación de esta Ley de Localización, Recuperación e Identificación Forense de Personas del Estado de Coahuila de Zaragoza, «misma que ha sido construida con la participación de las familias, organizaciones locales de derechos humanos, personas e instituciones expertas, autoridades, el Comité Internacional de la Cruz Roja en México (CICR) y la ONU-DH».
“En el comunicado, la ONU-DH reconoce la apertura de los poderes ejecutivo y legislativo de Coahuila para recuperar las demandas de las familias en la aprobación de esta norma”.
