Debidamente confirmada la seriedad de la fuente y con todo el derecho a su protección, comparto con los lectores esta náutica historia cuando falta poco tiempo para el cambio de poderes en Quintana Roo. Mucha tela para cortar.
“Barcos Caribe, la empresa que ha sido sometida a una serie de cuestionamientos por las relaciones de sus accionistas con la clase política priísta de Quintana Roo, primero aplazó su lanzamiento por más de dos años, pero después, echó andar su proyecto en sólo cuatro meses, entre el 15 de octubre de 2014 y el 17 de febrero de 2015.
“La razón social de Barcos Caribe es Impulsora Marítima de Quintana Roo y el Caribe, Sociedad Anónima de Capital Variable.
“De acuerdo con una reproducción parcial de su acta constitutiva, asentada con el número 73 de la Notaría Pública 69 de Chetumal, Quintana Roo, la empresa fue registrada el 22 de julio de 2012 por dos socios, Franco González Padrón y César Celso González Hermosillo y Melgarejo.
“Según el documento, cada uno de ellos ostentaba el 50 por ciento del capital social con que fue fundada la compañía, 200 mil pesos.
El acta consigna que el objeto de la sociedad es “la realización de todas las actividades y celebrar los actos jurídicos que sean necesarios” para alcanzar sus fines, sin más límite que la legislación mexicana.
“Pero señalan “de manera enunciativa y no limitativa”, “el ejercicio de comercio en general y en particular el comercio marítimo, como naviera titular de empresas marítimas, entendiéndose como tales el conjunto de elementos materiales y humanos para la explotación de una o más embarcaciones en el tráfico marítimo de altura, de cabotaje y fluvial o como agente, comisionista y representante”.
“Franco González Padrón tiene dos familiares que han destacado en la política estatal.
“Uno es su hijo, Juan Carlos González Hernández, ex alcalde Cozumel (2008-11) y secretario de Turismo (2011-13) en la administración del gobernador Roberto Borge Angulo (2011-16). El otro es su sobrino, hijo de su hermano Lenin González Padrón, el ex gobernador de Quintana Roo (2005-11), Félix González Canto.
“Franco, que también ha dirigido Marítima Isla Mujeres S.A. de C.V., operadora de transbordadores, casó en segundas nupcias con la ex priísta Gabriela Angulo Sauri, diputada local (2016-) por Cozumel postulada por el PAN, considerada operadora política de Carlos Manuel Joaquín González, gobernador electo (PRD-PAN, 2016-), también ex priísta y medio hermano de los Joaquín Coldwell.
“Gabriela Angulo coordinaba el programa asistencial “Avanzando Juntos” en el ayuntamiento de Cozumel bajo la gestión de Aurelio Joaquín González, otro sobrino de Franco. La diputada también fue directora del CRIT-Cozumel.
“El otro accionista es César Celso González Hermosillo y Melgarejo, un empresario capitalino, con ascendencia jalisciense. El gobierno de Félix González Canto le vendió propiedades por más de 2 millones de pesos sólo en 2011, de acuerdo con el Informe de Enajenaciones de ese año.
“El documento no especifica el objeto de la transferencia. Sostiene pleitos de herencia en Ciudad de México (469/2014, Juzgado 45 Civil).
“En junio de 2015, una “carta de accionistas” enviada al presidente Enrique Peña Nieto, con el propósito de negar la participación accionaria de Roberto Borge Martín −padre del gobernador Roberto Borge Angulo (2011-2016) y hermano del ex gobernador Miguel Borge Martín (1987-93) −, fue suscrita por los socios de Barcos Caribe.
“Además de González Padrón y de González-Hermosillo Melgarejo, suscribían la carta dos accionistas más: Álvaro Martín Martín y Elías George Moussa Tanous.
“Álvaro Martín Martín es un contador público, quien fue tesorero del ayuntamiento de Cozumel (2008-2011) durante la gestión de Juan Carlos González Hernández, hijo del apoderado de “Barcos Caribe”.
“Elías George Moussa Tanous es un empresario hotelero de origen libanés, muy cercano a Roberto y Miguel Borge Martín, y a la familia Joaquín Coldwell. Es también dueño de Casa de empeño El Puerto, en Benito Juárez.
“La misma misiva aclaraba que Roberto Borge Martín no figuraba entre los socios capitalistas, pero la empresa aclaró después que era “solamente” un “asesor operativo” de la naviera. La aclaración de que la participación de Borge no era accionaria llegó tres años después de haberse constituido la empresa.
“Aunque constituyeron la empresa en julio de 2012, los dueños de Barcos Caribe aplazaron el lanzamiento de la naviera durante más de un año. Una de las posibles causas fue la ola de señalamientos sobre los probables intereses del gobernador Borge y/o su familia en la naviera.
“No puede dejar de considerarse tampoco la intervención de la Comisión de Federal de Competencia Económica (Cofece) que, ante una denuncia relacionada con la apertura de la nueva naviera, emprendió una investigación, en mayo de 2014, sobre la probable existencia de práctica monopólica absoluta en el mercado de los servicios de transporte marítimo de pasajeros en el estado de Quintana Roo…
“…Fue hasta el último trimestre de 2014 cuando Barcos Caribe emprendió realmente los trámites para poner en operaciones a la naviera. El 15 de octubre de 2014 obtuvieron su inscripción en el Registro Público Marítimo Nacional (RPMN), con el folio 55-CT-14. El 21 de octubre registraron su marca: “Barcos Caribe Mas CE”.
“El 9 de diciembre siguiente, la naviera obtuvo del ayuntamiento de Solidaridad, donde era presidente municipal el priísta Mauricio Góngora Escalante, posterior candidato del PRI al gobierno de Quintana Roo, la concesión de “23.08 metros cuadrados, ubicado en la esquina 1ª Avenida Sur y Calle 1 Sur Bis, de la Ciudad de Playa del Carmen”, para la instalación de un módulo para punto de venta de boletaje, por un periodo de 15 años.
“El Reglamento para el Comercio en la Vía Pública del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, vigente desde 2012, no contempla la figura de concesión…
“Mientras se efectuaba ese trámite, y aparentemente confiados en que la resolución del Congreso local les sería favorable, los dueños de Barcos Caribe atendieron los últimos detalles para lanzar la naviera.
“El 7 de febrero de 2015, la SCT otorgó los permisos para transporte de pasajeros a las embarcaciones con las que hasta entonces contaba la empresa, Caribe (matrícula 2304151221-1) y Caribe II (matrícula 2304151121-6), por 6 años, es decir, con vigencia hasta febrero de 2021, en la ruta Cozumel-Playa del Carmen, Playa del Carmen-Cozumel. (El tercero de sus buques, adquirido posteriormente, Caribe III (matrícula 23041571214) obtendría una autorización similar hasta el 6 de julio de 2016).
El 17 de febrero, el gobernador Roberto Borge Angulo y el coordinador general de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Guillermo Ruiz de Teresa, pusieron en operación la naviera, con discursos de agradecimiento al presidente Enrique Peña Nieto. La familia Borge estuvo presente.
“El 11 de marzo siguiente, las comisiones unidas de Asuntos Municipales, Turismo, y Asuntos Internacionales, emitieron una minuta de decreto que ratificó la concesión del uso de vía pública para el módulo de punto de venta de Barcos Caribe, ampliando la vigencia a 50 años. Los legisladores argumentaron que fue el mismo cabildo el que modificó el periodo de la concesión al cabo de la sesión en que se autorizó…
“…Justificaron que el periodo de 50 años de vigencia de la concesión para el módulo de Barcos Caribe “tiene como objetivo amortizar la inversión financiera inicial que se realiza respecto a la instalación del módulo”.
“Las comisiones unidad que ratificaron la concesión estaba formado ocho diputados, cuatro del PRI, dos del PVEM, una del PAN y otro de Movimiento Ciudadano…
“…A pesar del deslinde parcial de Barcos Caribe, respecto de la familia Borge, subyace la suspicacia sobre los detalles de la participación de ese clan, y especialmente de Roberto Borge Martín, en la naviera.
Eso ha puesto en la mira otros proyectos que Roberto Borge Angulo busca concretar antes de su salida de la gubernatura. Entre los más cuestionados se halla el de un cuarto muelle para cruceros con cuatro posiciones en la explanada del Puerto de Abrigo, conocida como Banco Playa, con una inversión estimada de 40 millones de dólares….”