Hay un problema muy serio en la Ciudad de México, quizá el más grave de todos: el manejo de los equilibrios. O si se quiere, la administración del caos, la concurrencia de los intereses, lo legítimo, lo legal, lo necesario, lo conveniente.
Esta ciudad, como no está conformada a partir del desarrollo urbano, sino de la aglomeración urbana, no está pensada para funcionar como una urbe sino como un gran conjunto de personas en pugna permanente por su propio acomodo, su sobrevivencia, su defensa territorial.
Esta es una ciudad incapaz de darle trabajo, por ejemplo, a todos sus habitantes. No puede, al menos no un trabajo formal.
Entonces se deben tolerar los ambulantes, los puestos semifijos, lo informal si en esa definición caben también las ilegalidades o al menos las irregularidades. Se necesita hasta reglamentar lo indebido, rentar el piso para colocar puestos de tacos afuera de las estaciones del Metro, o adentro.
¿Por qué? Porque los mexicanos de esta ciudad, quienes ya no tenemos nombre, ya ni precisión tenemos, ya no tenemos gentilicio, no sabemos ni como llamamos. Y como dice José Saramago, si algo no tiene nombre, no existe.
Pero en fin, en favor de la precaria convivencia, cuyas explosiones de frecuente violencia son cada vez mayores, se deben tolerar muchas cosas, y una de ellas es el Eje 1.
El Eje 1 es tan peligroso para la policía de la Ciudad de México como la franja de Gaza para los soldados de Israel o para el Hamas, de acuerdo con el lado donde cada quien se quiera colocar.
Porque ahí hay otra ley, ahí hay otras reglas, como hay otra ley y otras reglas en la colonia Buenos Aires y como hay otra ley y otras reglas en el tianguis gigantesco de San Felipe, y como había otras reglas en zonas de Iztapalapa, todos estos lugares donde se vendían los automóviles que primero se robaban y después desguazaban y vendían por partes.
Son las verdaderas zonas de tolerancia de la ciudad de México.
Todo eso sigue funcionando, como sigue funcionando el monumento más grande a la ilegalidad en la Ciudad, el Auditorio Justo Sierra en la Universidad Nacional Autónoma de México.
En la cuna de la cultura, no es posible, o no ha sido posible del todo, expulsar a unos individuos quienes han cometido durante 16 años –en flagrancia impune y hasta patrocinada–, el delito de despojo.
La Universidad ha sido despojada de un edificio gigantesco, cuyo valor inmobiliario es incalculable. A 30 mil o 35 mil pesos el metro cuadrado en esa zona, más la construcción, el Justo Sierra podría valer en el mercado cientos de millones de dólares.
Ese despojo ha estado ahí a ciencia y paciencia de los grandes rectores que ha tenido la Universidad, quienes no han podido desocupar un predio, un edificio invadido.
Como tampoco ha podido desalojar a los narcomenudistas, ya no digamos de «Las Islas», (de los archipiélagos, de los continentes y de la Facultad de Ciencias Políticas) y de todo el monumento al petate quemado en la Universidad Nacional.
Y eso se podría corregir en una hora. Cien o doscientos policías federales podrían rodear el edificio y simple pelotón derribar las puertas, capturar a los invasores y tomarlos presos. Más tiempo tarda usted en leer este periódico de domingo por la mañana. Pero si eso se hace vendrán los imbéciles de siempre a invocar la autonomía universitaria cuya condición administrativa y académica no significa exclusión de la realidad.
¿Por qué se permite (o no se impide o se corrige) eso?, por algo llamado la paz social, y la paz social (si en verdad fuera eso) implica la obligada incapacidad de la policía para evitar la ilegalidad, y cuando quiere evitarla, o cierran la Ciudad Universitaria, o cierran la colonia Morelos; una la cierran por una “razón”, la otra la cierran por otra.
Pero la policía, como los «robocops» de Arne aus den Ruthen hace diez años o algo así, no tiene capacidad de acción en ciertos sitios de la Ciudad de México. Y somos el modelo del Mando Único, de una permanente moralización de las fuerzas policiacas, de contar con la Policía Ministerial, la Policía Preventiva, la Policía Bancaria, la Policía Auxiliar.
No pueden entrar a Tepito y cuando entran, pierden patrullas, los golpean; y tampoco pueden actuar cuando hay anarquistas en las calles, cuando hay anarquistas en la UNAM, cuando hay violentos cada 2 de octubre, cuando hay manifestaciones, cuando hay “reguetoneros” en el Metro.
¿Por qué? Porque si en esta ciudad se aplicara la Ley, la ciudad no tendría los ocho y medio millones de habitantes, sería una cárcel con ocho y medio millones de internos.
Entonces, ¿cómo hacer? Simular y disimular. Es lo único para las sociedades mal organizadas y mal estructuradas, al menos en materia policiaca.
FOX
Invitado por el Instituto Ortega-Vasconcelos para ofrecer una plática en una de sus maestrías me encuentro con uno de los, profesores de esa institución: el célebre vocero presidencial de Vicente Fox, Rubén Aguilar, experto en asuntos de comunicación social.
–Nunca pensé –le digo en referencia a las declaraciones del ex presidente y su pleito verbal contra Donald Trump–, aplaudir la verborrea de Fox. Pero en este caso ser quedó corto.
Y Rubén Aguilar se sonríe…
XOCHITL
Últimamente a todo se le llama así.
Un simple instructivo se convierte en “Protocolo”, pero por encima de las imprecisiones verbales, ahora se quiere “protocolizar” el uso del “Periscope”; debatir sobre una condición jurídica en cuanto a la exhibición de infractores (no delincuentes) en la ciudad de México para escarnio, burla, mofa, befa o cuanto se quiera, con pretexto de una mal comprendida “ejemplaridad” a través del mal ejemplo divulgado sin ton ni son, fuera de las atribuciones punitivas de la autoridad.
Este tema se ha querido presentar como un asunto de Derechos Humanos. No, es más simple: es un tema de facultades administrativas.
Tampoco se trata de Fender “delincuentes” (estacionarse en lugar prohibido no es un delito, es una infracción) ni contra de la justicia, se trata nada más de no confundir las cosas. La autoridad debe usar una grúa para remover un auto mal estacionado, invasor del espacio peatonal, pero no, para escarnecer a través de las redes sociales al mal ciudadano (así se lo merezca). Lo puede multar, lo puede detener (y debe hacerlo) Pero no puede usar su imagen para denigrarlo.
Sobre ese tema es necesario reconocer algo: la visita de Xóchitl Gálvez, delegada en Miguel Hidalgo a la Comisión de los Derechos Humanos del DF, solamente prueba la omisión, laguna o vacío sobre el cual se quiso montar el ejemplarizante recurso del aceleradísimo “city manager (vaya pedantería sajona), Arne Aus den Ruthen.
Si sus actos estuvieran ajustados a derecho, no habría sido necesario ir a negociar o debatir una acción administrativa o de gobierno. Cuando las cosas están bien hechas no se necesita debatir sobre ellas ni buscarles un “protocolo”.
El principio jurídico de una autoridad capaz de hacer sólo aquello precisado en la ley y nada más, no se modifica con “protocolos”.
Eso lo sabe Perla Gómez y eso lo debería saber Xóchitl Gálvez. La única salida es un bando de buen gobierno (o cualquier otro ordenamiento) en el cual se diga, el infractor se hará acreedor a una multa X y además a la exhibición de su indebida conducta a través de las redes sociales o cualquier orto medio de publicidad. O algo así. La redacción es lo de menos. Solo entonces será posible.
Xóchitl y Perla, en este caso, juegan al, protocolo del Tío Lolo.
PRD
Con su hallazgo de candidato en Hidalgo el Partido de la Revolución Democrática no hace sino probar la imposible recuperación de su prestigio. No pusieron a uno peor por razón simple: no hay.
