Una vez más, la rampante impunidad nos pasa factura en los frentes sociales, políticos, culturales, y nos hace un gran boquete en materia de seguridad. Nada detiene a este flagelo producto de la corrupción y vacío de poder que se ha registrado en los últimos años en diversos sectores y estados de la república mexicana.
Como botones de muestra están Guerrero y Veracruz, donde la descomposición social cobra vidas inocentes todos los días, pese a la militarización de las zonas de alto riesgo y la inyección de millonarios recursos para reactivar la economía de los grupos más vulnerables.
Detengámonos un momento en Guerrero, donde hace unos días el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció la construcción de un cuartel militar en el municipio de Chilapa, como respuesta al reclamo ciudadano de mayor seguridad.
Compromiso por demás desafiante, pues demuestra que (por fin) el Estado mexicano entra a pelear el control de la zona de la Montaña, a los diversos cárteles que dominan la región desde hace tiempo. Para empezar a Los Rojos y Los Ardillos, estos últimos originarios de Chilapa y que con sus vecinos de Cocula e Iguala conforman el corredor para el trasiego de drogas, hacia el Estado de México y Puebla.
Municipios rehenes del crimen organizado como los de Tierra Caliente, donde en los últimos 20 días, se ha registrado el secuestro de por lo menos 31 personas que, sumados a los anteriores plagios rebasan los 300 desaparecidos desde abril del año pasado. Campesinos, ganaderos, comerciantes y profesionistas que son levantados a diversas horas del día, familias enteras que viven bajo el terror permanente de ser atacados o están constantemente amenazados.
Como lo denunció el vocero de los familiares desaparecidos en Chilapa, José Díaz Navarro, que representa a la Asociación Siempre Vivos, y que buscan justicia para los 57 plagiados (oficialmente) en abril de 2015, cuando un comando armado de 300 personas entro al municipio y se llevó a por lo menos 100.
En calidad de mientras, el gobernador Héctor Astudillo les prometió la instalación de la comisión de búsqueda y localización de los desaparecidos de Chilapa, en la cual participará la Fiscalía General del estado, la Secretaría General de Gobierno e integrantes de la asociación siempre vivos. Ojalá y prospere el esfuerzo, sería un mensaje sólido contra la impunidad en Guerrero.
Donde urge también tomar el control es en Veracruz; la desaparición de los cinco jóvenes en el municipio de Tierra Blanca, es una lamentable confirmación del vacío de poder que hay en la entidad gobernada por el priista Javier Duarte, quien llegó el 1 de diciembre de 2010 y de 2011 a la fecha han asesinado a 14 periodistas.
La administración de Duarte está marcada por la violencia, inseguridad y la pobreza. Sin embargo, ha minimizado el problema llegando a declarar que en Veracruz ya no se habla de balaceras y asesinatos, sino “de que se robaron un frutsi y unos pingüinos en el Oxxo”.
Sintetizando el grave problema de la inseguridad en una cuestión de matemáticas al declarar que los índices delincuenciales van de manera clara y puntual a la baja: “tenemos un caso en Tierra Blanca, y lamentablemente en temas de seguridad pueden hacerse 99 cosas bien, pero con que una salga mal (una) ese es el tema, como es el caso que hoy nos obliga a estar atentos y pendientes”. Vaya cara dura, un solo caso bastaría para que estuviera preocupado, pero lo suyo está visto que no es la responsabilidad, sino la incompetencia.
Y ya que hablamos de la técnica de “escurrir el bulto”, los panistas encabezados por Ricardo Anaya, ¡Por fin¡, decidieron aplicar un control de daños sobre la narco diputada sinaloense, Lucero Guadalupe Sánchez, a quien se le vincula con “El Chapo Guzmán”.
Claro, negando que sea militante del PAN, Anaya, pidió a la Procuraduría General de la República acelerar sus investigaciones y admitió que no es con “un simple usted disculpe” como se resolverá el tema. En clara alusión y respuesta a lo dicho por Margarita Zavala el pasado fin de semana.
Rebasado por los hechos, al “chico maravilla” no le quedó de otra sino resolver el problema heredado por su antecesor, Gustavo Madero y ordenar una investigación a la comisión del orden del Consejo Nacional del blanquiazul, con la instrucción precisa de llegar hasta las últimas consecuencias. Además de nombrar como delegado especial en Sinaloa al diputado federal, Federico Döring, “en tanto concluyen estas investigaciones”, dijo.
También, el PAN decidió desautorizar las declaraciones del coordinador de los diputados locales en Sinaloa, Guadalupe Carrizoza Chaídez, en las que hace una defensa pública de la diputada. Carrizoza es un militante de obscura trayectoria que inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública por 10 años, luego de malos manejos como delegado de Sagarpa en Sinaloa, fue apoyado por su partido para obtener la candidatura que lo tiene en el Congreso local.
Como se aprecia, los filtros en el PAN fallaron y ahora en la antesala de las alianzas y de un año electoral, tardíamente buscar reparar una falta que inició en 2013 cuando dejaron pasar a la novata aspirante a diputada y después en abril y julio de 2015 que pecaron de omisión, ante las pruebas evidentes de que su legisladora había visitado al líder del Cártel de Sinaloa en el penal del Altiplano. Un circo que fue creciendo y que hoy los tiene en la picota.
