Tras descubrirse una posible red de lenones en los reclusorios femeniles de Santa Martha Acatitla y el de Tepepan, del GDF, que obliga a las reclusas prostituirse en los penales varoniles, la Comisión de Equidad y Género de la ALDF, decidió realizar visitas a esos centros de readaptación social para constatar que los servicios de salud que reciben sean los óptimos y verificar que no se violenten o hayan violentado los derechos humanos de las reclusas.
A nombre de la Comisión, su Presidenta, Diputada Beatriz Rojas Martínez, aseguró que de comprobarse la practica de lenocinio en las cárceles para mujeres se castigará severamente a quienes la fomenten, la oculten u omitan. Al respecto, precisó que solicitó al Presidente de la CDHDF, Luis Plascencia Gutiérrez, los expedientes de las internas que denunciaron la práctica de prostitución al interior de las instalaciones penitenciarias..
Quién dará una visión total y oficial de esta lamentable situación, insistió, es la Titular del Sistema de Cárceles del GDF, Celina Oseguera, quien fue citada a la ALDF para conocer de primera voz la realidad de la denuncia. “Se supone que los reclusorios son centros de readaptación, pero tal vez las mujeres que purgan penas ahí, son muy vulnerables y están bajo presión”
Ante tal situación Rojas Martínez formuló una invitación al titular de la CDHDF para que diputados de la Comisión de Equidad y Género de la Asamblea y visitadores de Derechos Humanos realicen un recorrido por esas instalaciones para conocer “in situ” las condiciones en que viven las reclusas, pero sobre todo constatar – en lo posible- que la denuncia por lenocinio sea verídica y actuar en consecuencia.
No descartó la diputada perredista solicitar a la autoridad competente investigar a los funcionarios de los reclusorios porque las mujeres están siendo vigiladas por los mismos custodios, los mismos funcionarios y si se comprueba que existen culpables “tenemos que garantizar que se castiguen”.
Finalmente señaló que la Comisión está preocupada y ocupada en atender los aspectos de salud de las internas, ya que se comprobó que dentro de los reclusorios desconocen los servicios a que tienen derecho, especialmente las embarazadas y saber en qué condiciones darán a luz.
