No importa si la Constitución nacional le garantiza a los ciudadanos respeto a sus posesiones, documentos y vida personal; “…nadie puede ser molestado –dice el artículo 16–, en su familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento…”
No importa.
La realidad, al menos en la ciudad de México, es muy distinta. Aquí la autoridad puede confiscar, así sea temporalmente, un automóvil y el ciudadano burlado en sus derechos constitucionales, debe peregrinar en busca del vehículo hasta hallarlo –maltrecho a veces–, en un «corralón” donde debe pagar una cifra muy alta para recuperar su propiedad.
El método de arrastre sin información del sitio hacia el cual se lleva un automóvil ajeno, es absolutamente contrario al respeto a los derechos de las personas. Se trata de un despojo (así sea por poco tiempo y con base en un reglamento, a todas vistas anticonstitucional) frente al cual no hay apelación posible., ni defensa imaginable.
Pero si uno se pusiera a considerar los motivos de tan desconsiderada forma de actuar contra el ciudadano, por el hecho simple de estacionar su vehículo en zona restringida o francamente prohibida, hallaría la verdadera razón de tan abusivo comportamiento de la autoridad: meterle dinero a las finanzas públicas así sea mediante el discutible recurso de “privatizar” (o concesionar a particulares), el desplazamiento de los autos.
Detrás de es negocio hay otro: uno para los concesionarios; otro para la hacienda pública cuyas arcas se ven beneficiadas anualmente con más de 200 millones de pesos por multas inconsultas.
La forma como se aplica la multa por mal estacionamiento (como si hubiera espacios destinados a tal fin) es absolutamente absurda: se cobra el arrastre y el uso del espacio el “campo de concentración”. Una modalidad del “derecho de piso”.
Pero los absurdos no terminan ahí: para comprobar la limpieza del procedimiento, los operadores de las grúas deben grabar sus “levantones”, no como una forma de probar la derechura de sus actos sino para probar cómo cumplen con la cuota diaria de arrastres, sin espacio para arreglos laterales.
Esta situación obliga a reconsiderar dos cosas: el problema de la movilidad (como le llaman ahora al tránsito) y el correlativo: la inmovilidad; es decir, el estacionamiento cuyo control se ha querido hacer por medio de parquímetros, entre otras cosas.
La superficie de la ciudad no es expandible ni negociable: no hay más. Pero la cantidad de vehículos crece y crece mientras las medidas restrictivas se hacen guangas y flojas cada vez más, gracias (como en el caso de la mariguana) la aplicación de amparos para meter en circulación a los autos cuya vejez los hacía inviables.
Pero dos son los programas de urgente revisión en la ciudad. Uno, el “No circula”; cuya laxitud ya lo hace inoperante. El otro, el del estacionamiento en la vida pública.
Si no se desarrolla un programa formal y bien planeado, las calles se seguirán atascando de autos inmóviles en perjuicio de la circulación. Y en cuanto hace al “No circula”, debe replantearse no como un plan contra la contaminación ambiental sino en contra de la saturación vehicular:
La solución es simple pero inaplicable, por lo tanto no es una solución verdadera: parar los pares y los nones en días alternados. Así se quedar millons s dde autos cada des y los nones ¡una vez a soluci calles se segiirv apliccierido hacer por medio de parquuytamente a ían quietos millones de autos cada día.
Unos los lunes, miércoles y viernes y otros martes jueves y sábados. La revolución se esperaría para el domingo.
Y en cuanto hace al desplazamiento de vehículos pesados, estos podrían circular únicamente entre las doce de la noche y las cinco de la mañana. A esa hora se deberían hacer los repartos de mercancías.
Pero nadie va a aceptar. Por eso seguiremos como estamos, con programas parchados, con avisos cotidianos, con autos indebidamente confiscados hasta el día cuando la liga se reviente. Y no falta mucho.
SILVANO
Poco a poco la realidad vence al discurso: Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán ya se dio cuenta, no es lo mismo gobernar a practicar el bla, bla, bla.
