Fin de semana con Rafael Cardona
En septiembre de 1998 Ernesto Zedillo — en cuyo cuarto informe de Gobierno no hubo ninguna reflexión profunda sobre el crimen de medio centenar de indígenas desarmados en Acteal, Chiapas–, lanzó estas palabras al viento:
“Los mexicanos rechazamos el autoritarismo porque depende de la fuerza, soslaya la ley y no rinde cuentas a nadie. Rechazamos el autoritarismo porque coarta las libertades, suprime el debate, reprime las diferencias. Los mexicanos de hoy rechazamos el autoritarismo porque es intolerante y se impone por la violencia; porque actúa sin control y sin medida”.
Con motivo de la matanza EZ cesó a Emilio Chuayffet a quien había entronizado en el Palacio Nacional casi como su heredero y también echó al gobernador Julio César Ruiz Ferro, un pobre diablo sin talento ni criterio.
En aquel tiempo cincuenta muertes causaban al menos la remoción del responsable de la seguridad interior y el gobernador de un estado. Hoy ese múltiple homicidio (como el actual de la guardería de Sonora) se ventilaen la Suprema Corte de Justicia donde se comprueban las sospechas de entonces: la fabricación de pruebas, el perdón de los culpables y el castigo de los inocentes.
Dentro de once años, quizá, podremos saber a quien se le adjudicaron los papeles de expiación en el infanticidio de Sonora. O no, pues la actitud esquiva del calderonismo en torno de Hermosillo, sugiere la peor de las apuestas: dejar correr el tiempo para diluir la verdad en el olvido, el disimulo y la apariencia.
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Después de aquellos hechos la Secretaría de Gobernación generó un histórico boletín de prensa (23.XII) en el cual decía esta maravilla:
“El Gobierno Federal no tuvo participación alguna en el infame crimen del día 22 de diciembre pasado en la comunidad de Acteal… Las investigaciones que realiza la Procuraduría General de la República han dado ya resultados y se llevarán hasta sus últimas consecuencias, no habrá impunidad para nadie”.
También en el caso de Hermosillo se nos ha prometido investigar hasta el fondo y castigar con justicia y presteza a los responsables de los hechos, sin consideración ni de rangos ni de apellidos. Eso nos dijo el
Presidente Calderón, pero nada ha sucedido hasta ahora.
Hoy, cuando confirmamos cómo fueron inventados lo culpables en el caso de Acteal; fabricadas las pruebas y sepultadas junto con los muertos las aspiraciones de justicia y decencia nacionales, nadie –como tampoco en aquel primero de septiembre–, podría creer sus mentiras.
“La democracia implica –dijo Zedillo como parte de su recetario de simulación política–, una opinión pública fuerte. Implica una atención permanente de la ciudadanía y un mayor escrutinio sobre los asuntos públicos”.
La matanza ocurrió de acuerdo con las sospechas mejor fundadas como consecuencia directa de la tolerancia interesada hacia grupos paramilitares cuya finalidad –entre otras, además de perpetuar los poderes caciquiles de un estado de caciques–, era frenar la expansión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional sin distinguir entre simpatizante o militante; entre indígena o guerrillero.
Se aplicó de golpe, brutalmente, la doctrina de George Custer: el mejor indio es el indio muerto.
En su momento el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas hizo una amplísima investigación en cuyas conclusiones destacan estos datos ahora confirmados por la Corte:
“…los responsables de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias permanecen con mucha frecuencia en la impunidad.
El Gobierno de México ha faltado en sus compromisos internacionales en relación con la protección de los derechos humanos; no ha cumplido sus obligaciones de garantizar a todos los ciudadanos el respeto a sus derechos fundamentales, ni el derecho de acudir, en condiciones de igualdad, a un sistema de impartición de justicia eficiente e imparcial.
“La existencia de grupos paramilitares (como definición política; no legal) y la impunidad con la que actúan, son una parte importante de la estrategia contrainsurgente del Gobierno mexicano. Son una de las principales fuentes de violencia y de violaciones a los derechos humanos en Chiapas….
“… Las condiciones para una investigación objetiva, transparente e imparcial de los crímenes cometidos por grupos paramilitares no están presentes, debido a la susodicha relación directa entre los grupos paramilitares con diversas autoridades y con la fuerza pública…. El sistema de impartición de justicia además de estar corrompido y ser discriminatorio, es utilizado como una herramienta más para atacar a los grupos de indígenas y campesinos de oposición; su parcialidad es inocultable.
“Chenalhó es un reflejo de la crisis de instituciones y de ingobernabilidad simulada (real en algunos casos) que vive Chiapas; un conflicto al cual ninguna autoridad siente tener competencia para intervenir. Aquellas autoridades estatales y federales que intervienen, lo hacen para administrar y alargar un conflicto social y político, cuyos factores producen la descomposición y crisis de legitimidad en las fuentes de gobierno”.
Cuando finalmente la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó conocer sobre un nuevo amparo (atrajo tres asuntos que involucran a 24 sentenciados) lo hizo bajo la consideración de un interés superlativo y la trascendencia de los hechos aun a pesar del tiempo transcurrido o quizá por eso mismo.
Los ministros consideraron que el asunto reviste un “interés superlativo” debido a la afectación o alteración de valores sociales y políticos; de convivencia, bienestar o estabilidad del Estado vinculados con la impartición de justicia.
El dictamen elaborado por la ministra Olga Sánchez Cordero (cuyo desahogo permite ahora comprobar la injusticia) considera el caso de interés nacional, pues los hechos han sido calificados como un “crimen de lesa humanidad” por sus componentes de alevosía, crueldad y afán de exterminio.
La ministra Olga Sánchez Cordero señaló: “tendremos la posibilidad de fijar el valor de aquellas pruebas cuya obtención puede estar relacionada con haberse practicado sin las formalidades legales establecidas para ese
fin y una posible violación, con ello, de derechos fundamentales de las personas que están implicadas en estos asuntos”.
En otras palabras, la Corte siempre quiso probar la fabricación de pruebas, paso previo para la prisión de inocentes.
Ahora, después de revisar 57 expedientes de otros tantos acusados, la Corte ha determinado sin vacilaciones la inocencia de por lo menos 40 personas a quienes se ha privado de su libertad, en espantosas condiciones de inhumanidad carcelaria, durante 11 años por los delitos agravados de ser monolingües, indios, pobres y débiles.
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El historiador Héctor Aguilar Camín ha dicho en un extenso texto de diciembre de 2008 en el cual pide volver a Acteal:
“… La justicia ha sido injusta en todas direcciones en el caso de Acteal. Recibe por ello reclamos de todas las partes. Hay que regresar a Acteal. La historia judicial y la historia a secas de la matanza deben ser rehechas si se quiere conocer la verdad y castigar a los culpables. La matanza de Acteal es una afrenta en la memoria moral de México. Lo menos que puede pedirse es una indagación completa, una recreación puntual de lo sucedido.
“Creo que un primer paso hacia la verdad sería que la Suprema Corte de Justicia iniciara una revisión del caso en todas sus fases para aclarar las zonas oscuras…. El poder judicial mexicano le debe una reparación al país por el desempeño de los poderes del Estado en Acteal; una reparación que incluye a los deudos y las víctimas de la matanza, a las comunidades indígenas de Chiapas, a la justicia procesal y a la justicia a secas”.
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La costa mexicana del Pacífico es una de las más hermosas del mundo. Su orografía de cerros de bruces sobre las bahías, entre ellas la más grande, la de Banderas (Jalisco-Nayarit), genera apetito inmobiliario para el turismo internacional, en un largo arco desde Oaxaca hasta Sonora.
Pero no todo se hace de acuerdo con la lógica y la ecología. La depredación y el agravio ecológico son parte dominante de la expansión constructora en perjuicio de las zonas protegidas o de necesaria protección cuando menos. Esta es una de las muchas historias de autoridades omisas, cómplices y depredadoras.
En un lugar llamado Santa Cruz de Huanacaxtle, un pueblo típico como quizá lo era Puerto Vallarta hace años, antes de “La noche de la iguana”; el americano Jon Shirley, considerado entre los 150 empresarios más influyentes del mundo, ex vicepresidente mundial de Microsoft, entre otras cosas; decidió hacer una casa en una colina con paisaje de playa.
Diez millones de dólares después, mientras sorbía un coco en la terraza, una empresa local decidió hacer junto a su lujoso retiro un conjunto de torres residenciales estilo Tlatelolco-Infonavit. Además de perjudicar el entorno con edificios fuera de la norma, los constructores dañaron la estructura de su casa debido a la falta de respeto por las colindancias y la excesiva carga de los nuevos inmuebles.
Jon Shirley contrató al despacho Coufal Abogados para defenderse del atropello. Los abogados, en los primeros meses de este año, presentaron diversas denuncias y recursos de revisión para anular las autorizaciones expedidas por Semarnat sin considerar el impacto ambiental y el uso autorizado de suelo; demandaron la suspensión y la demolición inmediata de las obras. Pero nadie ni allí ni en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente les hizo caso.
Acudieron a la Procuraduría General de Justicia del estado de Nayarit, y el siete de junio lograron la clausura y el aseguramiento de las obras junto con la suspensión de las licencias de construcción según consta en el acta de hechos elaborada por la agente del Ministerio Público, Elvia Ludmila Heredia Verdugo, encargada de ejecutar el mandato judicial.
Pero unas cuantas horas después y por órdenes del gobernador de Nayarit, Ney González Sánchez, trabajadores de la constructora removieron los sellos de clausura y “rescataron” el inmueble. Como dijo un clásico, “dale pa´tras papá…”
Por su parte, la Semarnat, a cargo de Rafael Elvira Quesada, a casi 7 meses de haber recibido los recursos legales interpuestos por Coufal Abogados, emitió un Acuerdo con fecha 17 de julio, para registrar dichos recursos de revisión, lo cual sirve para untarlo al queso. Se registran pero no se atienden.
Pero Shirley no se da fácilmente por vencido: amparado en los acuerdos ambientales firmados en el marco del TLC entre Canadá, Estados Unidos y México se dispone a convertir esto en un elemento de propaganda en contra del turismo y la inversión en México. Relaciones no le faltan y quizá tampoco recursos.
El abogado Eric Coufal Díaz, cabeza del buffet jurídico acusa a las mafias de “desarrolladores” de estar “acapulquizando” las costas de Nayarit, denuncia el abogado, y acusa de complicidad a los titulares de Semarnat y Profepa, Rafael Elvira Quesada y Patricio Patrón Laviada, quienes por lo visto tienen mejores cosas en la mente.
La propaganda negativa del señor Shirley puede ser tan dañina como las visas para ir al Canadá o la fama de los mexicanos en torno de la influenza.
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Cuando Víctor Raúl Haya de la Torre ganó por fin la presidencia del Perú en 1962, bajo las siglas del partido fundado en México en 1924, un golpe de estado frustró sus intenciones y llegó al poder Fernando Belaúnde Terry.
Por eso el pobre de Manuel Zelaya el depuesto hondureño cuya gira continental no le servirá para nada pues quizá sin saberlo afianza en el tiempo a los golpistas, ha invocado a Haya de la Torre a quien por extensión compara con AMLO por alguna de esas cosas cercanas a la ilusión del mando, como proclamarse presidente legítimo o “Delegado Juanito”, lo cual es casi como decir, “Delegado patito”.
. “Mejor sentirse presidente que ser presidente” repitió Mel en una metida de pezuña imperdonable después de los (inmerecidos) honores dispuestos hacia su imaginaria investidura por Felipe Calderón cuya política exterior hoy será puesta a prueba cuando se reúna con Barack Obama y el premier canadiense Stephen Harper.
Con ellos las cosas sí son en serio. Los canadienses son dueños de la minería mexicana; los gringos, de todo lo demás.
