Aunque el gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, pidió a los medios de comunicación “no sobredimensionar el problema de inseguridad que hay en un solo municipio del estado”, la situación en Chilapa es de código rojo y la violencia se recrudece y expande cada día.
Los habitantes del municipio viven desde el pasado fin de semana en un estado de sitio. Trescientos presuntos policías comunitarios, gente al servicio de Los Ardillos, controla el pueblo, mientras las autoridades sólo observan y callan. “No son comunitarios”, afirman algunos vecinos, quienes aseguran que estas personas trabajan para este cártel.
La disputa entre las principales bandas criminales de la entidad: Los Ardillos y Los Rojos, es por el control geográfico y político del corredor que conforman este municipio con Iguala y Cocula para el trasiego de drogas, hacia el Estado de México y Puebla.
Su estratégica ubicación con acceso a la zona de la montaña (Chilapa) y la sierra (Iguala y Cocula) ha convertido a la región, desde hace años, en el escenario de una encarnizada guerra que cobra cientos de vidas ante el azoro y complicidad de las autoridades locales y estatales, que se hacen de la vista gorda o piden “no sobredimensionar” el conflicto.
La siembra de amapola y mariguana en diversos municipios es un secreto a voces en la entidad. Su calidad trasciende fronteras y es conocida como “golden”. Los habitantes bautizaron al corredor: Chilapa-Chilpancingo-Cocula como “los caminos de la droga”. Una ruta de la que muchos se benefician, ya que dicen es más rentable la cosecha de enervantes que la de maíz.
Incluso, presumen la tecnificación de los campos de cultivo de amapola donde los representantes del narco capacitan a los campesinos, sobre todo mujeres y niños para la obtención de la goma de opio, así como la rotación de la siembra para la conservación del suelo. “Aquí no hay improvisados”, aseguran y confirman que la autoridad sabe de sus actividades.
En la cuna del Pozole, (Chilapa) la pelea pasó del control de la producción, rutas o plazas de distribución de drogas, a la disputa por el control del poder político de los municipios y la entidad. Para muestra la presidencia del Congreso de Guerrero, en manos del perredista Bernardo Ortega Jiménez, hijo del fundador de Los Ardillos, que pretenden desplazar a la banda de Los Rojos, de sus territorios.
¿Hasta cuándo la permisividad para estos grupos delincuenciales enquistados en el poder? Los poderes fácticos, cárteles del narcotráfico, maestros, policías comunitarios, guerrilla y los que surjan, han destruido el estado de derecho en Guerrero. Lamentablemente no es una exageración, es la triste realidad, que alguien le informe al gobernador Rogelio Ortega,
Vericuentos
Clamor por la paz
Diversas expresiones se registran en el país para exigir la recuperación de la paz social, entre ellas la marcha ciudadana en Jalisco y el apoyo de organizaciones no gubernamentales y senadores priistas a las Fuerzas Armadas. Emilio Gamboa, coordinador tricolor, reconoció el valor de militares y policías en el combate contra el crimen y convocó a toda la sociedad a enfrentar el fenómeno de la inseguridad desde distintos ángulos, pues nos merecemos un México mejor.
Mancera, regreso al origen
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, le cambia el rostro a la selva de asfalto. Inauguró el primer huerto urbano en Iztacalco, el más grande en el DF, con una extensión de mil 800 metros cuadrados y una producción de 30 toneladas de alimento al año. En alianza con la Universidad de Chapingo, Mancera busca hacer conciencia sobre la conservación de áreas verdes, sobre todo de siembra, a fin de garantizar la producción de alimentos, ya que dijo para el 2040, el 80 por ciento de la población mundial va a estar en las ciudades y “eso es bonito, pero no sólo se vive de amor, también se necesita comer y para eso son los huertos urbanos”. Así que con el tiempo y un ganchito…
¿Ahorradores de primera y de segunda?
Con cautela se debe revisar la denominada Ley Ficrea, que se fue a la congeladora, en riesgo está el futuro de los 6, 800 ahorradores defraudados por esta Sofipo, pero también otras 20 mil víctimas de cajas de ahorro en Oaxaca y Guerrero. La pausa será aprovechada por el senador perredista Benjamín Robles, que buscará convencer a sus pares de modificar la minuta para beneficiar a todos los afectados y evitar discriminaciones de tipo social y monetario para quienes llevan años de reclamo sin resultados.