Cuando pensábamos que en el caso Ayotzinapa, habíamos visto y escuchado casi todo, se dio a conocer la petición de los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos, al líder de Los Rojos, Santiago Mazari Hernández, alias El Carrete, para que les ayude a encontrar a sus hijos, “porque este mal gobierno no ha sido serio con nosotros, al contrario, nos ha lastimado con sus mentiras”, afirman los afectados.

Vaya paradoja, los padres buscan como intermediarios a los presuntos corresponsables de la tragedia del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero. No hay que olvidar que el origen de la balacera fue la infiltración de algunos integrantes de Los Rojos en el autobús donde viajaban los estudiantes que ingresaron al territorio controlado por Guerreros Unidos y el perredista José Luis Abarca.

A decir de especialistas en seguridad, su petición confirma la sospecha de los nexos de la Normal Rural de Ayotzinapa y su Director, José Luis Hernández Rivera, con el grupo de Los Rojos. Por cierto, hasta ahora, no ha declarado éste funcionario al que la PGR bajo el mando de Jesús Murillo, le turnó invitación, que no citatorio, para exponer sus argumentos y aclarar las relaciones y militancia de ambas organizaciones.

Las coincidencias de este singular exhorto, están ligadas al entorno político y social de Guerrero, donde predomina la ausencia del Estado de Derecho y los padres de los normalistas confían más en los poderes fácticos que en la investigación y procuración de justicia de los gobiernos local y federal.

Un escenario lamentable, en pleno proceso electoral, donde la vigencia interminable de los poderes fácticos o reales en Guerrero se impone a los poderes formales, disminuyendo sus facultades jurídicas y constitucionales. Relegando a sus autoridades a un deplorable papel decorativo que en ocasiones raya en la caricatura.

No se cuestiona el derecho y necesidad de los padres de familia de buscar a sus hijos, el llamado de auxilio al Carrete, podría considerarse, incluso, como un acto de desesperación. Lo que está en tela de juicio es la estrategia política que se armó en torno de ellos, los muertos y sus familias, para la supervivencia y avaricia de los vivales que bajo el membrete de la desaparición forzada justifican la vigencia de la protesta y la movilización política.

Ahí están: Felipe de la Cruz, que aprovechó el desconcierto de los afectados y se autonombró vocero del movimiento, radica en Acapulco, tiene plaza de maestro afiliado a la Ceteg, cobra sin adscripción alguna y es aviador desde hace seis meses. Recientemente uno de sus hijos fue detenido en Ometepec, a bordo de una camioneta pick up, robada al gobierno del estado. También Vidulfo Rosales, abogado de la causa, dicen sus cercanos que desde que estaba en el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, esperaba un caso como estos, con exposición mediática y muuuchos viajes.

De modo que, si se consideran estos elementos, estamos ante un absurdo que puede empoderar a la anarquía con que se rigen algunos municipios guerrerenses. No hay que perder de vista la historia y comportamiento de académicos y alumnos de Ayotzinapa, ligados de manera permanente a los movimientos sociales y la guerrilla.

Un factor más a ponderar es la división que se registra entre los padres de familia, nos cuentan que ya no funciona como un grupo compacto que se movía por toda la república y frecuentemente hacia el DF; aseguran que la falta de “financiamiento”, producto del bloqueo a la Autopista del Sol y la caseta de Chilpancingo, así como de los saqueos y la ordeña a camiones, impactó su frenética actividad.

Así las cosas en Guerrero, inmerso en un proceso electoral, donde se ha diluido la institucionalidad y los ciudadanos reclaman algo más que un discurso redentor de la democracia y la legalidad. Exigen el fin de la anarquía, ya le contaremos en la próxima entrega.

Vericuentos

Martes 7, día “D”

 

Llegó la hora de las definiciones para aprobar el Sistema Nacional Anticorrupción (SAE) y la Ley General de Transparencia y de Información Pública. Los coordinadores de los partidos representados en las Cámaras de senadores y diputados se reunirán hoy a puerta cerrada para negociar sus respectivos encargos legislativos. Ayer, Fernando Herrera, líder de la bancada panista en el Senado, exhortó a sus compañeros a votar sin cambios el SAE y no dejar pasar la oportunidad de combatir este flagelo. ¿Luis Miguel Barbosa, suavizará su postura y podrá alinear a su dividido grupo?

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@guillegomora

 

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