Ayer se publicó la llegada a México de un grupo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA) cuya labor será poner luz donde haya sombra e indagar de una vez por todas cómo fue la desaparición (en todos sentidos) de los estudiantes secuestrados en Iguala.
Los notables “expertos” (a este país nada más vienen expertos en cualquier cosa, ya sean forenses argentinos o entrenadores de futbol) provienen de varios países y tienen en sus respetivos palmarés, notables hazañas a favor de los DH.
Por ejemplo, uno de ellos, el señor Carlos Beristaín de España coordinó el Informe sobre la Recuperación de la Memoria Histórica en Guatemala; apoyó la las Brigadas Internacionales (¿?) de Paz y asesoró a los gobierno de Perú y Paraguay. No se sabe por que su proclividad a lo hispanoamericano si hubiera podido ayudar en la reconciliación de España tras la difusa memoria de la Guerra Civil, pero le quedó cerca el Paraguay y muy lejos el Valle de los Caídos. En fin.
No menos impresionante es la historia de la señora Claudia Paz y Paz quien fue la primera fiscal guatemalteca y logró el juicio de Efraín Ríos Montt, lo cual no es poca cosa, como tampoco resulta asunto menor (como diría la voz radiofónica) el trabajo del chileno Francisco Cox quien intervino en el caso Pinochet. Los otros dos expertos son María Ángela Buitrago y Alejandro Valencia Villa colombianos estos dos últimos, con notables intervenciones en asuntos de paramilitarismo y reconciliación nacional.
Su misión como “coadyuvantes” de la Procuraduría General de la República consistirá en todo menos en coadyuvar, verbo este cuyo significado ahora se torna un tanto impreciso. Significa: “contribuir, asistir o ayudar” y ellos no harán ninguna de estas tres cosas. La misión de la CIDH viene a supervisar, determinar, orientar, acusar y encajonar al gobierno en un callejón sin salida.
Por eso desde hora podemos aventurar el sentido de su informe: la sistemática violación en este país de las garantías fundamentales y el caso Iguala como ejemplo absoluto.
Para decir eso, más o menos como este iletrado redactor lo afirma (en un semestre veremos), se van a tardar seis meses y se van a gastar un millón de dólares. Necesitan probar la importancia de su intervención. No van a decir, todo estaba bien y nosotros salimos sobrando. De ninguna manera. Sin ellos no habrá verdad, ni camino en un asunto ya juzgado.
Su papel y la naturaleza de su encomienda y su especialidad, como sucede con los forenses de la Guerra Sucia argentina, me llevó a recordar algunos capítulos de la “Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en México» del chileno José Toribio Medina, escrita en 1905.
Narra Toribio Medina la historia de Simón de Santiago (1593) a quien acusaban de calvinista. Cambie usted el sujeto, el hereje por el gobierno.
“…Y viendo la ceguera en que estaba, vinieron por cuatro veces personas doctas y religiosas que con sancto (sic) celo le enseñaron lo que debía tener y creer, y no habido sido posible poderlo reducir, se concluyó su causa definitivamente, con asistencia de su letrado y de un intérprete del Sancto (sic) Oficio, de quien se tiene mucha satisfacción, fue relajado en persona a la justicia y brazo seglar como hereje calvino pertinaz, con confiscación de bienes. Dejóse quemar vivo…”
Y si algo falta pues ahí llegó ya también Christopher Sträser, delegado del gobierno alemán para los Derechos Humanos.
