Varias circunstancias relacionadas con el omnipresente y ubicuo tema nacional, la violencia asociada al narcotráfico, llamaron la atención en los días finales de la semana pasada no solo por los barruntos de cambio, sino por la imprecisión de las definiciones finales.
La indefinible actuación del Ejército en las labores de sofocación de sus actividades y el anuncio del gobierno de Estados Unidos sobre quien manda en Ciudad Juárez; los calificativos de cosa menor dirigidos al narcotráfico y la urgencia de darle a las Fuerzas Armadas el marco jurídico por el cual tanto han clamado, nos llevan a un punto extraño. El sí y el no al mismo tiempo. Yo la llamaría, y después lo explicaré, una política papal.
Para comenzar el análisis de esos componentes debemos referirnos primero a la declaración tronante de la tonante y jupiterina Janet Napolitano, quien como aperitivo de la reunión cumbre México Estados Unidos en materia de seguridad (marzo 2010), le restregó a los mexicanos la poca utilidad de su Ejército en los afanes de control de la violencia al menos en Ciudad Juárez.
Eso lo dijo la jefa de la seguridad nacional de Estados Unidos el 15 de marzo. No ha pasado ni siquiera un mes del palmetazo gringo y aquí ya buscamos todo tipo de fórmulas retóricas para explicar cómo sacamos a los militares del problema pero los dejamos adentro del problema y del territorio.
El 30 de marzo la Secretaría de Gobernación explicó la nueva etapa del operativo (meter más de 4 mil policías federales a Ciudad Juárez), la cual coincide con la terminación del “Convenio de Colaboración” del Ejército con el municipio de ese lugar. En esta fase –dicen– los militares permanecerán para coadyuvar «de manera decidida y determinante» con las autoridades civiles en el combate a la criminalidad, sin carga económica para las autoridades locales.
«El personal militar permanece en ese municipio realizando sus funciones en el marco de sus obligaciones constitucionales de preservar la Seguridad Interior del País.
«Como parte de la estrategia integral instrumentada en Ciudad Juárez, las fuerzas castrenses, a petición del gobierno de Chihuahua, han apoyado de manera subsidiaria y decidida a las fuerzas de seguridad pública locales para acotar las actividades ilícitas y la violencia generadas en la región».
En estas condiciones el Ejército es colocado en una posición digamos, pontifical; papal:
«Me voy, pero no me voy. Me voy, pero no me ausento, pues aunque me voy, de corazón me quedo», dijo en agosto del 2002 Juan Pablo II en su ultima visita a México. Nada más le faltó una casulla verde olivo.
Pero mientras las acciones del gobierno mexicano parecen obedecer a las disposiciones de control fronterizo tomadas en Estados Unidos, la oficina de la agencia Federal de Investigaciones (FBI) en El Paso, Texas, nos regala un diagnóstico revelador.
En Ciudad Juárez el mandón, se llama Joaquín Guzmán Loera. Después de una larga lucha con cinco mil muertos, “El Chapo” ha resultado vencedor en la lucha contra Vicente Carrillo Fuentes, lo cual lo coloca a un paso de ser el más importante traficante de drogas en el mundo.
Al menos así lo dice la señora Andrea Simmons quien trabaja como jefa de la oficina texana del FBI.
Dice doña Andrea, quien sabe de cuales artes asistida, cuán grande es ahora el poder de Don Joaquín quien controla su propio ejército: los “Artistas asesinos”, con lo cual el cártel de Sinaloa se pone a la cabeza en el control del narcotráfico en este país y por consecuencia como proveedor principal para los consumidores estadunidenses cuya imprecisa cifra los coloca en el orden de los 30 millones, “pacheco” más, “pacheco” menos.
Aquí vuelve a tomar importancia el encuentro publicado entre Julio Scherer y “El mayo” Zambada a través de cuyas pocas revelaciones se obtiene un dato abrumador:
“El Chapo” mantiene unificado su grupo con la fidelidad del “Mayo” y todo el equipo pesado de Sinaloa. Y eso no es poca cosa, sobre todo a la luz de las revelaciones de la señora Simmons.
Pero toda esta amplia digresión me obliga a volver al tema militar. El papel del Ejército en todo esto ya queda reconocido como una papa caliente.
De acuerdo con la información publicada tras las reuniones del secretario de la Defensa Nacional, el señor General Enrique Galván Galván, con diputados, algo queda muy en claro: la insistencia castrense en lograr un marco jurídico de certeza y justeza para seguir adelante con las labores encomendadas en la frontera de su naturaleza constitucional, y la diversidad de formas para explicar su actuación.
De acuerdo con los diarios del 8 de abril, el general Galván habría dicho: nos quedamos en la calle dos lustros más. Una década para la cual se necesita una legislación específica, especialmente en cuanto a cateos, irrupción en domicilios, fichaje de detenidos y control del proceso entero. Pero el anticipo de la década se da cuando los civiles anuncian el retiro. Aquí valdría una distinción, no son lo mismo retiro y retirada; distancia o ausencia.
Pero alguien en la Cámara de Diputados califica (la Jornada, 8 de abril) estas peticiones de nuevo marco jurídico solicitada s por los militares y avaladas por el Presidente de la República, como el reconocimiento legal de un estado de excepción.
Mientras tanto, el secretario de Gobernación, en una conferencia de prensa inmediatamente posterior a las declaraciones napolitanas del mes pasado, explicó el modelo. Se trata, dijo, de la reconstrucción institucional de los servicios de seguridad nacional y seguridad pública (no de la militarización del país) .
“… el modelo de la violencia en Juárez –dijo– ha cambiado a partir de la presencia de las Fuerzas Armadas, pasando de los convoyes totalmente aparentes (¿?) y que circulaban de manera impune, a un manejo distinto en cuanto a su operación, más atomizada y más discreta.
“Este tipo de fenómenos se combaten con nuevos esquemas de inteligencia y con nuevas habilidades y capacidades institucionales, más propias de las policías. Por eso, se ha ido fortaleciendo la presencia de los sistemas de Policía Federal en Juárez, a fin de responder con los instrumentos adecuados a ese tipo de fenómenos.
“Pero sin la presencia de las Fuerzas Armadas, sería difícil que hubiéramos podido hacer este ejercicio de reconstrucción institucional y sería difícil establecer la parte del control periférico en ciertas áreas que permitan que la policía puedan entrar a actuar con sus mecanismos de inteligencia y de neutralización de este tipo de organizaciones, sin un respaldo de fuerza suficiente que permita tener la potencia y la incidencia necesaria en este fenómeno.
“Claro que hay un desgaste. Primero, la autoridad está obligada a desgastarse (¿?) para proteger a los ciudadanos.
“Claro que el tiempo, el sacrificio y el costo que estamos pidiendo a las Fuerzas Armadas es enorme, pero nos obliga a acelerar el ejercicio de reconstrucción institucional en este país, a fin de que se fortalezca las capacidades federales, estatales y municipales en términos de seguridad”.
Posteriormente y por si todo este confuso conjunto de explicaciones y diagnósticos no fuera suficiente, el secretario de Gobernación calificó al narcotráfico como un “componente menor”. No en el tono de la “ridícula minoría” así definida en términos de conteo poblacional por su jefe, sino como desestimado elemento motriz de toda la demás delincuencia organizada.
“…ésta es una batalla por la seguridad de los mexicanos, no es un problema de narcotráfico, dijo Gómez Mont en una conferencia conjunta con Genaro García Luna (SPP) y el gobernador Eugenio Hernández de Tamaulipas.
“¿Cuántas veces hay que decirlo (de veras con ustedes; no entienden, parece decir)? : No es un problema de drogas; es un problema de que no estén secuestrando a la gente; que no estén extorsionando a los comerciantes, que no se estén matando en los centros urbanos. El narcotráfico sólo es un componente menor. Yo no me la tomo que sólo es un tema de narcotráfico”.
Obviamente eso contradice el discurso y la percepción de mucho tiempo. Los secuestros, asaltos, extorsiones y otros muchos delitos, son herramientas manejadas por el narcotráfico. Al menos eso se ha demostrado a lo largo de la historia reciente.
Por eso conviene acudir a las palabras presidenciales del pasado viernes en las cuales se urge al Congreso para la aprobación de la Ley de Seguridad Interna cuyo contenido deja claras las condiciones y atribuciones del Ejército en cuanto a la lucha contra el delito en cualquiera de sus expresiones.
Sin embargo, como es lógico, el Senado no podía quedar al margen de la discusión y con todo gusto su presidente colabora en la confusión:
“No se trata de regresar al Ejército a sus cuarteles para que nunca más salga de ellos, ni se ocupe jamás de ayudar en el combate al narcotráfico. Se trata de dar legalidad a su actuación, de establecer un procedimiento muy claro para que el presidente de la República pueda pedir la presencia de los militares en alguna región ante situaciones específicas de emergencia por afectación de la seguridad nacional.”
La explicación del senador Navarrete deja las cosas exactamente como están. “pedir la presencia de los militares en alguna región ante situaciones específicas de emergencia”, define lo de hoy. Eso ya se hace. El problema es cómo, por cuanto tiempo y con una clara definición de atribuciones y mandos.
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Como lo llaman en la jerga policiaca. Deberían revisar esta “línea” de investigación en el caso Paulette. ¿De quien es el departamento de arriba del de la familia Gebara-Farah? ¿De quien es el dinero? ¿Quién es el pobretón y quién la acaudalada?
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Noruegos, holandeses, británicos. Las casas reales y los gobiernos de Europa se disputan el lugar en las rojas alfombras de Los Pinos con un sólo interés: participar de la riqueza energética del subsuelo mexicano. De un tiempo a esta parte todos los visitantes son dueños de poderosas empresas petroleras. Y le repiten al gobierno mexicano el consejo-advertencia del príncipe de Holanda, Willem Alexander: Camarón que se duerme se lo lleva la chingada”.
Pobre patria anémica y crustácea.
