El Grupo Parlamentario del PAN en la ALDF informó que cuentan con la documentación suficiente para interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una acción de inconstitucionalidad contra las reformas al Código Fiscal del Distrito Federal, que establece el nivel socioeconómico de los usurarios del servicio de agua potable (tarifas diferenciadas) en la Ciudad de México.
Esta acción, dijo a nombre del grupo panista su Coordinadora, Diputada Mariana Gómez del Campo en 5 argumentos fundamentales que violaron la Constitución de la República:
1.- Violación a la seguridad jurídica de los usurarios, ya que clasificación por manzana que se realizó carece de los parámetros que determinan la categoría de las manzanas, Hay ausencia de cálculo y metodología para ubicar a cada ciudadano en su nivel económico y social.
2.- La reforma se convirtió en ley privativa, al cometer el error de clasificar las manzanas, en lo particular, como popular, baja, media o alta, considerando sus ingresos económicos y su situación geográfica, se violentó la regla de que toda ley debe ser general y abstracta. Al particularizar la tarifa, abundó Gómez del Campo, y no generalizar el pago correspondiente se convirtió en una ley privativa.
3.- Derecho humano al agua potable, según acuerdos y pactos internacionales, firmados por México, el agua además de un derecho humano debe tener un costo asequible, de modo que la tarifa permita recuperar su costo de suministro. Sin embargo la reforma de referencia no se enfoca al cobro por suministro, sino a tarifar el nivel socioeconómico del usuario, que convierte la acción en un impuesto y no en una tarifa como contraprestación por el servicio recibido.
4.- Reforma discriminatoria, La Carta Magna, argumentan los diputados panistas, dispone que la condición social no debe ser motivo discriminatorio, la reforma en consecuencia hace un distingo al cobrar la tarifa. El agua no puede cobrarse de acuerdo a quien tiene más o menos dinero, sino de acuerdo al consumo y el desperdicio. Y
5.- La reforma viola el principio de proporcionalidad tributaria. Para los legisladores del PAN en el recinto de Donceles y Allende, la violación se da porque el vital líquido debe cobrarse por consumo, ignorando el nivel social y económico del consumidor.
Al frente de sus diputados, la coordinadora parlamentaria informó que varios legisladores de todos los partidos (no quiso revelar sus nombres ni colores, hasta el momento preciso, dijo) apoyarán la inconstitucionalidad de la ley ante la Corte, porque la ciudadanía ha manifestado su inconformidad por la tarifa y por la clasificación social y de ingresos en que fueron ubicados.
