Brillante, sobrio y agudo, algo especialmente notable en los tiempos actuales cuando la intransigencia de algunos empaña el luto de muchos, Manlio Fabio Beltrones, coordinador de la bancada priista en la Cámara de los Diputados y multimencionado relevo fundamental en el maltrecho gabinete del presidente Peña, recibe la orden de la Legión de Honor de la República Francesa y desde esa notable distinción explica el momento actual.
Sólo para quien sepa leer:
“…El ciclo de reformas transformadoras que ha impulsado el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto —en mi país, y del que he sido partícipe en los años recientes desde la tribuna parlamentaria— tiene el firme propósito de consolidar el Estado mexicano. No tengo ninguna duda, la ruta es la correcta.
“Pero hay que volver la vista y atender la tríada de valores supremos que nos legó la modernidad democrática: la libertad, la igualdad y la fraternidad”.
“El puente entre las primeras, escribió Octavio Paz, es la fraternidad, la fraternidad que es común a las grandes corrientes de pensamiento finiseculares”.
Dijo, “en uno de sus extremos —cito al poeta— la libertad es singularidad y excepción; en el otro, es pluralidad y convivencia”.
“Por todo esto, aunque libertad y democracia —siguió diciendo— no son términos equivalentes, son complementarios: sin libertad, la democracia es despotismo, sin democracia, la libertad es quimera”.
“Es algo parecido —digo yo— al dilema constante que se le presenta a un buen gobierno: descubrir la fina línea, casi invisible, de encontrar el equilibrio entre el orden y la libertad”.
“Una sin la otra, termina lastimando a la sociedad y lo que es peor, en una democracia, el exceso de una sobre la otra, acaba con los derechos de todos. Eso, sólo lo puede resolver una buena política”.
“Por ello, por más contrastes que veamos aún entre la modernidad y el atraso, entre la opulencia y la pobreza extrema, no perdamos la perspectiva: es posible remediar y mejorar la situación con la voluntad inquebrantable de libertad y justicia del pueblo mexicano y la fraternidad de los países hermanos. Así lo haremos sin duda. Es nuestro deber”.
Estas palabras se pueden sintetizar, si se quiere, en dos posibilidades: o este país resuelve sus contradicciones por el camino de la legalidad (con la debida corrección de los excesos y fallas institucionales mediante la aplicación real de la justicia), o sucumbe dentro de ellas por la ruta de la anarquía. Hoy los mexicanos podemos optar (¿podemos?) entre dos posibilidades: reforzar las instituciones, hacerlas realmente operativas y funcionales, o mandarlas todas al diablo y dejar en sus manos el destino nacional entre el vandalismo, la anarquía y el desgobierno.
Cada quien hará su apuesta.
Esta disyuntiva no es materia nada más de discurso político ni de ceremonia protocolaria en el ámbito diplomático de una condecoración. Es posiblemente el tema central de los próximos meses y quizá años.
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Con motivo de los hechos recientes resulta notable la necesidad de una clara definición de cuáles son las atribuciones irrenunciables de los cuerpos policiacos en el uso legítimo de la fuerza. Hasta hoy los “protocolos” de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en este sentido, especialmente en lo relativo al control de multitudes, son insuficientes y negociables.
Basta un grito de cualquier ONG para descalificar cualquier acción de control y ubicarla en el amplio campo de la violación.
No es posible, por ejemplo, hablar de “brutalidad policiaca” en la contención de los manifestantes violentos del pasado jueves, cuyo afán de “tomar” el Palacio Nacional fue frenado –y bien—, por los granaderos.
En varios rumbos de la ciudad vimos cómo el vandalismo le prendía fuego a las botas de los policías mediante el uso de bombas incendiarias o cocteles Molotov. ¿No pueden ser considerados estos artefactos, sobre todo ante la evidencia de su destructiva capacidad, como “armas prohibidas”?
Su uso indiscriminado y tolerado hace nugatorio el contenido de este artículo de la ley de Armas de Fuego y Explosivos:
Artículo 36.- Queda prohibido a los particulares asistir armados a manifestaciones y celebraciones públicas, a asambleas deliberativas, a juntas en que se controviertan intereses, a cualquier reunión que, por sus fines, haga previsible la aparición de tendencias opuestas y, en general, a cualquier acto cuyos resultados puedan ser obtenidos por la amenaza o el uso de las armas; se exceptúan los desfiles y las reuniones con fines deportivos de charrería, tiro o cacería”.
Si alguien porta, ya no digamos si dispara un arma de fuego, cae sobre su cabeza todo el peso de la ley. Pero quien lanza botellas encendidas con ácido y gasolina, jamás sufre castigo alguno.
—¿Por qué?
Nadie lo sabe. Es la confusión entre Derechos Humanos y delincuencia al amparo de los derechos humanos.
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El Presidente de la República ha hecho una advertencia cuya raíz deberíamos analizar: Ha dicho: la sociedad está harta de la vulnerabilidad frente a la delincuencia.
Valga aquí una digresión: los hechos ocurridos en Iguala con los activistas de Ayotzinapa (estudiantes, pero activistas, como ahora se comprueba día con día) fueron cometidos por bandas delincuenciales asociadas con poderes establecidos, especialmente autoridades municipales de Guerrero, con la tolerancia o el disimulo del gobierno estatal y ante la imprevisión del gobierno federal.
Eso les da el matiz de violaciones graves a los Derechos Humanos, lo cual agrava la comisión de los delitos. De los graves delitos de homicidio, secuestro y todo lo demás.
Por eso se han generalizado aquí y fuera del país las protestas.
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Ahora, con el tema del conflicto de intereses en vigencia, valdría la pena analizar si Carlos Treviño, Director de Finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social, tiene o no relación accionaria con Víctor Vázquez Zarate, ex Director de los Servicios Médicos de Pemex y Sergio Martin, Director de Operaciones de la Empresa Croix-AIN, especializada en equipo médico y “servicios integrales de Salud”.
La empresa es proveedora de… adivinó usted. El IMSS.
rafael.cardona.sandoval@gmail.com
