La renuncia de Aguirre Rivero en modo alguno lo excluye de ser sancionado por sus omisiones ante la situación que trastocó el orden público en Guerrero, y en particular en el municipio de Iguala.
De pronto uno se da cuenta de cómo las ideas giran todas en torno del mismo asunto, del mismo tema. Ayotzinapa se ha convertido en una palabra cuya invocación engloba los casos de Iguala, las fosas clandestinas, los hallazgos macabros y los cambios políticos. También parece el resultado de un juicio.
Si por años la palabra Tlatelolco implicaba una acusación por el abuso del poder, en estos años por venir Ayotzinapa significará lo mismo, pero con un elemento agravante: la presencia del crimen organizado como el gran poder paralelo (suplementario) en la vida nacional.
Pronto habrá gritos callejeros: “Ayotzinapa no se olvida”, pero mientras el ambiente se despresuriza con la salida de Ángel Aguirre y la llegada del gobernador Rogelio Ortega, abiertamente izquierdista, surgido de la Universidad Autónoma de Guerrero, tenga este centro de estudios prestigio o desprestigio académico según la óptica e interés de cada quien.
Pero mientras los cambios producen los efectos deseados, ya se piensa en la creación de una “Comisión de la Verdad”, la cual debería llegar después del encuentro. ¿Cuál encuentro? El de los desaparecidos.
Después se debería conocer la verdad sobre su detención, secuestro y destino posterior, sea éste cual sea. Hoy lo primero es hallar a los 43 desaparecidos. Después se verá todo lo demás.
De nada sirve ahora indagar en el vacío. Primero el hallazgo, después la investigación.
En ese sentido, vale la pena reflexionar sobre este pronunciamiento del diputado Rafael Huerta Ladrón de Guevara (PT), secretario de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, en torno de la salida política del gobernador Aguirre:
“La licencia presentada por el ahora ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, derivada por los hechos que originaron la desaparición de 43 estudiantes normalistas de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos, y en cuyos sucesos también resultaron 6 muertos y 25 lesionados, no lo exime de ser sujeto de juicio político por parte del Congreso de la Unión.
“El secretario de la Comisión de Gobernación destacó que en paralelo a las protestas sociales y de familiares que se han presentado en México y a nivel mundial por la exigencia de que aparezcan vivos los 43 jóvenes normalistas, la renuncia de Aguirre Rivero en modo alguno lo excluye de ser sancionado por sus omisiones ante la situación que trastocó el orden público en Guerrero, y en particular en el municipio de Iguala…”.
En este sentido, cuando esta columna dijo: no se tienen en estos delitos los cuerpos de los mismos, es decir, no se tiene evidencia física de los desaparecidos, un espontáneo jurista envió al Cristalazo esta reflexión:
“El cuerpo del delito se refiere al conjunto de hechos objetivos y subjetivos que constituyen el delito, le dan corporeidad y son independientes del dolo o intención de cometerlo.
Por ejemplo, debe existir el marco normativo del mismo, también el tiempo, modo, lugar y circunstancia del hecho delictivo deben ser probados, etcétera. En este caso, sabemos que se acredita el cuerpo del delito con independencia de que se encuentre o no a las víctimas.
“Si permanecen desaparecidas se habrá acreditado igualmente el cuerpo del delito”.
rafael.cardona.sandoval@gmail.com
