La lista, obviamente, es impresionante. Su significado más:
“Acapulco, Puebla, Toluca, Oaxaca, Campeche, Cancún, Querétaro, Pachuca, Veracruz, Morelia, Culiacán, Tijuana, San Luis Potosí, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Orizaba, Saltillo, Zihuatanejo, León, Mérida, Chihuahua y Tampico”.
–¿Tienen, además del idioma y quizá la religión; la nacionalidad y otras características nacionales, algo más en común todas esas ciudades gobernadas por distintos partidos, sometidas a diferentes tradiciones, en distintas latitudes? ¿Cuál factor ahora las pone juntas en esa lista cuyo simple recorrido cubre el mapa nacional?
Una sola cosa: la indignación. La real y la inducida.
Otros dirán la protesta, algunos más la expresión del descontento. Es lo mismo: son las ciudades a las cuales ya han llegado las aguas del tsunami. No el violento golpe de mar con el cual se caerían murallas y edificios; no, pero si ha llegado el maremoto de la opinión pública cuyo rumor puede convertirse en violenta marejada si no hay suficientes salidas y controles políticos.
En todas esas ciudades –además de la multitudinaria marcha en el DF, gigantesca y relativamente ordenada— hubo una sola petición, exigencia o reclamo, escoja usted: queremos vivos a los desaparecido a Ayotzinapa.
Hoy el grito de combate proferido hace ya mucho tiempo por Rosario Ibarra de Piedra y todo cuanto ella signifique en estas historias de hombres esfumados, se vuelve el estribillo preferido en plazas y calles. “Vivos se los llevaron; vivos los queremos”.
Pero mientras la cólera nacional se alza al punto de la ebullición, el gobierno da a conocer una conclusión importante: ya se tiene definidos los autores intelectuales y ya se tienen presos a varias decenas de asesinos, aun cuando no aparezcan ni vivos ni muertos, las víctimas materiales.
Así lo dio a conocer el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, en cuyo demacrado rostro de fatiga ya no hay espacio parea las ojeras:
“La Procuraduría General de la República señaló de probables responsables como autores intelectuales del ataque contra los normalistas de Ayotzinapa al ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, ambos prófugos. Asimismo se involucra a Felipe Flores, subjefe de la policía, César Nava González y El Gil.
“En conferencia, el procurador Jesús Murillo Karam, identificó a Pineda Villa como la principal operadora de Guerreros Unidos desde la alcaldía de esa ciudad.
“De acuerdo con las investigaciones de la PGR, el grupo de Guerreros Unidos tejió una red de complicidad en varias alcaldías, particularmente con personal de seguridad municipal. En el caso concreto de Iguala se dio una “extensa complicidad de Guerreros Unidos con la policía local.
Este grupo delictivo recibía del presidente municipal de 2 a 3 millones de pesos de manera regular, de los cuales cuando menos 600 mil -según declaran los propios operadores financieros- eran un complemento a la nómina de la policía local”.
“De igual manera se menciona que Guerreros Unidos decidía que algunos de sus miembros ingresaran como policía municipales”.
Pero a pesar de esa certeza la parte principal del rompecabezas no aparece: los desaparecidos, a quienes se le deben sumar ahora los evadidos.
Muchos dicen: los estudiantes ya están muertos. Otros opinan sobre un misterioso destino montañés, pero pronto sabremos (ojalá y sea de verdad pronto, pues la demora ahoga al gobierno federa), si además de los supuestamente asesinados de Ayotzinapa, no deberíamos sumar otros cuatro: el matrimonio Abarca-Pineda y los jefes policiacos Nava y Flores.
Los muertos, como se sabe, no hablan ni con quienes fueron sus cómplices dentro y fuera del gobierno. Lo veremos.
