“La PGR anunció a legisladores que ofrecerá ‘recompensas fuertes’ para encontrar a los policías municipales prófugos del caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero”.
La primera noticia en torno de este ígneo asunto apareció publicada en la revista Proceso bajo la firma de José Reveles. El sacerdote Alejandro Solalinde denunció el exterminio de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos desde el pasado septiembre, mediante la incineración. Lo dijo con base en las declaraciones de un testigo anónimo, pero conocido.
La gravedad de semejante revelación hizo correr la versión como (decían antes) reguero de pólvora. Tanto como para citar al presbítero en la Procuraduría General de la República. Casi simultáneamente se publicaba esta invitación:
“La PGR anunció a legisladores que ofrecerá ‘recompensas fuertes’ para encontrar a los policías municipales prófugos del caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero”.
“De acuerdo con Omar Fayad, presidente de la Comisión de Gobernación en el Senado, el procurador Jesús Murillo Karam también informó que la Interpol colabora con las autoridades federales, y les señaló que se reforzarán acciones en la zona limítrofe entre Guerrero, Morelos, Estado de México y Michoacán, identificada como foco rojo de violencia.
“Ayer, integrantes del gabinete de seguridad, encabezados por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se reunieron a puerta cerrada con senadores y diputados de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional para informar sobre avances del caso”.
Obviamente no es el caso ni el cura Solalinde se presentará en busca de la recompensa ofrecida, pero en la confusión y los palos de ciego cualquier información puede resultar reveladora e importante. Tanto como para solicitar hasta la intervención de la policía internacional, Interpol, la cual —suele ocurrir— sirve para untarla en el Camenbert.
“El mismo día que el procurador Jesús Murillo Karam anunció la detención del presunto líder del grupo criminal Guerreros Unidos (AP), que recibió a los normalistas de Ayotzinapa secuestrados, el padre Alejandro Solalinde dijo este viernes 17 de octubre que los estudiantes están muertos y que incluso algunos fueron quemados vivos, de acuerdo con el testimonio que recibió por parte de dos personas.
“Estaban heridos, y así como estaban heridos, los quemaron vivos, les pusieron diésel. Eso se va a saber. Dicen que hasta les pusieron madera, algunos de ellos estaban vivos, otros muertos”, dijo el sacerdote de 69 años a la agencia de noticias Nóvosti.
La información revelada por Solalinde, Premio Nacional de Derechos Humanos 2012 por su labor en defensa de los migrantes, está basada en testimonios de testigos.
“La primera información directa la tuve el domingo pasado. La segunda la tuve ayer, en la Ciudad de México. Lo primero que supe es que hay testigos, pero tienen miedo de hablar, son testigos de los mismos policías, detalló este viernes, de acuerdo con el reporte de la agencia de noticias (Novosti)”.
De acuerdo con esos datos, ampliamente divulgados posteriormente en un carrusel de entrevistas radiofónicas, el triste destino de los estudiantes es conocido por el gobierno, quien lo oculta con politiquero y oportunista fingimiento.
Quizá la parte menos sustentable de estas declaraciones, de las cuales conocerá el jueves de manera oficial la PGR, sea ésta. A quien menos le conviene mantener este asunto sin solución es al gobierno. Cada día pesa más en la losa de la incapacidad del Estado en un delito de lesa humanidad (la desaparición forzada) cuya naturaleza no conoce la prescripción.
¿Solalinde conoce la verdad, o también a él lo han engañado?
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