Quizá desde los tiempos del asesinato del “Rey Lopitos” (Alfredo López Cisneros), ese cacique entre lo grotesco y lo temible cuyos colonos poblaron hace ya medio siglo desde La Laja, el anfiteatro de la bahía más hermosa del mundo (cuando de veras era la bahía más hermosa del mundo y no el mugrerío perredista actual) no haya habido, proporcionalmente, una marcha tumultuaria del tamaño de esa cuya larga culebra de colores colmó la columna vertebral del puerto de Acapulco en el inicio del fin de la semana.
Ya del turismo, ni hablamos.
En la época de López Cisneros se trataba de conflictos de invasión de predios y asentamientos precaristas. Ahora la generaron todos los hilos del descontrol político, de la complicidad entre gobiernos y criminales.
Las marchas, las manifestaciones, los grupos movilizados no resuelven las cosas, especialmente cuando se trata de asuntos cuya solución ya no depende de la voluntad de nadie sino de factores fuera de control de todos, pero permiten medir la dimensión de la inconformidad.
El meollo de todo este grave problema cuya definición es simple, es la caótica desaparición de un grupo de personas, consiste en la imposibilidad de hallarle una solución satisfactoria.
–¿Cómo puede alguien simplemente desvanecerse en el aire? ¿Cómo podemos admitir la capacidad de la tierra para tragarse a medio centenar de estudiantes? Imposible.
Pero también resulta difícil verse cara a cara con todas las instituciones del Estado abocadas a encontrar a los estudiantes sin resultados hace ya tantos días, así se anuncien capturas y aprehensiones como la de Sidronio Casarrubias, líder de los Guerreros Unidos.
Cada día transcurrido sin los desaparecidos (vivos o muertos) es una pesa más en la balanza. Cada día hunde más la imagen del gobierno en su conjunto y si el impresentable Ángel Aguirre Rivero, gobernador colocado por la maniobra truculenta de las alianzas podridas (PRD, PAN) abandona el cargo –como podría ocurrir en días próximos– entonces los rayos reventarán más arriba, pues la expulsión del indiciado del palacio de Chilpancingo no resolverá nada y sí convertiría la “responsabilidad” local en una cuestión de orden federal. El Presidente Peña se quedaría solo con la papa caliente en sus manos, meditando en este compromiso suyo:
“… este día (15 de octubre, en el aniversario del Voto a la Mujer) no podemos sentirnos satisfechos, porque en este preciso momento hay madres de familia angustiadas por la incertidumbre de no saber dónde se encuentran sus hijos.
“Y me refiero a los jóvenes normalistas desaparecidos. Y desde aquí, estoy seguro que todas y todos ustedes nos unimos y reiteramos nuestra solidaridad a cada una de ellas y a sus familias.
“Y tengan la seguridad de que las dependencias del Gobierno de la República están trabajando para localizarlos.
“El día de ayer, la Procuraduría General de la República dio a conocer información relevante que ha permitido establecer nuevas líneas de investigación y que, deseo y espero, nos permitan muy pronto dar con el paradero de los jóvenes que hoy no han aparecido.
“Frente a estos crímenes, lo he señalado también de forma reiterada, no habrá impunidad.
“Creo que éste es un esfuerzo compartido de todo el Estado mexicano, que claramente ve en esto una señal para ir a fondo y combatir, también, a fondo la impunidad.
“El Estado mexicano hallará y aplicará todo el peso de la ley a los culpables. Y estos lamentables hechos son un momento de prueba para las instituciones y la sociedad mexicana en su conjunto”.
Obviamente muchos han dicho: las instituciones ya fracasaron en su prueba. Los hechos comprueban su reprobación; no la oportunidad de no fallar de nuevo. Esta es una evidencia, no una segunda oportunidad.
Por eso –al menos en el caso institucional guerrerense–, se ha buscado otra fórmula, si bien inducida por el oportunismo panista (como si no hubiera sido Acción Nacional quien declinó a favor de Aguirre): la desaparición de los poderes locales, confirmada, en todo caso, por el Senado de la República.
Y por eso, en el mañoso recurso del madruguete (¿probete?), el Ejecutivo les envía a sus dóciles diputados del Congreso Local la solicitud para desaforar al alcalde de Iguala, José Luis Abarca (a quien de paso la suprimen la suspensión provisional), con lo cual se prueban y demuestran la actividad y la vigencia del Legislativo y el Ejecutivo, instancias cuya extinción resulta más compleja a la luz de sus actuaciones recientes.
Estamos trabajando, demuestran con el documento aprobado. Ergo (luego entonces) no hemos desparecido ni estamos finados, extintos o caducos. La maniobra es clara.
Pero frente a esa maniobra el grito callejero:
“¡Aguirre, borracho; devuelve a mi muchacho!”
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Líneas arriba evoqué a “Lopitos”. Su asesinato, en tiempo del gobernador Raymundo Abarca Alarcón (el mismo apellido del alcalde forajido). Vale la pena ser recordado ahora no tanto por la naturaleza de aquellos hechos sino por la evidencia de cómo en Guerrero, el canto de la pistola (un día sí y otro también) ha sido utilizado desde siempre para “resolver” cualquier asunto.
Esta crónica de la revista “Contralínea”, fue hecha (Alejandro Martínez Carvajal) con los datos aportados por un viejo periodista de Acapulco, Enrique Díaz Clavel a quien (perdón por la primera persona) tantas cosas le quedé a deber en los años iniciales de mi carrera:
Recordemos:
“…Por la avenida Farallón, de la ciudad de Acapulco, avanzaba, a una velocidad de 80 kilómetros por hora, una camioneta pick up, manejada por Alfredo López Cisneros.
“En la cabina lo acompañaban Leonora y María Dolores Rayo Barona, de 19 y 21 años de edad. Arriba, o sea, en la caja, iban Joaquín Pérez Hernández, “el Vecino”, y Reynaldo Soto Aguilar, “el Chivero”.
“Se aproximaban al poblado de La Garita; eran las 4:00 horas de la mañana del 4 de agosto de 1967 cuando un vehículo le dio alcance, lo rebasó por el costado izquierdo y, en ese momento, ráfagas de ametralladora lo acribillaron, así como también a Joaquín”.
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La ministra Margarita Luna Ramos sigue en la cosecha de reconocimientos, cuya naturaleza ahora no puede quedar desvinculada de sus intenciones de presidir la Suprema Corte de Justicia.
Vea usted esto:
“En solemne ceremonia celebrada la tarde del jueves 16 de octubre en el Aula Forense de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, se hizo entrega de la Medalla al Mérito Jurídico “LICENCIADO AGAPITO POZO BALBÁS” a la doctora en Derecho y Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Beatriz Luna Ramos, en reconocimiento a su distinguida trayectoria jurisdiccional por casi cuatro décadas de servicio ininterrumpido en el Poder Judicial de la Federación.
“La presea se instituyó en este año por acuerdo del Consejo Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, para reconocer a juristas mexicanos que por su trayectoria profesional han dejado profunda huella en el mundo del Derecho, determinándose unánimemente se otorgara por vez primera a la Ministra Luna Ramos”.
Paso a pasito.
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