Edgar Cortés, en nombre del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, hace llegar a esta columna sus impresiones en torno del caso Tlatlaya y la actitud asumida por la CNDH la cual califica (sin ambages) como una perversión.
“La primera versión de las 22 muertes sucedidas en Tlatlaya –dice–, fue que (estas) eran resultado de un enfrentamiento entre delincuentes y Fuerzas Armadas. Esa fue la información del ejército y junto con él todas las voces oficiales se plegaron. Sólo el periodismo de investigación logró cuestionar la historia oficial y poner frente a los ojos de todo el mundo la pregunta de sí esas muertes no habían sido ejecuciones extrajudiciales.
“Con la versión de una de las sobrevivientes y la información relevada por los medios se puede afirmar que las 22 personas fueron víctimas de ejecución extrajudicial, pero la respuesta precisa debe ser aportada por la Procuraduría General de la República (PGR) y ese esclarecimiento tiene que ser resultado de una investigación rigurosa y sometida al escrutinio público.
“Si lo anterior no sucede nadie creerá una palabra de la indagatoria. Por supuesto que todo el esclarecimiento debe suceder en el ámbito de la justicia civil.
“La investigación debe despejar lo sucedido en este caso particular pero debe ir más allá pues ésta no es la primera ocasión que suceden hechos similares y por tanto se debiera que esclarecer si el ejército no ha tomado la mala práctica originada en el ejército colombiano de fabricar «falsos positivos», que consiste en presentar a personas sin vida como consecuencia de supuestos enfrentamiento y calificando a las víctimas como delincuentes sin evidencia alguna y de esa manera perpetrar la impunidad.
“Este caso también toca a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ya que esta institución que debe proteger a las víctimas y sus derechos, aceptó sin chistar la explicación oficial y sólo ante el escándalo se ha visto obligada a actuar pero adelantando la exculpación militar aún sin haber investigado lo sucedido.
“Vaya perversión, la institución debe proteger a los ciudadanos les da la espalda para ponerse al lado de los perpetradores”.
OCTAVA
Por años el edificio de la Octava Delegación de Policía fue el “personaje” complementario perfecto para cualquier aventura detectivesca en el cine nacional. Su fachada de altas columnas, cilindros equilibrados y altos, era ideal para darle una contundencia de “art deco” tardío y “nopalero” a cualquier intriga melodramática.
Pero más allá de la frecuencia de sus apariciones en el cine –de Orol a Rodríguez–, el edificio tenía una carga nostálgica sólo por la cual debió haber sido tratado con respeto, más allá de su catalogación como obra representativa de una época.
Si la arquitectura es el testigo insobornable de la historia (Ocvtavio Paz), la delegación Benito Juárez, al servicio de la empresa Dahnos (otra vez Jorge Romero) dueña del centro comercial “Delta”, ha asesinado a un testigo.
El destino de los edificios representativos de la vida urbana (plazas de toros, estadios de beisbol, oficinas públicas, monumentos o cualquiera otro), es sucumbir ante el empuje de los constructores de plazas comerciales. Lo mismo en Plaza Galerías, donde arrasaron el viejo Colegio Franco Inglés o en el barrio de Tizapán donde la codicia ha destruido ya varias manzanas cercanas al Periférico.
El inmueble que ocupó la Octava Delegación de Policía recientemente demolido estaba considerado con valor artístico y no un monumento histórico de acuerdo a lo que establece la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Desde mayo pasado el Instituto Nacional de Antropología e Historia realiza trabajos de salvamento arqueológico en dicho predio los cuales corresponden a un proyecto académico de investigación aprobado por el Consejo de Arqueología. En el predio existen evidencias y vestigios de carácter histórico de lo que fue el templo de Nuestra Señora de la Piedad y el convento dominico anexo, correspondientes a la época virreinal. Ambos inmuebles fueron dañados cuando fue construido un cuartel militar en el siglo XIX y, posteriormente, cuando se erigió la Octava Delegación de Policía en los años cuarenta del siglo XX.
