Por: Guillermina Gómora
Hablar de la situación del campo en México obliga a un acto de honestidad mayúsculo, donde nadie sale bien librado. Autoridades, productores, comercializadores y líderes de organizaciones han construido una red que parece telaraña y devora a los más débiles.
La burocracia, el desvío de recursos, el coyotaje y la manipulación política del llamado “voto verde” afectan a más de 25 millones de mexicanos, casi la cuarta parte de la población nacional, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), que señala que 12.2 millones de habitantes de zonas rurales viven en pobreza alimentaria.
El famoso Cuerno de la Abundancia, como alguna vez fue llamado nuestro país, enfrenta serios problemas y por enésima vez se busca solucionarlo, ahora mediante una reforma al campo que anunció el presidente Enrique Peña a principios de año y que se debatirá, en septiembre próximo, en el periodo ordinario de sesiones del Congreso.
Mientras tanto, la inconformidad de los productores agrícolas se atiende en la Secretaría de Gobernación, donde se establecieron mesas de diálogo, luego de la jornada de protestas, de 45 organizaciones, contra las leyes en materia energética aprobadas en el Senado, a las que califican de “anticampesinas”, pues a decir de ellos, promueve la expropiación y despojo de sus tierras bajo la figura de “ocupación temporal”.
Al grito de “¡Zapata vive, la lucha sigue!”, los líderes de las organizaciones exigen que se coloque en la mesa del debate la creación de un programa de fomento a la productividad agrícola y campesina; reprogramar 40 mil millones de pesos del Programa Especial Concurrente para el sector rural y aprobar la ley reglamentaria del derecho a la alimentación; contar con un programa de financiamiento, crédito y seguro para pequeños productores, reformar la banca de desarrollo; crear una empresa pública para la comercialización de granos; publicar un decreto para establecer compras públicas a campesinos, además de expedir otro que garantice la consulta a pueblos y comunidades indígenas en el caso de que sus territorios resulten afectados por la explotación minera o de hidrocarburos.
Nada nuevo, dicen los conocedores del tema. Son exigencias añejas pospuestas o alteradas por malos manejos y, como dato, refieren el informe sobre la Cuenta Pública de 2012 que dio a conocer la Auditoría Superior de la Federación (ASF), donde se revela a detalle el desvío de unos 74 millones de pesos en cinco dependencias involucradas con el campo: las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) —antes llamada de la Reforma Agraria (SRA)—, así como Financiera Rural, el Fideicomiso de Riesgo Compartido (Firco) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.
Tierra fértil, sin duda, para la corrupción, pues las irregularidades van desde entregar apoyos económicos a empresas que no utilizaron el dinero para lo que debían hacerlo, hasta la expedición y recepción de facturas apócrifas, entre otros. Según datos de la FAO, más del 80% de los productores agropecuarios en México recibe menos de 10% de los apoyos gubernamentales, mientras que los grandes empresarios del sector reciben el 80% de esos recursos. Además, el 80.5% de los trabajadores del campo gana de cero a dos salarios mínimos, según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados.
Entonces, ¿cómo rescatar al campo si el enemigo está en casa? Recuperarlo exige algo más que mesas de diálogo. Al registrarse como candidato a la dirigencia nacional de la Confederación Nacional Campesina (CNC), el senador Manuel Cota Jiménez advirtió: “en 2012 recibimos un país con un campo devastado, con más de 16 millones de mexicanos que viven en el sector rural que están en condición de pobreza, el 74% de la superficie cultivable del país se cultiva en temporal, sólo el 26% es de riego, importamos el 77% de los fertilizantes que consumimos y sólo usamos el 20% de lo que un país desarrollado utiliza, en 2012 importamos 79% del arroz que consumimos, 58% de trigo y 82% del maíz amarillo que utilizamos para uso pecuario o industrial”. Vaya radiografía, el paso que sigue es la dependencia alimentaria. ¿Ésa es la apuesta?
@guillegomora