Por: Guillermina Gómora
La violencia e inseguridad que afectan al centro y norte del país tienen en alerta al gabinete de seguridad del gobierno federal, sobre todo por el involucramiento de autoridades de diversos niveles con los grupos criminales y por la indolencia con la que se trata el tema en algunos estados.
Ahí está, por ejemplo, el aguerrido perredista Graco Ramírez, quien se contagió de la teoría de la conspiración y califica las críticas a su gobierno como un complot. No acepta que el tema de la inseguridad y la presencia del crimen organizado en la entidad le rebasaron e ignora los clamores y exigencias de la sociedad para una pronta solución.
Bien dice el refrán: “el prometer no empobrece; dar es lo que aniquila”, y justo fue lo que le pasó al mandatario, pues en su calidad de candidato prometió devolver la paz y la tranquilidad a los morelenses durante los primeros 18 meses de su administración y nada, por el contrario, la violencia sentó sus reales en la entidad.
Datos recientes del Sistema Nacional de Seguridad revelan que Morelos encabeza la lista del mapa criminal, donde predominan los delitos de secuestro y extorsión. Las denuncias por plagio crecieron en 145.5% respecto al mismo periodo del año anterior de 11 a 27 secuestros. Ya nada más le falta decir que son “pirruris” los marchistas inconformes, como su ex gurú, López Obrador.
El perredista no es ajeno al tema, cuando era oposición marchó y criticó hasta el cansancio la falta de estrategia de sus antecesores priistas y panistas para atender el problema de inseguridad y violencia que comenzaba en Morelos; incluso llegó a pedir la renuncia de los ex mandatarios.
Sin embargo, al no lograr revertir la grave crisis de inseguridad tomó un atajo. Graco Ramírez hizo un mea culpa: “Estamos aquí para aceptar nuestra responsabilidad y ofrecer una disculpa pública por las víctimas”, dijo a los afectados, ante quienes anunció la integración de la Comisión de Atención y Seguimiento a casos de Víctimas, que tiene como objetivo principal resarcir los daños a sus familias, y confirmó el concurso arquitectónico para la creación del Memorial de Víctimas que será ubicado en la Plaza de Armas Emiliano Zapata, de Cuernavaca.
Vaya manera de intentar resolver un problema tan complicado como la inseguridad que ha costado miles de muertes en los últimos años en todo el país. En política, se dice que cuando no se quiere resolver un conflicto se debe crear una comisión y Graco lo hizo, sabe que nada o poco, muy poco se avanzará.
La violencia es producto de diversos factores que van desde lo económico –como la falta de empleo, de oportunidades de negocio e inversión, de integración y convivencia familiar y social– hasta el efecto cucaracha que impacta a los estados del centro del país por los operativos federales y estatales que se instrumentan en las entidades vecinas.
Cerrar los ojos y negar la realidad sólo complicará más la situación. Morelos ha dejado de ser el paraíso para quienes lo habitan y lo visitan, se ha convertido en un infierno para sus millones de habitantes que padecen delitos del fuero común y federal por igual a todas horas, sin importar clase social o estatus político.
Basta recordar que al secretario de Gobierno, Jorge Messeguer Guillén, y al presidente de la Junta Directiva del Congreso de Morelos, Juan Ángel Flores Bustamante, les dejaron sus flamantes camionetas sin llantas. Aun con toda la seguridad de la que gozan y pagan los contribuyentes morelenses.
La desesperación ciudadana por la indolencia y complicidad con la que actúan las autoridades de la entidad los ha llevado a pedir la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que preside Raúl Plascencia Villanueva, y que realizará un foro para analizar la situación que priva en la entidad.
Un grupo de integrantes de la Coordinadora Morelense de Movimiento Ciudadano denunció las omisiones policiales de aquella entidad para detener la ola de secuestros, extorsiones, homicidios y robos a casa-habitación. Los pobladores de varios municipios de Morelos refirieron asaltos en restaurantes, violaciones, robos y cobros de piso en el transporte público, secuestros de médicos y enfermeras; denunciaron también que algunos elementos de los cuerpos policiacos están infiltrados por el crimen organizado.
Así las cosas, la inseguridad es un problema que debe ser abordado de manera integral, con estrategias bien pensadas y recursos suficientes, no se trata sólo de multiplicar el número de policías federales y de las fuerzas armadas, sino atacar la corrupción e impunidad en todos sus niveles y sectores.
La teoría de la conspiración no debe convertirse en política de Estado y pensar que toda crítica forma parte de un “complot”. El deber de Graco Ramírez es responder a la exigencia de la población víctima de la inseguridad pública que limita el ejercicio de las libertades, lesiona los derechos humanos y afectan de manera grave la vida en Morelos.
Vericuentos
Humo blanco en leyes secundarias
Avanzan en el Senado los acuerdos para que esta semana se aprueben las leyes secundarias en materia de competencia y político-electoral. La primera podría aprobarse y enviarse a San Lázaro el jueves y la segunda el viernes. Emilio Gamboa, coordinador de los priistas, teje fino entre perredistas y panistas para alcanzar los votos y consensos necesarios; quiere algo más que la mayoría simple. Las leyes telecom y la energética las vislumbra para después de Pascua.