Mientras se siga en México con el secuestro de autobuses, las “quemas de burros” y “pumas”, o los pleitos callejeros entre seguidores de uno u otro equipo en los “clásicos”, no será posible erradicar la violencia asociada con los hechos internos.
Posiblemente el más grave error de la ley aprobada ayer para crear la figura de la “violencia en el deporte” como un tipo penal en sí misma, sea la ignorancia en torno de quienes cometen los actos violentos en las inmediaciones de los estadios y parques deportivos. Tan grave o más es la violencia callejera asociada con los posteriores actos de barbarie dentro de los estadios. Y en eso las “barras”, “porras” y similares, también tienen responsabilidad.
Ayer los diarios informaron del debate sobre esta ley y la barrera con la cual (obviamente) la izquierda quiso alterar no solo el sentido de la justicia sino hasta el sentido común: no se puede criminalizar el deporte. Eso se lo deben decir a quienes con pretexto del deporte cometen actos criminales.
Pero mientras se siga en México con el secuestro de autobuses, las “quemas de burros” y “pumas”, o los pleitos callejeros entre seguidores de uno u otro equipo en los “clásicos”, no será posible erradicar la violencia asociada con los hechos internos. No es con vetos a los edificios como se castiga a quienes cometen actos vandálicos dentro de las instalaciones supuestamente destinadas al esparcimiento y el gusto por la competencia deportiva.
Estos son residuos del debate:
“De acuerdo con uno de los promotores de la iniciativa, el diputado priista Gerardo Liceaga, su partido va a favor del dictamen como se planteó en un inicio, es decir, mantener las penas de cárcel a rijosos, además de elaborar un padrón de aficionados.
“Se va a quedar tal cual lo presentamos el dictamen, así se va a quedar con las penas de cárcel en los artículos 154 y 155, no habrá modificaciones”, comentó en entrevista Gerardo Liceaga.
“El veto al estadio Jalisco se me hace tenue, débil y una multa de 336 mil pesos, ahí sí es su responsabilidad y yo platiqué con todos los presidentes de la Primera División y en una reunión les dije: ‘Lo que pase dentro del inmueble es su responsabilidad’, dijo el priista.
“Lo que sí mencionó Liceaga es que los dueños de los equipos no están de acuerdo en que las autoridades les cobren por poner policías afuera de los inmuebles.
“El PAN, en voz de la secretaria de la Comisión del Deporte, Flor Pedraza, dijo que “urge” que se regule el tema, por lo que el blanquiazul va a favor del documento que se espera sea debatido hoy en el pleno de San Lázaro, incluso con las mismas penas.
“La posición de Acción Nacional es a favor de esta ley. Llevamos un año de trabajo al interior de la Comisión y se formó un grupo de trabajo; esta ley se presentó en octubre pasado y se dictaminó en comisiones unidas. Nosotros vamos a favor de esta ley y más con lo que acaba de pasar el fin de semana pasado”, comentó la panista.
“Los diputados del PRD, en voz de su vicecoordinador, Miguel Alonso Raya, y la diputada, Alfa González, adelantaron —por su parte—, que votarán en contra de las sanciones penales y se reservarán los artículos vinculados a las penalidades, pues consideran que no deben incluirse en una ley especial y que ésta sería inaplicable.
“Nosotros no estamos de acuerdo con los tipos penales que se establecen. “En el caso del PRD votará en contra de los tipos penales polémicos que se establecen”, dijo Raya.
Y así ocurrió. Eso hizo posible contar con esta nueva ley. Ahora sólo le falta tanto como a las demás: una justa aplicación, un rigor verdadero. Pero se debe insistir, el problema de la violencia no es hallarla en los límites de los estadios; lo peor ocurre afuera. Y los argumentos tolerantes son los mismos: la no criminalización de lo criminalmente hecho y el respeto a los derechos de los bloqueadores, manifestantes y demás.
Finalmente la ley fue aprobada de este modo:
“Con 317 votos a favor, 34 en contra y 17 abstenciones, los legisladores aprobaron la creación de un padrón o ‘lista negra’ de aficionados violentos para formar parte de las bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de prohibir el ingreso de esas personas a los inmuebles.
“Al comienzo de la discusión, diputados del PRI y del PAN propusieron una serie de modificaciones al dictamen de las comisiones unidas de Justicia y Deporte para reducir la severidad de las penas previstas originalmente en el documento presentado ante el pleno.
“Entre las sanciones finalmente aprobadas destaca la de seis meses a tres años de prisión y hasta dos mil 600 pesos de multa a quien ingrese sin autorización al terreno de juego y agreda o cause daños materiales en su irrupción.
“Asimismo se establecen de seis a dos años de prisión, y una multa de hasta dos mil pesos, por lanzar objetos al campo que pongan en riesgo la salud o integridad de las personas”.
Ya nadie podrá impunemente tirarse de espontáneo en los toros para ensayar una linda Verónica.
