Por: Guillermina Gómora
El crecimiento exponencial del narco y la pobreza en Guerrero han colocado al gobierno aliancista de Ángel Heladio Aguirre Rivero en la mira de las autoridades federales, quienes en corto aceptan que la situación está fuera de control y llegó la hora de entrar al rescate antes de que se registre un estallido social de consecuencias inimaginables, sobre todo por su vecindad con Michoacán y Morelos, donde la situación está complicada.
Como muestra de la intervención, están los millonarios recursos destinados a 46 municipios a través de la Cruzada Nacional contra el Hambre, pues un millón 443 mil guerrerenses viven en carencia alimentaria y 977 mil en pobreza extrema. Además del anuncio que hizo Manuel Mondragón, comisionado nacional de Seguridad, de que a partir del 1 de marzo la Policía Municipal de Chilpancingo, Guerrero, será relevada por 300 elementos de la Policía Federal y 500 de la estatal.
La capital guerrerense se ha convertido en los últimos meses en escenario de batalla de cinco grupos ligados al narco, a la delincuencia organizada y a las autodefensas que buscan tomar el control del centro del poder político de la entidad. De los otros 80 municipios, ni hablar, enfrentan una severa descomposición del tejido social y una fuerte presencia del crimen organizado, que opera a plena luz del día, aun con el cerco policiaco y militar montado en la entidad.
Los sicarios circulan en total libertad en la zona de Tierra Caliente, en el Puerto de Acapulco y en Chilpancingo, hacen gala de sus armas de alto poder, principalmente los AR-15 y se mueven en convoyes de camionetas, que sospechosamente pasan inadvertidos por el personal de los retenes policiacos o militares instalados. El terror es su pasaporte para operar sin problema. De acuerdo con datos de la organización civil Alto al Secuestro, sólo en enero de 2014 se registraron 588 plagios en México, de los cuales 208 ocurrieron en el estado de Guerrero.
Y aunque el vicepresidente de la Coparmex en la entidad, Francisco Sorio, ha denunciado varias veces los casos de extorsión, incluido el cobro por derechos de piso del crimen organizado, de secuestros y de asesinatos de los que han sido víctimas la sociedad y el sector comercio y transportistas, el gobierno de Ángel Aguirre se mantiene indiferente.
Sin embargo, durante la reunión a puerta cerrada, el pasado viernes, Manuel Mondragón, el gobernador y parte de su gabinete, así como los alcaldes de Chilpancingo y Acapulco, Mario Moreno Arcos y Luis Walton, respectivamente, tuvieron que escuchar de viva voz de los integrantes del Consejo Ciudadano para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero y representantes de la iniciativa privada el reclamo y preocupación por la oleada de violencia que tiene a ciudadanos y empresarios desesperados.
Está claro que se agotó la tolerancia de la población y Aguirre tendrá que aceptar el apoyo federal que ha ninguneado o verse en el espejo de Michoacán con un comisionado especial. Aunque el ex priista ha dicho al respecto que su estado no lo necesita, pues “ahí cada quien asume su responsabilidad”, lo cierto es que los hechos lo desmienten y urge la coordinación de los tres niveles de gobierno para garantizar el orden público y restablecer la paz social en Guerrero.
Ahí, no hay que perder de vista que los problemas de inseguridad, pobreza y violencia están ligados al tema de las guardias comunitarias, financiadas por el gobierno de Aguirre y que actualmente controlan a más de 12 municipios. Algunos estudiosos del fenómeno aseguran que existen quince grupos armados de autodefensa, integrados aproximadamente por 5 mil elementos, los cuales abarcan las zonas de Tierra Caliente y Costa Chica.
Civiles que se han agrupado en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG) y han establecido sus procedimientos y normas para aplicar la ley a su manera, relevando al Estado de su obligación de procurar e impartir justicia, como lo hemos escrito en este espacio.
No hay vuelta atrás, este cóctel de acontecimientos exige atención inmediata. La entidad cumple con todos los requisitos para clasificarla como un Estado fallido por la deficiente capacidad del gobierno actual que no ha sabido ni querido comprender y brindar las soluciones a los problemas fundamentales, como seguridad y estabilidad económica. Guerrero es un estado con un gran potencial turístico de México, enorme en cultura y tradiciones. Sin embargo, hoy se agudiza el lastre del rezago por la violencia y la ingobernabilidad.
Ángel Aguirre dejará la gubernatura en 2015 y la factura que le pasen sus gobernados en las urnas puede ser muy alta para la alianza que lo llevó al poder.
Vericuentos
Caminos de Michoacán
El presidente Enrique Peña Nieto cumple su palabra y 20 días después regresa a la entidad co-gobernada por Fausto Vallejo y Alfredo Castillo. Inicialmente visitaría los municipios de Uruapan y Chilchotla, pero sólo acudirá a este último para anunciar que se incorporará a la Cruzada Nacional contra el Hambre. Por cierto, hoy se determinará la situación jurídica de Juan José Farías Álvarez, El Abuelo, con quien Castillo se reunió en Tepalcatepec. La PGR solicitó una nueva orden de aprehensión acusándolo de delincuencia organizada, narcotráfico y lavado de dinero; el caso está en el Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito en el Estado de México, donde se realizará la audiencia de vista para este recurso de apelación.
Iniciativa contra profesionales patito
En la actualidad, contar con un título profesional no es suficiente para asegurar la calidad del servicio que se recibe de un profesionista; por eso, para garantizar la adecuada prestación de los servicios e impedir el ejercicio indebido en profesiones relacionadas con la vida, la salud, la seguridad y el patrimonio de las personas, la senadora Arely Gómez, acompañada de Roberto Gil y Manuel Camacho, presentó una reforma constitucional para obligar a la certificación y colegiación de profesiones. Duro golpe a Santo Domingo y sus títulos apócrifos.
