Por enésima vez, el gobierno federal pone en marcha un programa para rescatar la gobernabilidad en Michoacán, que lleva 13 años padeciendo una crisis de inseguridad y violencia y que lo ha llevado a ser clasificado como un estado fallido, pues las autoridades locales y federales quedaron rebasadas por la delincuencia y las autodefensas.
Lo sucedido en los últimos días confirma lo escrito en este espacio, en el cual le adelantamos que los grupos del narcotráfico buscan hacerse del control, a través de las autodefensas del municipio de Apatzingán, santuario de Los Caballeros Templarios y paraíso industrial de la fabricación de drogas sintéticas y del lavado del dinero. Quieren ese trofeo para sus vitrinas y el pretexto de garantizar la seguridad del pueblo les ha permitido ganar terreno.
No hay que perder de vista que los Templarios son un grupo con origen en La Familia Michoacana y cuyo poder radica en el adoctrinamiento y control de sus grupos ciudadanos, lo que les ha permitido mantener la producción y distribución de metanfetaminas, acaparamiento y exportación de minerales, extorsión, secuestros y asesinatos; control del comercio, la agricultura y la ganadería y hasta finales del 2013 la operación del Puerto de Lázaro Cárdenas. Establecieron así sus reales y ejercen su poder fáctico con un escudo de civiles armados.
Para nadie es ajeno, por lo menos en Tierra Caliente, que algunos grupos de autodefensa están al servicio de la delincuencia y otros funcionan como guardias paramilitares de agricultores y empresarios de la región. El argumento de liberar a la población de los vándalos se pervirtió y el mejor postor o financiero determina sus acciones. Informes de inteligencia han confirmado que las armas y otros implementos son proporcionados por sus respectivos “patrones”.
Incluso, identifican al Cártel de Jalisco Nueva Generación como el proveedor de las armas de las autodefensas. Ellos les venden pistolas, fusiles AK47, R15 y carabinas. Además, les facilitan la tecnología o contactos para hacerse de camionetas blindadas, torretas o construir “tanques” hechizos como los que utilizaron el pasado fin de semana en la ocupación de Antúnez y Nueva Italia. Por cierto, sigue siendo un misterio quién facilitó la avioneta en la que se accidentó José Manuel Mireles, líder de un grupo de autodefensas, y el resultado del peritaje del desplome.
Michoacán está bajo fuego cruzado. Al respecto, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, sostiene que el clima de violencia en la entidad y que también se registra en Guerrero evidencia que: “estamos ante condiciones en donde lo que se observa es una ausencia de estado, una ausencia de gobernabilidad (…) no se observa intervención de la autoridad, sea municipal, estatal o eventualmente federal (…) Lo anterior ha permitido que grupos de personas, con el argumento de ejercer justicia por propia mano, realicen detenciones y ajusticiamientos”, dijo.
El ombudsman advierte que estos grupos que se hacen llamar autodefensas “están tratando de cumplir una función que no les corresponde y que es el Estado quien debería ejercerla”. Plascencia reitera que violan la Constitución, ordenamiento que también les da la posibilidad de que coadyuven en las tareas de seguridad, pero en forma legal, no en la informalidad.
El presidente de la CNDH adelanta que en la investigación que realiza la CNDH sobre las autodefensas en Michoacán han constatado su presencia en 20 municipios, en algunos otros no han podido ingresar porque no existen las condiciones de seguridad. Según testimonios de los pobladores, se sienten protegidos con esos grupos, dijo. “Hay que tener en claro que en el artículo 17 de la Constitución está prohibido ejercer violencia para reclamar un derecho y que nadie está en condición de hacerse justicia por propia mano, para eso están las instituciones”, precisó el ombudsman.
De modo que el desafío planteado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al frente de las fuerzas federales, Ejército, Marina, Policía Federal y Procuraduría General de la República, para recuperar la gobernabilidad en Michoacán, deberá ir en una sola vía: frenar las acciones delictivas de los cárteles y las autodefensas. Estos últimos deberán elegir si cooperan en el marco de la ley al enlistarse como policías oficiales, o siguen en la clandestinidad que sólo los llevará a la cárcel, junto con sus líderes morales y mecenas.
Por su parte, el gobernador Fausto Vallejo va contrarreloj no sólo en materia de seguridad, sino política, por los resultados que deberá entregar al PRI. Quizá por eso anunció que a partir de hoy alternará su despacho entre Morelia y Apatzingán. El hombre que recuperó el estado para el Partido Revolucionario Institucional (PRI) después de dos sexenios perredistas de triste memoria (Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy) cumplirá el próximo 15 de febrero su segundo año, y sólo fue electo para administrar la entidad tres años siete meses, y concluirá su complicado periodo, por ajustes en el calendario electoral, en el 2015.
Tiempos de definición y acciones concretas demandan los michoacanos. Por lo pronto, hoy no acudirá el presidente Enrique Peña a la visita que prometió realizar cada mes a Michoacán como parte de la estrategia anunciada.
Vericuentos
Josefina pinta su raya
Mientras los aspirantes a hundir a Gustavo Madero y sus aliados en la Cámara de Diputados velan armas para el próximo cónclave del Consejo Nacional del PAN, el fin de semana su correligionaria Josefina Vázquez Mota lanza un llamado para recuperar México y advierte que “mientras el miedo y el temor estén en los bolsillos de la gente y en el corazón de miles de familias y emprendedores, muchos otros esfuerzos seguirán topándose con la percepción, pero sobre todo con la realidad”. La panista analiza la crisis económica y social por la que pasa el país.
