Por: Guillermina Gómora
A más de cien años de haberse iniciado la Revolución en México, en busca de mejores condiciones de vida y de un reparto equitativo de la riqueza, nuestro país enfrenta severos problemas que a más de un analista le llevan a concluir que Michoacán está al borde un estallido social que podría afectar a sus vecinos de Guerrero y Jalisco, además de contaminar otros frentes, como el del magisterio, o la inseguridad que en Tamaulipas y Chihuahua sigue cobrando vidas inocentes ante la inacción de las autoridades.
Retomo el título del libro escrito por Manuel Mejido, en la década de los setenta, no sólo porque refleja fielmente lo que hoy sucede en nuestro país, sino porque los temas que ahí relató lamentablemente siguen vigentes: pobreza, desempleo, inseguridad, abandono del campo, migración del campo a la ciudad y fuera del país e indolencia de las autoridades, entre otros.
Pareciera que nada ha cambiado, sólo los actores políticos, pues las deudas sociales ahí siguen. Lo que sucede en Michoacán es alarmante, el poder fáctico del crimen organizado es real, estamos viendo una lucha abierta por la plaza con la participación activa de los ciudadanos en ambos bandos: el federal con el Ejército, la Marina y la Policía, y del otro lado pobladores que sirven a los grupos delincuenciales por obligación o por convicción, pues no han encontrado respuesta a sus demandas por parte de quienes los gobiernan.
La amenaza de los grupos de autodefensa de seguir tomando municipios, incluida la capital, Morelia, es un abierto desafío y obliga al replanteamiento de la estrategia, pues la incorporación del pueblo al lenguaje de la «lucha de clases» perfila a decir de los especialistas una «guerrilla urbana» con un liderazgo sin ideales sociales, sino criminales.
Por ello, sugieren caminar en dos vías: abrir o mantener el diálogo con los dirigentes ciudadanos visibles y aplicar la ley, e incluso involucrar al Congreso, para realizar ajustes de fondo que permitan atender las demandas y condiciones sociales de cada región o entidad.
En menos de un mes hemos visto que la zona conocida como Tierra Caliente en Michoacán está a punto de explotar, el incremento de la presencia de las fuerzas federales agitó el avispero y hoy reina la desconfianza en los frentes de batalla, ubicando a la entidad en un estado de excepción, aunque su gobernador Fausto Vallejo y su alfil Jesús Reyna, quien regresó a la Secretaría de Gobierno lo nieguen, pues no quieren asumir las consecuencias políticas. Prefieren jugarle a la avestruz y nadar de a muertito.
Los ciudadanos no importan, que las arreglen como puedan, así lo informó en estas páginas nuestro corresponsal Ignacio Roque a través de su crónica, en la que relata que «en el municipio de Tancítaro se vive un ambiente de tensión, después de que los comerciantes decidieron cerrar sus establecimientos y, al igual que la mayoría de los pobladores, prefirieron resguardarse acompañados de sus familiares en sus casas». Al respecto, el gobierno de Vallejo, mediante un comunicado (qué valiente), aceptó la presencia de los grupos de autodefensa y dijo que la policía y el Ejército se harían cargo.
Lo cierto es que estos grupos de autodefensa operan ya en nueve municipios y en seis de ellos con mayor presencia, los cuales son Buenavista Tomatlán, Tepalcatepec, Aquila, Coacolman, Aguililla y Chinicuila. Territorio por cierto bajo el control de La Familia y Los Caballeros Templarios, que son ramas del mismo árbol, pero que están divididos y complican más la estrategia gubernamental por la colusión que existe entre estos grupos y la policía local. Complicidad demostrada más de una vez y recientemente con el desmantelamiento de la de Vista Hermosa, que llevó a descubrir las fosas en los límites de Michoacán y Jalisco, con un saldo de más de 15 cuerpos.
¿Hasta cuándo seguirá el caos y la ingobernabilidad, en Michoacán, Tamaulipas y Chihuahua? En este último, el pasado fin de semana mataron a una familia de ocho integrantes y hasta el momento no hay una versión clara y sólida del porqué de tan terrible crimen. Ojalá que no intenten etiquetar a las víctimas al estilo Felipe Calderón, para salir del paso, y verdaderamente se investigue, pero sobre todo que se actúe para que no se repitan estas tragedias que enlutan a la sociedad y evidencian la incompetencia de las autoridades. Tamaulipas merece un capítulo especial, se ha convertido en tierra de nadie y la inseguridad rige las actividades de los ciudadanos, a grado tal que antes de preguntar por las condiciones climatológicas averiguan si no habrá balaceras y podrán salir de sus casas para acudir a sus labores o la escuela.
El México amargó que hoy registra nuestra historia, en el aniversario 103 del inicio de la Revolución Mexicana, sólo confirma, como diría Luis Donaldo Colosio en su discurso de 1994, que hay un México con sed de justicia y hambre. Quien no lo quiera ver, entender y, sobre todo, atender, deberá asumir las consecuencias políticas y sociales. Hoy los ciudadanos no quieren más discursos, exigen acciones concretas.
Vericuentos
Academia y seguridad
Tal como lo señalamos líneas arriba, vivimos momentos complicados y resulta alentador que en la academia se tomen cartas en el asunto, pues ahora la Universidad Anáhuac contará con estudios de licenciatura en materia de Inteligencia para la seguridad, que se impartirá en su Facultad de Derecho. En el proyecto están involucrados el catedrático Federico Ponce Rojas y María Elena Morera, de México Unido contra la Delincuencia. Ojalá que este esfuerzo permita instrumentar estrategias que contemplen algo más que balas.
Guanajuato protege a mujeres
La violencia en contra de las mujeres, más allá de su condición social, demanda algo más que códigos de color que se le quiera poner; exige un cambio a los patrones culturales y sociales para que estos programas funcionen, pero por algo se empieza. Así que debe destacarse el esfuerzo del gobernador guanajuatense, Miguel Márquez, quien comprometió a su gobierno y al estado a sumarse a la campaña de la ONU para poner fin a las agresiones, y confirmó la certificación del Inmujeres en el Modelo de Equidad de Género, la implementación del 079 Atención Mujeres y la operación de agencias y unidades de atención a delitos cometidos contra mujeres en la entidad.