Guillermina Gómora Ordóñez
Con la novedad de que la Plaza de la Constitución, como en realidad se llama el mal nombrado Zócalo, amaneció con un cerco metálico y policiaco que impide caminar y cruzar esta milenaria plancha de concreto, que es testigo mudo y agraviado por miles de expresiones ciudadanas de todo tipo. Las más recientes: el plantón de los pseudo-maestros disidentes, la fiesta del Grito y el desfile militar.
El sitio impuesto a la plaza mayor de la ciudad de México responde a la amenaza de los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de instalar de nuevo su campamento, que por más de un mes afectó a ciudadanos, visitantes y comerciantes del Centro Histórico. Las pérdidas, de acuerdo con la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño (Canacope), se calculan en 650 millones de pesos en ventas no realizadas; más de un millón 800 mil horas/hombre de trabajo perdidas, y 28 mil comercios y pequeñas empresas afectadas.
Víctimas que no ven cercana la recuperación, pues si bien los docentes ya no invaden el Zócalo y sus calles aledañas, los capitalinos y turistas lo piensan dos veces antes acudir a esta tradicional zona de compras y de paseo. Durante un recorrido por algunas calles del primer cuadro, platiqué con la gente y algunos comerciantes. Sus comentarios pasan por el miedo y el coraje de sentirse rehenes de este grupo y de la inacción de las autoridades. Sobre el desalojo del viernes pasado, consideran que fue tardío y no resolvió el problema, pues se mantiene latente ahora en el Monumento a la Revolución.
En efecto, el conflicto permanece y las autoridades sólo recuperaron un espacio (el Zócalo y sus alrededores) que se ha convertido en “tierra de nadie”. Un área que pasa de mano en mano, según la necesidad del grupúsculo en cuestión. No olvidemos cuando Andrés Manuel López Obrador lo tomó en 2006 junto con Paseo de la Reforma y lo liberó para el desfile militar. Hace dos años el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el 13 de septiembre de 2011, anunciaba así también su liberación: «El SME se ha comprometido también a desalojar el Zócalo capitalino durante las fiestas patrias del mes de septiembre y hasta que la mesa de trabajo acordada concluya sus objetivos», decía el vocero del sindicato, Fernando Amezcua.
Todo parece indicar que el 15 y el 16 de septiembre se han convertido en moneda de cambio para las autoridades y las organizaciones inconformes. Ninguno se atreve a desafiar a las fiestas cívicas y a las fuerzas militares. Los diferendos se resuelven en las “mesas de diálogo”, vía los arreglos, acuerdos, convenios, etcétera, etcétera. Éstos relegan al estado de derecho, a la aplicación de la ley, y del gobierno local y federal obtienen así el permiso para gobernar, la autorización para actuar como lo mandata la Constitución.
En la época de toma y daca se han trastocado las leyes, las instituciones y las figuras de autoridad. Las victorias alcanzadas por rijosos y funcionarios han estado marcadas por la violencia y el caos. Maestros, anarcos, encuerados, SME y lopezobradoristas buscan una víctima que justifique sus movilizaciones y exigencias. Por fortuna y prudencia, la sangre no ha llegado al río. Pero las autoridades se han replegado, han cedido a los arraigos impuestos, al grado de cambiar sedes (Congreso) o rendir el Informe de Gobierno en la Plaza Madero de Los Pinos, o no acudir a sus oficinas en el Palacio del Ayuntamiento, en pleno Zócalo.
Entonces, después de un mes de tropelías y caos, con una Plaza de la Constitución sitiada, resurge la pregunta: ¿Hasta cuándo seguiremos, como rehenes, ciudadanos, autoridades e instituciones? ¿Por qué el retroceso en la capacidad punitiva del Estado hacia estos grupos, que ahora incluso van enmascarados? Después de lo sucedido el pasado viernes 13, queda claro, pues se demostró que el gobierno debe recuperar su vocación y atribución de aplicar la ley o se perderá en el pantano de la negociación. Acción, reacción, eso sí es asumir el costo político. Lo demás, sólo palabras al viento.
El poder se ejerce, no se negocia, pues se corre el riesgo de claudicar o de suplicar. El gobierno y pueblo de México hemos pagado ya una factura muy alta con miles de vidas perdidas, así como un clima de inestabilidad que ha impactado la paz social, la economía y el turismo. Compartir la autoridad y tolerar arbitrariedades es validar la impunidad y la corrupción de estos grupos criminales que imponen su ley con la violencia y el miedo, con el uso de la fuerza, desconociendo todo tipo de norma que no sea la establecida por ellos.
Nicolás Maquiavelo, en sus reflexiones, advierte que el poder reside en la voluntad de uno solo y se obtiene el principado, que no hay lugar para estados intermedios, que de registrarse éstos se produce la inestabilidad. Luego, entonces, es responsabilidad del gobierno ganarse la obediencia de sus gobernados y poner fin al juego de vencidas.
Vericuentos
Llueve sobre mojado
Ingrid y Manuel no sólo afectaron a varios estados del país, también ––dicen–– provocaron la cancelación del mensaje político de cada año en el Ángel de la Independencia por parte del secretario de Gobernación. Aunque otros maloras aseguran que la suspensión no fue por cuestiones climatológicas, sino magisteriales, que se ubican muy cerca de la glorieta emblema del DF. No cabe duda que llueve sobre mojado al gobierno tricolor, pues los flancos se amplían y todavía falta pasar la aduana de la ceremonia del 19, cuando se recuerda a las víctimas del sismo del 85. ¿Dónde cree? En el Zócalo.
Juicios orales
En Chihuahua, el gobernador, César Duarte, presentó a nombre de los tres poderes una iniciativa que tiene como objetivo que se legisle en esa entidad la creación de los juicios orales en materia civil y familiar. Se pretenden agilizar los procesos jurídicos en estas dos materias, los cuales se han caracterizado por ser demasiado largos. La entidad registra avances positivos con esta práctica en otras materias.
