Más allá de la utilidad pública y quizá hasta ejemplar de cómo los panistas se exhibieron tal como son y les dieron a los ciudadanos la confirmación de tantas sospechas sobre su imaginaria probidad, distinción, aristocracia democrática; principios dorados, fidelidad a los principios dorados y demás ingredientes de su largo blablablá, la situación es tan incierta como para decirlo sin ambages: han pasado del desmadre al “margallate”, si se me permite este sonoro americanismo cuyo uso describe algo enredado, farragoso, de difícil solución y a veces imposible comprensión.
Abstruso, complejo el caso en verdad, tanto como para confundir hasta a algunos de los reconocidos juristas nacionales, como Diego Valadez, por ejemplo, quien como la mayoría de quienes se asoman al asunto, se atora en su complejidad.
En esencia el caso es muy simple: el presidente del Comité Ejecutivo Nacional toma una decisión legal y estatutaria y otros a quienes esa determinación afecta en sus intereses grupales, se rebelan y no acatan la medida. ¿Quién se equivoca? Jurídicamente, los insumisos. Políticamente, todos. Y en su error arrastran al Partido, mientras en el lodazal aparecen gastos insólitos, errores administrativos, asaltos inmobiliarios, agentes del M.P., notarios y apestosos residuos en el ventilador: Todo salpicados.
–¿Ganan algo los ciudadanos con este pleito?
Con el pleito en sí, no ganan nada. Es bronca entre comadres y compadres. Pero con su secuela –la evidencia el manejo irresponsable del dinero–, ganamos todos. No por ver cómo se los prestan y reparten de manera obscena, sino por la comprobación de la obscenidad mayor: un Poder Legislativo donde los chorros de dinero rebalsan las bacinicas.
En eso nos deberíamos fijar los ciudadanos, en la forma tan obsequiosa y opaca como se maneja el dinero del presupuesto asignado por parte del Congreso para el Congreso. Quien parte y reparte, se queda…
Hoy los panistas han metido en dudas a todos:
¿A quien le corresponde poner orden?
Leamos esta transcripción de la entrevista concedida hace poco por Valadez, para agregarle elementos a nuestras dudas:
–“Entiendo –dijo– que es un conflicto estrictamente interno y de estatutos propios de la fracción y confieso que no conocía, pues de manera que no saber cómo está prevista la posibilidad de enmienda de esos estatutos, no tengo elementos para pronunciarme. Pero es efectivamente un conflicto interno que debe resolverse en las propias instancias de la fracción, en todo caso, del partido…”
Después le preguntan sobre la intervención de la Corte. No ha lugar, como dicen en la TV. Y más adelante acerca de si debería intervenir el Tribunal Electoral. Y esto dice:
–No, porque no se trata de un conflicto en el partido (¿por fin?). Si fuera un conflicto en el partido, desconozco, pudiera ser el caso, o sea, ahí estoy anticipándome, porque no conozco cómo están los estatutos.
“Pero si son aprobados por el partido, entonces es diferente. Sí hay derechos de los integrantes de un partido para recurrir ante el Tribunal Electoral, cuando vean lastimados, afectados, o lo supongan así, sus derechos dentro del propio partido.
–¿Es que una parte de la fracción dice (le preguntan) que ya fue notificada la Mesa Directiva (presidida por Cordero, casualmente) y por lo tanto ya tiene validez y quien deba inconformarse, debe hacerlo pero contra el Senado de la República.
–Lo lamentable de este caso, como de muchos otros en los que se plantean diferendos litigiosos, cuando se trata de procesos políticos, es que se lleve a eso, a la judicialización de los procesos políticos cuando debía todo resolverse en el ámbito mismo de la política. Yo creo que esto pasará y que la sensatez acabará prevaleciendo”.
Más allá de los buenos deseos de Don Diego, la sensatez parece ser la única ausente en este caso. Obviamente el asunto es un tema del partido y ocurre dentro del partido, por lo cual deberían tener injerencia el IFE y el Tribunal. ¿O cuanto ocurre en las fracciones parlamentarias deja de ser materia del partido mismo? No lo creo.
Otra pregunta es si un grupo de senadores puede modificar a su gusto los estatutos de una coordinación parlamentaria o esto debería ser materia del conocimiento general o de un Consejo. Quizá sean matices, pero en alguna parte debe estar la legalidad definitiva.
El Senado no legaliza asuntos de los partidos (eso lo hace el IFE con sus documentos, por ejemplo) y Cordero ha jugado un doble papel. Se notifica a sí mismo de sus acciones. Usa indebidamente el todo para legalizar una parte.
Madero, por su parte, empuja la opinión del Comité Ejecutivo y a través de su secretaria general, la siempre elocuente señora Romero, se explica a si mismo, se justifica y desconoce las acciones de sus adversarios. Todos son juez y parte. O mejor dicho, son parte, sin capacidad de juicio.
¿Y mientras?
Pues nada. Un espectáculo muy triste para quienes alguna vez creyeron en la pureza política del PAN y una confirmación de cuanto otros supimos hace mucho: son una manga de farsantes.
