La responsabilidad vacía

De un tiempo a esta parte el proceso judicial mexicano parece desembocar en el amparo contra sentencias en ejecución, ya sea en casos como los de Florence Cassez o en las dos ocasiones cuando reos por asesinatos masivos –Acteal— han sido liberados por falla previas.

Eso sin contar con los miles y miles de casos de inocentes presos cuya incapacidad económica o inexistencia política los hunde en el pozo injusto de condenas tramitadas así como así como si se tratara del desahogo administrativo de asuntos en el juzgado y sin contar con el drama humano y social de los encarcelamientos espurios.

La deshumanización del derecho aplicado a la privación de la libertad (¿podríamos imaginar esta sucesión de errores y horrores con la pena de muerte vigente?) no halla otro camino, ni siquiera en la Ley de Responsabilidad Objetiva del Estado, directa o subsidiaria, convierte todo asunto de esta naturaleza en una cuestión administrativa y sus consecuencias negativas (años y años de cárcel) se resuelven, en el mejor de los casos, con una solución pueril: usted dispense, se le dice a quien tras mucho tiempo, con la vida destruida, mira cómo se le abren las puertas de la cárcel para salir a un mundo tan hostil, como el recientemente abandonado.

Obviamente el encarcelamiento –llamémosle así a falta de mejor nombre– “teratojudicial”, por “teras atos”, (monstruo), es una expresión culminante del abuso del poder contra el ciudadano.

Y para remediarlo, compensarlo (evitarlo resulta imposible) nadie ha hecho absolutamente nada.

Si bien la ley citada de responsabilidad del Estado afirma la compatibilidad de su articulado con las acciones de las Comisiones Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Nacional, no ahonda en la reparación de daño tan grave como el robo del tiempo; del pasado, el presente y el futuro.

Un reo, como por ejemplo esos liberados por el caso Acteal recientemente, no podría compensar su encierro ni la exclusión social, ni las pérdidas de relación familiar. Y nadie los compensa siquiera con dinero. Ni eso.

Quizá por eso el diario español “El país”, cuyo criterio tanto pesa en el ánimo de los políticos mexicanos ha dicho (11 de abril):

“México ha cerrado este miércoles uno de los capítulos más oscuros de su historia judicial. La Corte Suprema ordenó la liberación inmediata de los últimos 15 condenados por el asesinato en 1997 de 45 indígenas en Acteal, una aldea de Chiapas, en el sur.

“El máximo tribunal del país reconoce que la Procuraduría –fiscalía- inventó pruebas, algunas de forma grotesca, para mandar a la cárcel a un puñado de inocentes. ¿Un ejemplo? Uno de los jueces encargados del caso llegó a copiar de Wikipedia una resolución de balística.

“El asesinato a sangre fría de medio centenar de indígenas que se encontraban rezando, entre ellos 18 niños y cuatro mujeres embarazadas, puso en entredicho al Gobierno de Ernesto Zedillo, el presidente mexicano de la época, al que la sombra de aquellas muertes persigue desde entonces. Su secretario de gobernación y el gobernador de ese estado, del mismo partido, dimitieron pero el caso se cerró en falso. En vez de buscar a los verdaderos culpables, las autoridades orquestaron una farsa para achacar la matanza a un conflicto entre comunidades indígenas.

“La Corte Suprema ha puesto de relieve con esta y otras resoluciones anteriores lo que venían denunciando desde hace años organizaciones por los derechos humanos y abogados penalistas: todo era una gran mentira para proteger a los verdaderos culpables. La creencia general es que quienes mataron a aquella gente, cercana a un movimiento zapatista en pleno apogeo, fueron grupos paramilitares financiados por el propio Gobierno”.

Ante el descubrimiento de esas patrañas y evidencias de falsedad inmunda, la libertad de esas personas podría ser una buena noticia, pero lo es parcialmente, falta la consecuencia contra el Estado. Y lo más vergonzoso, nadie desde la gestoría estatal de los derechos Humanos parece buscar una salida para tapar esta omisión.

La CNDH prefiere congraciarse con el gobierno actual en medio de sus fulgurantes golpes reformistas, simulando una Agenda Nacional de Derechos Humanos mediante un papasal de viejas recomendaciones o celebrando la nueva conducta del Ejército, para subirse al carro del “quedarbienismo”, y no colaborar –por ejemplo–, en una iniciativa legal para una figura de compensación a favor de quienes han sido, atropellados hasta el peor extremo por el Poder Judicial. Todo se reduce a lo administrativo civil.

–Usted dispense. Ahí acaba todo.

***********************

Uno de los fenómenos asociados a la violencia es el abandono inmobiliario. Bien por miedo o por empobrecimiento derivado de las inseguras condiciones para los negocios y la vida en general, pero muchas casas en el norte del país (el caso de Ciudad Juárez es notable) se han quedado vacías.

Vacías temporalmente pues al poco tiempos e convierten, en medio de la indefinición de su dominio, en manos de los delincuentes quienes las usan como madrigueras “de seguridad” o simplemente se las apropian.

Por eso resulta inteligente e imaginativa la solución hallada por el gobierno de César Duarte en Chihuahua: entregárselas a los policías como base patrimonial. Si bien en algunas partes se han iniciado (en el DF, por ejemplo) juicios de pérdida de dominio para inmuebles asociados con el delito, la salida chihuahuense resuelve dos problemas de golpe.

Por una parte merma la economía de los delincuentes y por la otra se ahorra la construcción de vivienda para los servidores públicos.

****************

Hace algunos días conocí una experiencia importante en el Instituto Mexicano del Seguro Social en Acapulco. Por razones de innecesaria divulgación, un niño fue remitido por la Unidad de Protección Civil en la Playa Bonfil, al hospital de medicina familiar en la colonia Colosio. Si usted no conoce la Colosio, no se imagina el subdesarrollo tropical.

Ahí esta la unidad del IMSS. El edificio es relativamente nuevo en medio del suburbio, a pesar de lo cual, con todo y la congestión, la actitud del personal médico, es profesional y adecuada.

El niño requirió traslado al hospital regional Vicente Guerrero. Un mundo, el hervidero. La ambulancia llegó oportunamente. La capacidad del hospital está obviamente rebasada pero la unidad de pediatría es correcta. Todo bien. Y lo más notable, el paciente no tenía en ese momento ni su “carnet” ni su número de afiliación. Pero fue profesionalmente atendido.

Y uno piensa cómo sería el servicio del IMSS sin la voracidad criminal del sindicato y el egoísmo de los patrones codiciosos siempre dispuestos a escatimar las cuotas, a evadir sus responsabilidades sociales y a contratar “por fuera” o a manifestar salarios menores con tal de hundir (alguna vez lo fue) a la mejor institución de la administración pública mexicana. Y lo están logrando.

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14abr13.cronica

EL CRISTALAZO SEMANAL

La responsabilidad vacía
RAFAEL CARDONA

De un tiempo a esta parte el proceso judicial mexicano parece desembocar en el amparo contra sentencias en ejecución, ya sea en casos como los de Florence Cassez o en las dos ocasiones cuando reos por asesinatos masivos –Acteal— han sido liberados por falla previas.

Eso sin contar con los miles y miles de casos de inocentes presos cuya incapacidad económica o inexistencia política los hunde en el pozo injusto de condenas tramitadas así como así como si se tratara del desahogo administrativo de asuntos en el juzgado y sin contar con el drama humano y social de los encarcelamientos espurios.

La deshumanización del derecho aplicado a la privación de la libertad (¿podríamos imaginar esta sucesión de errores y horrores con la pena de muerte vigente?) no halla otro camino, ni siquiera en la Ley de Responsabilidad Objetiva del Estado, directa o subsidiaria, convierte todo asunto de esta naturaleza en una cuestión administrativa y sus consecuencias negativas (años y años de cárcel) se resuelven, en el mejor de los casos, con una solución pueril: usted dispense, se le dice a quien tras mucho tiempo, con la vida destruida, mira cómo se le abren las puertas de la cárcel para salir a un mundo tan hostil, como el recientemente abandonado.

Obviamente el encarcelamiento –llamémosle así a falta de mejor nombre– “teratojudicial”, por “teras atos”, (monstruo), es una expresión culminante del abuso del poder contra el ciudadano.

Y para remediarlo, compensarlo (evitarlo resulta imposible) nadie ha hecho absolutamente nada.

Si bien la ley citada de responsabilidad del Estado afirma la compatibilidad de su articulado con las acciones de las Comisiones Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Nacional, no ahonda en la reparación de daño tan grave como el robo del tiempo; del pasado, el presente y el futuro.

Un reo, como por ejemplo esos liberados por el caso Acteal recientemente, no podría compensar su encierro ni la exclusión social, ni las pérdidas de relación familiar. Y nadie los compensa siquiera con dinero. Ni eso.

Quizá por eso el diario español “El país”, cuyo criterio tanto pesa en el ánimo de los políticos mexicanos ha dicho (11 de abril):

“México ha cerrado este miércoles uno de los capítulos más oscuros de su historia judicial. La Corte Suprema ordenó la liberación inmediata de los últimos 15 condenados por el asesinato en 1997 de 45 indígenas en Acteal, una aldea de Chiapas, en el sur.

“El máximo tribunal del país reconoce que la Procuraduría –fiscalía- inventó pruebas, algunas de forma grotesca, para mandar a la cárcel a un puñado de inocentes. ¿Un ejemplo? Uno de los jueces encargados del caso llegó a copiar de Wikipedia una resolución de balística.

“El asesinato a sangre fría de medio centenar de indígenas que se encontraban rezando, entre ellos 18 niños y cuatro mujeres embarazadas, puso en entredicho al Gobierno de Ernesto Zedillo, el presidente mexicano de la época, al que la sombra de aquellas muertes persigue desde entonces. Su secretario de gobernación y el gobernador de ese estado, del mismo partido, dimitieron pero el caso se cerró en falso. En vez de buscar a los verdaderos culpables, las autoridades orquestaron una farsa para achacar la matanza a un conflicto entre comunidades indígenas.

“La Corte Suprema ha puesto de relieve con esta y otras resoluciones anteriores lo que venían denunciando desde hace años organizaciones por los derechos humanos y abogados penalistas: todo era una gran mentira para proteger a los verdaderos culpables. La creencia general es que quienes mataron a aquella gente, cercana a un movimiento zapatista en pleno apogeo, fueron grupos paramilitares financiados por el propio Gobierno”.
Ante el descubrimiento de esas patrañas y evidencias de falsedad inmunda, la libertad de esas personas podría ser una buena noticia, pero lo es parcialmente, falta la consecuencia contra el Estado. Y lo más vergonzoso, nadie desde la gestoría estatal de los derechos Humanos parece buscar una salida para tapar esta omisión.

La CNDH prefiere congraciarse con el gobierno actual en medio de sus fulgurantes golpes reformistas, simulando una Agenda Nacional de Derechos Humanos mediante un papasal de viejas recomendaciones o celebrando la nueva conducta del Ejército, para subirse al carro del “quedarbienismo”, y no colaborar –por ejemplo–, en una iniciativa legal para una figura de compensación a favor de quienes han sido, atropellados hasta el peor extremo por el Poder Judicial. Todo se reduce a lo administrativo civil.

–Usted dispense. Ahí acaba todo.

***********************

Uno de los fenómenos asociados a la violencia es el abandono inmobiliario. Bien por miedo o por empobrecimiento derivado de las inseguras condiciones para los negocios y la vida en general, pero muchas casas en el norte del país (el caso de Ciudad Juárez es notable) se han quedado vacías.

Vacías temporalmente pues al poco tiempos e convierten, en medio de la indefinición de su dominio, en manos de los delincuentes quienes las usan como madrigueras “de seguridad” o simplemente se las apropian.

Por eso resulta inteligente e imaginativa la solución hallada por el gobierno de César Duarte en Chihuahua: entregárselas a los policías como base patrimonial. Si bien en algunas partes se han iniciado (en el DF, por ejemplo) juicios de pérdida de dominio para inmuebles asociados con el delito, la salida chihuahuense resuelve dos problemas de golpe.

Por una parte merma la economía de los delincuentes y por la otra se ahorra la construcción de vivienda para los servidores públicos.

****************

Hace algunos días conocí una experiencia importante en el Instituto Mexicano del Seguro Social en Acapulco. Por razones de innecesaria divulgación, un niño fue remitido por la Unidad de Protección Civil en la Playa Bonfil, al hospital de medicina familiar en la colonia Colosio. Si usted no conoce la Colosio, no se imagina el subdesarrollo tropical.

Ahí esta la unidad del IMSS. El edificio es relativamente nuevo en medio del suburbio, a pesar de lo cual, con todo y la congestión, la actitud del personal médico, es profesional y adecuada.

El niño requirió traslado al hospital regional Vicente Guerrero. Un mundo, el hervidero. La ambulancia llegó oportunamente. La capacidad del hospital está obviamente rebasada pero la unidad de pediatría es correcta. Todo bien. Y lo más notable, el paciente no tenía en ese momento ni su “carnet” ni su número de afiliación. Pero fue profesionalmente atendido.

Y uno piensa cómo sería el servicio del IMSS sin la voracidad criminal del sindicato y el egoísmo de los patrones codiciosos siempre dispuestos a escatimar las cuotas, a evadir sus responsabilidades sociales y a contratar “por fuera” o a manifestar salarios menores con tal de hundir (alguna vez lo fue) a la mejor institución de la administración pública mexicana. Y lo están logrando.