Mucha agua ha corrido por debajo de los puentes desde el célebre tratado de Friederich Meineke sobre el concepto del Estado y su razón –entre otras muchas cosas–, como lo más profundo y complejo del razonamiento político. Pero en México esa agua se ha ido por el drenaje.
El Estado –decimos–, como majestuosa catedral de la construcción intelectual humana, como asiento para todo lo demás; la ética, la cultura; la convivencia. Todo unido como tabiques sostenidos por la argamasa de la ley y la civilización; con instituciones respaldadas por la ética.
El Estado cuya preeminencia puede ser tan abrumadora como el ciego y brutal totalitarismo (de Esparta al Gulag) o tan cómodo y afable como el simple administrador de pensiones o servicios médicos, policías de crucero o ejércitos inactivos. Cada quien escoge.
El Estado benefactor, el Estado recaudador, el Estado invisible, el caritativo, el simbólico; el Estado incapaz y fallido o –como en México–, el Estado tullido, incapaz de actuar excepto en su contra y por encima de sus legítimos intereses y responsabilidades.
–¿Cuáles serían las condiciones necesarias para el cabal cumplimiento interno (frente a otros Estados los asuntos son distintos, de otra naturaleza) de los fines del Estado? Volvamos al mismo tratadista:
“…la razón de estado bien entendida e la república democrática (tan diferente de la razón de las monarquías o los estados totalitarios), exige precisamente que se revista al poder público, construido plebiscitariamente (elecciones libres) de toda la independencia y autonomía compatibles con este fundamento. La constitución de un cargo presidencia vigorosamente plebiscitario, ofrece más garantías que el parlamentarismo para gobernar el país de acuerdo con una sana razón de estado.
“El parlamentarismo lleva a los partidos a través de la máquina del gobierno y les dificulta la actividad demagógica en las siguientes elecciones ; es decir impregna a sus jefes den la Razón de Estado mientras gobiernan, pero solo por eso transitoriamente y el aire de las razón de Estado, respirado durante este tiempo se evapora rápidamente por temor a las reacciones del cuerpo electoral.”
En México no vivimos en el parlamentarismo, pero la autoridad de los órganos ciudadanos (como el IFE o el IFAI, por ejemplo) se constituye mediante el equilibrio de las fuerzas partidarias. Las cuotas de cada tendencia policía (casi nunca ideológica) sofocan las condiciones de avance democrático y convierten a las instituciones en botín.
Lo mismo sucede con las reformas, como por ejemplo, la educativa, sujeta en estos días a una nueva forma de presión: grupos de mayor o menor peso regional, legislan ( o fuerzan a legislar) desde el motín callejero la invasión de autopistas; la pedrea en contra de la voluntad constituyente del Congreso Nacional y las legislaturas locales. Ese es el caso de Oaxaca y principalmente Guerrero, sin olvidar la forma como grupos similares alteraron tras el intimidante vandalismo cuya expresión acobardó a los gobiernos federal y capitalino, la realidad jurídica en el DF tras los hechos del primero de diciembre.
Hoy como si fuera una broma se publica un protocolo para el uso de la fuerza cuya amplitud contiene hasta el uso de armas letales cuando las capacidades disuasivas se hayan agotado. Pues podrían haber puesto bombas atómicas, de todos modos no los van a usar.
Pero el asunto es más simple. ¿Debe el Estado ceder ante los reclamos de grupos profesionales de la queja y la protesta? ¿Debe hacerlo todo el tiempo aun a contrapelo de las decisiones tomadas de manera institucional?
El caso de la Reforma a Educativa, cuya determinación de ir hasta el fin cabe en la frase de Emilio Chuayffet de “no hay marcha atrás” es un ejemplo valioso para esta argumentación: aprobada en el Senado y en la Cámara de Diputados, elevada a rango constitucional por el suficiente número de congresos estatales, la reforma, al menos en Oaxaca y Guerrero (donde se concentra una interminable cantidad e profesores) esta destinada a hacerse, si se hace, de acuerdo con los intereses de los disidentes.
¿Y la fórmula consagratoria de la legitimidad a partir de la mayoría? ¿La validez de un proceso institucional, legislativo? Han muerto. Al menos en la esencia de esa caso.
Se ha dicho con exceso; el valor de una democracia se mide en la inclusión de sus minorías. Y eso es parcialmente cierto.
Vuelta a Meinecke:
“Todos los incrementos experimentados por el Estado moderno con la inclusión sucesiva de ideas y potencias liberales, democráticas, nacionales y sociales, incrementos que antes estábamos acostumbrados a enjuiciar de modo positivo, han desarrollado otra vertiente, poniendo a la razón de Estado en conexión con fuerzas a las que ya no puede dominar”.
El Estado comienza dejar sus espacios de operación política en manos de “movimientos sociales” o de organizaciones mercenarias de aprovechamiento crematístico.
Caso Michoacán:
“… El secretario de Gobierno, Jesús Reyna García, admitió que de momento el gobierno del estado no tiene una solución para los estudiantes normalistas que piden en forma automática la autorización de mil 200 plazas en el sector educativo y estimó que se requieren al menos 600 millones de pesos anuales para satisfacer esta demanda.
“Reyna García estimó que la entrega de las plazas no sólo enfrenta el problema de insuficiencia presupuestal sino que además el tema relacionado con la Reforma Educativa en la que se señala que no se puede ingresar al servicio educativo de esta manera, ya que en el Diario Oficial de la Federación se señala que todo ingreso, permanencia o ascenso en el ámbito educativo deberá ser mediante exámenes”.
Oaxaca y Guerrero:
“La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) logró imponer sus condiciones en materia educativa a los Gobernadores Ángel Aguirre de Guerrero y Gabino Cué de Oaxaca.
“En ambas entidades los maestros disidentes alcanzaron acuerdos con los administraciones locales para que se garanticen sus derechos laborales y su intervención directa en la evaluación al desempeño docente y de normalistas.
“Lo anterior en contraposición a la recién reforma educativa que modificó los artículos Tercero y 73 de la Constitución que establece un diagnóstico obligatorio hecho por un organismo independiente para el ingreso, la promoción y permanencia de los maestros dentro del servicio docente.
“En Guerrero, los maestros disidentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (CETEG) pactaron con el Gobierno estatal que se envíe al Congreso local una iniciativa de decreto para modificar la Ley General de Educación en la que se plantea la gratuidad de la enseñanza y el respeto a sus derechos laborales…”
En estos casos vemos como se ha diluido la razón de Estado. O dicho de otro modo, cómo el Estado ha perdido la razón.
AUTORITARISMO
Durante la emisión del viernes pasado (Santo) de la «Mesa polaca», como le llama Brozo a esa reunión del programa “El mañanero” en la cual Juan José Rodríguez Prats (PAN); Enrique Jackson (PRI); Ignacio Marván (PRD) y esta redactor analizamos y comentamos la realidad nacional, llegamos a conclusiones casi siempre distintas, como debe ser ante tal concurrencia de tendencias políticas, dije algo tan escandaloso como para escandalizar a más de uno.
Explico: debatíamos cosas similares a las escritas líneas arriba. Ignacio defendía el derecho de manifestación hasta sus últimas consecuencias, como debe ser para alguien de la izquierda. Rodríguez Prats hablaba de teoría del derecho y yo sostenía la condición de eunuco maniatada a la cual ha confinado al pobre “ogro filantrópico”.
Marván dijo: pero con todo estamos mejor que hace treinta años. Prats lo dudó. Jackson no fue esa mañana y como expresaría Perogrullo, no dijo nada. No estaba.
Y yo comenté con un pie en el estribo: “vivíamos mejor en el autoritarismo”. Pero como cuando uno habla no se escuchan las comillas, explico:
En el “autoritarismo” (como se habla del México de antes de la Reforma Política del 79) si se quería construir un aeropuerto se hacía. En la democracia “Montessori” de nuestros días no se hace nada. Con el alboroto “democrático” no se avanza. Y conste, no dije en la democracia.
¿Podría hoy Fonatur, por ejemplo, hacer un centro turístico como Cancún o Huatulco frente a la escandalera “comunitaria”?
Con el asambleísmo perpetuo no se hacen presas, ni centrales eléctricas (ahí esta La Parota), ni caminos, ni cosa alguna de provecho. A eso me refería, no a las libertades individuales.
