La inoportuna e inadvertida aparición de mensajes políticos en medio de las transmisiones deportivas del fin de semana solamente tiene un nombre: sabotaje. Para el secretario general del PRI, partido cuyas siglas entorpecieron el disfrute de los aficionados al futbol el sábado pasado (sin haber solicitado ese tiempo) es una decisión producto de la mala fe, no importa quién la haya tomado.
Para la historia quedan los tiempos de Enrique Herrera, quien al frente de la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, durante el gobierno de Luis Echeverría, le aplicó una multa de cuantía entonces considerable a Telesistema Mexicano nada más por haber cambiado el horario de difusión de un partido de futbol causando con ello perjuicios al público, entidad incorpórea de cuyo bienestar ahora nadie se ocupa desde la muy poco decorativa RTC.
La irrupción (e interrupción) de los mensajes políticos en espacios deportivos —fuera de los tiempos oficiales— solamente tiene una finalidad: exacerbar a los ciudadanos en contra del Instituto Federal Electoral y por extensión devaluar la apreciación hacia el sistema político nacional.
Quizá por eso Murillo Karam enfatiza este matiz: “La ley en ningún momento señala que los tiempos oficiales del gobierno, que administra el IFE, deban interrumpir abruptamente la programación.
“Los tiempos oficiales deben programarse entre los comerciales, pero nunca en medio de los programas. Los tiempos oficiales —explica— se usan permanentemente y nunca se había hecho de esta forma”.
Pero si al comienzo de esta columna dije que sólo tiene un nombre esa irrupción grosera y desconsiderada, sabotaje, la verdad tiene otro: venganza.
Los concesionarios se opusieron físicamente a las reformas electorales por las cuales se sacaron los mensajes políticos del mercado publicitario. Lo hicieron saber en una visita colectiva al Senado de la República, sobre la cual ha corrido demasiada tinta como para recordarla nuevamente.
Lo único perdurable de aquella reunión es la inconformidad de quienes consideraron las reformas lesivas a su negocio de venta de tiempo.
De entonces (marzo 2006) a la fecha otras han sido las formas de la queja. La negativa a aceptar los anuncios políticos, el rechazo a transmitirlos, los amparos contra la medida, la insistencia distorsionada en contra de la ley electoral misma y ahora la interrupción de programas para generar molestia e irritación contra la autoridad.
El juego es peligroso, pues enciende los ánimos contra los órganos del Estado (el IFE es uno de ellos) en momentos de debilidad institucional notoria.
Los concesionarios siguen jugando al aprendiz de brujo sin darse cuenta de cuánto se acerca su juego al aprendiz de dictador. Consideran, me dijo un especialista consultado, sus concesiones como cotos donde la ley no los toca. Viven amurallados en sus privilegios y no aceptan siquiera una modificación de aquello otorgado en calidad de usufructo de un bien público, como es el espectro radioeléctrico.
Cuando aquella tarde el senador Pablo Gómez les quiso recordar la circunstancia de sus concesiones y permisos, aludió a la condición de representantes populares de los senadores.
Un dueño de televisoras me dijo mientras bajábamos del quinto piso de la Torre del Caballito: “estos no entienden, se van a ir dentro de cuatro años y nosotros vamos a seguir toda la vida en el negocio”.
Pero lo notable es la falsa percepción de los concesionarios sobre sí mismos: el cumplimiento de la ley, cuando me atañe, es una cuestión de gusto personal o empresarial. Si quiero o si no quiero, si se me da la gana o no se me da. A mí nadie me dice cómo hacer las cosas.
Y eso es natural cuando se ha acumulado tanto poder. Lo innatural es la permisividad del gobierno (y quizá hasta su complicidad) en una industria cuyo peso social debería admitir una escrupulosa vigilancia y un total cumplimento de la ley, cosa absolutamente inexistente en materia de radio y TV en este país.
Por lo pronto, la finalidad se logró: poner de uñas a los espectadores deportivos, quienes aguardan con ansia e impaciencia la hora de su juego y se sienten agraviados, aun cuando el truco les impida saber quiénes se han burlado de ellos.
No quienes hicieron la ley, sino quienes de manera mañosa distorsionan su cumplimento.
