Por Guillermina Gómora
Turbulento arranque de año en materia de seguridad hemos vivido los habitantes de la zona metropolitana. La escalada de violencia ha sido tal que ahora elementos del Ejército patrullan algunos municipios del Estado de México circunvecinos al Distrito Federal. Nada nuevo, dirían connacionales de otros estados que padecen este cáncer y que han aprendido a subsistir entre cercos policiacos, militares, paramilitares y delincuenciales.
Por ello, cobra particular relevancia la puesta en marcha del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, a cargo de la Secretaría de Gobernación (Segob), y que a decir de Roberto Campa, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de ésta, operaría a partir de la primera quincena de febrero y estima que en un plazo de entre 14 y 18 meses se comenzarían a ver resultados medibles en materia anticrimen.
Ojalá y funcione dicha estrategia, pues la indignación social de millones de mexicanos ha llegado a su límite y cada día se conocen de nuevos casos donde los habitantes han decidido hacerse justicia por propia mano, como sucede en el estado de Guerrero, donde pobladores de municipios de la Costa Chica tomaron las armas, montaron retenes y hasta ordenaron toques de queda para contener al crimen organizado. En Michoacán, en lo que se conoce como Tierra Caliente, también se crearon grupos de vigilancia civil. La gente está harta de los abusos y decepcionada de que nada se haga pese a las denuncias presentadas.
El Estado de México y el DF no han escapado a este fenómeno. El año pasado pobladores de San Mateo Huitzilzingo, en Chalco, lincharon a tres hombres a los que acusaron de intento de secuestro; en diciembre del 2012, habitantes de Santiago Cuautlalpan, Texcoco, luego de colocar mantas con advertencias, lincharon y quemaron a dos ladrones. Mientras que en Xochimilco, hace tres meses, los residentes colocaron letreros con la siguiente advertencia: «Vecinos unidos contra la delincuencia, estamos artos (sic) de tanta delincuencia, no te hagas el sospechoso, si se te sorprende robando, actuaremos directo sobre de ti y no serás remitido a las autoridades ¡te vamos a linchar!». Y santo remedio, dirían las abuelas, los asaltos disminuyeron. Pero, ¿y las autoridades dónde están, qué hacen?
Urge instrumentar nuevas estrategias a nivel nacional, no es sano para nuestro país con un tejido social severamente dañado el surgimiento de grupos civiles armados. La gente vive con miedo, con coraje, se mueve en esa ambivalencia, no tiene la cultura de denunciar ante el Ministerio Público ni confía en los policías. De ahí que los ciudadanos hayan optado por la movilización social y ¡cuidado!, porque puede salirse de control y crear organizaciones alternas o terminar en hechos funestos como lo hemos visto.
Hoy el cerco militar se ubica en los municipios de Nezahualcóyotl, Ecatepec, Zinacantepec, Huixquilucan, Naucalpan, Tlalnepantla y Atizapán, en los que viven casi 4 millones de personas, según el último conteo del INEGI. La violencia en el Valle de México en lo que va del 2013 ha dejado más de 75 muertos. Al respecto el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció la puesta en marcha de un operativo conjunto en las carreteras del país con el propósito de desalentar las acciones del crimen organizado, y reiteró que el Ejército no saldrá de las calles mientras se necesite y en tanto se pueda avanzar en el fortalecimiento de las policías estatales y municipales.
Sin duda, el reto de preservar la seguridad requiere de una gran cruzada, como la que se diseñó para combatir la pobreza y el hambre en México. El presidente Enrique Peña lo sabe y así lo manifestó en su gira por Chile: “La violencia está relacionada con la falta de oportunidades y con instituciones de seguridad y justicia débiles”. Sí, un pueblo con hambre y sin opciones reales de empleo y educación se convierte en presa fácil de la delincuencia y en la víctima ideal del crimen organizado que ha sentado sus reales en el secuestro y la extorsión.
Resulta imperativo entonces instrumentar una política de Estado eficaz, por la seguridad y procuración e impartición de justicia con respeto a los derechos humanos, para combatir la violencia no sólo con cercos policiacos y militares, sino fomentar programas educativos, deportivos y de empleo a fin de evitar que los jóvenes pasen a engrosar las filas de grupos delictivos, de las adicciones a las drogas y el alcohol. Roberto Campa ha dicho que el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia estará dirigido fundamentalmente a los jóvenes y contará con un presupuesto inicial de 2 mil 500 millones de pesos que se canalizarán a varias secretarías, entre ellas Gobernación, Desarrollo Social, Economía, Educación Pública, Trabajo y Salud.
Atacar el problema desde su origen, restaurar el tejido social, arrebatarle al crimen organizado y a los narcotraficantes el espíritu de nuestro pueblo de lucha, de trabajo, de solidaridad social, que nos secuestraron para tejer su red de terror y destrucción, se convierte en una gran oportunidad para los gobiernos, federal y estatal, que deben responder a sus electores y confirmar que son una mejor opción, que piensan en grande y que saben cumplir sus compromisos. Todos somos responsables de lo que pasa en México.
Vericuentos:
Aires de civilidad
Los senadores se declaran listos para el periodo ordinario de sesiones que arranca el próximo 1 de febrero, luego de sus reuniones plenarias. Los grupos PRI, PAN y PRD tienen en lista de espera la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción y las reformas energética y de telecomunicaciones. Quizá por ello el panista Ernesto Cordero, presidente de la Mesa Directiva, y el priista Emilio Gamboa aceptaron la invitación del perredista Miguel Barbosa de acudir al cónclave del sol azteca. Ojalá prevalezca ese ánimo durante los debates.
Penal de “10” en Chihuahua
Una buena noticia en materia de seguridad: el gobernador de Chihuahua, César Duarte, recibió de la American Correctional Association (ACA) en Houston, Texas, la Certificación para el Centro de Reinserción Social No. 1 de la capital del estado, que lo acredita como el primero en Latinoamérica con un alto estándar de operación y programas de rehabilitación administrado por una entidad federativa, calificación que solamente tienen el 20 por ciento de los penales de los Estados Unidos.
