La libertad de Florence Cassez tiene varios autores intelectuales. Los principales, Isabel Miranda, María Elena Morera y Alejandro Martí cuyas protestas en los momentos de la conveniente (a todas luces) aplicación del Tratado de Estrasburgo impidieron el traslado de la entonces reclusa de una cárcel mexicana a una prisión francesa.
Es decir, sin esa alharaca, la Cassez habría salido para purgar condena (así se le hubiera reducido la pena), no a desayunar al Elíseo convertid en una “vedette” (en el sentido francés de la palabra celebridad), como más tarde ocurrió.
Los abogados de Florence, ni en sueños pensaron un mejor escenario. Ella misma dijo a “Le Figaro” en marzo del 2009: no quiero el amparo, quiero la extradición.
Y cosas de la vida, la torpeza diplomática de Felipe Calderón, su desesperado aprovechamiento del movimiento de las “víctimas” del trinomio Wallace-Morera- Martí, como aval (fracasado a fin de cuentas) de su estrategia de (in) seguridad, les entregó en bandeja la paradójica liberación de una secuestradora o al menos de una cómplice de los secuestros.
La señora Cassez no fue exonerada ni mucho menos; simplemente logró el amparo contra una sentencia injusta por un proceso indebido. Y a eso colaboraron quienes se dicen desde entonces defensores de los secuestrados y cuya mayor prueba de eficacia era dejarla 60 años en la cárcel. Lejos de eso, contribuyeron a su libertad.
Si yo estuviera en el caso de la francesa, le mandaría hacer una estatua a la señora Wallace en medio de las Tullerías. Sin ella, se habría quedado en el bote xochimilca.
Si Felipe Calderón no hubiera jugado al defensor de las víctimas, con intenciones de aprovechamiento político del entonces existente prestigio de la señora Wallace (ahora mermado desde su habilidosa candidatura panista) todo se habría terminado con Nicolás Sarkozy llevándose a su reclusa para instalarla en un reclusorio femenil de Francia.
–¡No!, gritaban las señoras y señores victimólogos; ¡no! Si se la llevan a Francia, la van soltar; no lo podemos permitir. A cambio de eso la soltaron los mexicanos. Peor, imposible.
Si Florence Cassez se hubiera ido de acuerdo con un protocolo de sentenciados, habría permanecido en prisión más tiempo. No sé si un año o un día, pero más tiempo del cumplido en México como parte de su cadena casi de perpetuidad. Sesenta años de prisión (de una condena originalmente de 90) es una eternidad.
La cantaleta de los movimientos sociales, asociada con el aleve aprovechamiento de FCH para cooptarlos en busca de opiniones favorables o al menos sordina ante su desbarajuste (demasiado costosas, como ahora se ve) logró a fin de cuentas un efecto absolutamente contrario: en vez de soltarla con una condena encima, la soltaron con un amparo liso y llano. Lisa y llanamente un tiro por la culata.
Y hoy el PAN sale con una perorata cuyo viscoso contenido cabe en una batea.
Por aquellos días, con una actitud no se sabe si justiciera, llamativa o vengativa, la señora Wallace pujaba por sostener como en subasta los años de la condena. Y en ese estira y afloja basaba su oposición al traslado (una vez más) de cárcel a cárcel.
México, para ese tiempo, había cumplido. Había investigado los delitos, había aprehendido a los delincuentes (con todo y montaje); los había procesado y sentenciado. Estaban presos y purgaban condena.
Si una de ellos podía ser mudada a otra cárcel, en otro país, sujeta a la pena corporal allá prevista (quizá de veinte o treinta años menos), la sentencia debía ser cumplida en su totalidad, así fuera menor.
¿Ah! Pero la señora Wallace dijo no. Y con ella el coro de los irreflexivos.
A fin de cuentas todo quedó para la “demosielle Cassez” en siete años de cárcel y una notoriedad cuyo rendimiento veremos pronto en producciones cinematográficas, libros y ensayos en “Le Monde”. Además de hacerla víctima (García Luna; no la Corte), los del triángulo ciudadano la hicieron rica. Muy rica.
Pero estas cosas suceden cuando un gobierno no tiene la entereza suficiente para cumplir con sus obligaciones. Ni en lo interno, ni en lo externo.
Hoy, cuando la farsa de Genaro García Luna estremece la conciencia de los buenos y los políticamente correctos (hasta la CNDH despierta de su letargo), viene siendo momento para exigir explicaciones, pedir cuentas y dejarse de cuentos.
Varios procuradores pasaron por la silla de la PGR en este lapso: Daniel Cabeza de Vaca, Eduardo Medina Mora (quien fue además secretario de Seguridad Pública), Arturo Chávez Chávez, Marisela Morales. ¿Ninguno de ellos tuvo vela en el entierro? ¿Ninguno tiene ahora una opinión útil, más allá de escurrir el bulto?
Ya no alcanzan las jofainas para lavarse las manitas.
Cuando José Luis Soberanes era Ombudsman nacional, la CNDH intervino y logró ante la PGR la exculpación del reportero Pablo Reinah en el montaje por el cual lo corrieron de su trabajo con una jugosa indemnización y un compromiso de no alzar el oleaje de por medio.
La CNDH de entonces actuó a través del programa de Agravio a Periodistas y se obtuvo la confirmación de la farsa escenográfica de García Luna.
Los demás, hasta el día de hoy (procuradores y el actual Ombudsman) nunca dieron la cara. Quizá por esa razón, el diario “La Razón” ha bautizado al omiso doctor Raúl Plascencia (cuya solicitud de investigar a García Luna llega tarde y sin utilidad), como el “ombudslight”.
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Completamente previsible la futura reacción del general Tomás Ángeles. Regresará a su habitual discreción. No me lo imagino como si fuera el Conde de Montecristo, sediento de venganza. La demagogia panista, aunada a la impericia exhibicionista de la ex procuradora Marisela Morales, le jodieron los últimos años de su vida.
Por desgracia para él y su familia ya nada será igual. El tiempo perdido, las humillaciones, la murmuración, el daño físico, económico y moral al cual lo sometieron para nada, sin motivo, sin argumentos ahí queda.
Todo por un sucio, juego de poder –dentro y fuera del Ejército–, al cual se prestaron quienes tiene por obligación –o tenían— la procuración de justicia. Una culpa más en el pesado fardo del desprestigio de Felipe Calderón. Otra muestra de su rencorosa e inútil conducta.
Los periodistas y los electores podemos decir esto y más, sin ser amenazados por el panismo naufragante con salirse del pacto: ¿También este mérito se lo querrán adjudicar como ejemplo de su «exitoso” paso por el gobierno del cual dicen sentirse orgullosos?
Cuando Ángeles fue aprehendido y sometido al indebido y anticonstitucional arraigo sucesivo, muchos expresamos dudas sobre su culpabilidad. Esta columna jamás creyó las versiones de Jennifer ni en la credibilidad de la PGR, tan equívoca en este caso como en otros. Como otros miles de personas la hija y la esposa del general, con quienes una tarde me topé por casualidad, me escucharon o me vieron en Telefórmula cuando comenté, más o menos, lo anterior.
Me abordaron y después de agradecerme los comentarios vertidos sobre la honorabilidad de su padre, a quien conocí en la Sedena cuando era secretario del General Enrique Cervantes, me enseñaron el auto manejado por una de ellas.
–Mire, este es el coche de mi papá, ¿usted cree –y yo veía el viejo compacto japonés –, que este es el carro de un hombre metido en negocios turbios?”.
Hoy la Procuraduría General de la República, en manos de un profesional, se ha desistido de las acusaciones. Y eso debe ser motivo de tranquilidad para la familia, por una arte, pero también evidencia de la justificada indignación de los últimos meses.
–¿Quién repara el daño? ¿Quién repone el tiempo perdido en el encierro?
Ojalá este fallido asunto sea el detonante de algo absolutamente necesario para este país: la eliminación absoluta de la figura del arraigo. No es posible darle categoría constitucional a semejante atropello, en un mundo en el cual se supone el respeto a los Derechos Humanos como base de todo el sistema jurídico nacional.
Y de paso, revisar –como ofreció el senador priista Emilio Gamboa, coordinador político del Senado, en su charla con los medios, antes de la comida con el Presidente Peña-, la legalidad (yo diría ilegalidad e inmoralidad) de la utilización de los testigos protegidos cuyos dichos tienen la utilidad ahora reconocida por la PGR.
