Hace unos días, cuando la resolución de la Corte en el célebre “affaire” Cassez era materia de todas las opiniones y presiones habidas y por haber, contra la Corte, la ex candidata del Partido Acción Nacional, Isabel Miranda de Wallace, la más firme opositora a los hechos finalmente ocurridos en la restauración del orden judicial, dijo en un artículo publicado en “El Universal”:
“Hoy la SCJN está frente a un desafío, ya que con la resolución de este caso se estarán fijando los criterios para juicios futuros, no solo los coimputados de la señora Cassez, sin también los muchos secuestros que suceden en el país y los millones de delitos graves que laceran a las familias mexicanas…”
Ese sólo párrafo muestra la confusión plena en torno de cuando la Corte hizo. La Suprema no juzgó a los delincuentes; juzgó al Estado, a sus agencias de seguridad, al intento liso y llano (como el amparo concedido) a quienes fingieron, recrearon, manipularon evidencias, trastocaron el orden de los hechos, indujeron la confesión de testigos y víctimas y a fin de cuentas pervirtieron todo un proceso.
Y lo peor, por ese grosero manoseo, impidieron el sano ejercicio de la justicia, como pudo haber sido si, nada más, se hubieran dedicado a hacer su trabajo sin pretender mediante el montaje espectacular, hacernos creer en una eficacia cuya mejor prueba eran sus resultados sin escenografía.
La señora Miranda se equivoca cuando instala el problema en la Corte y se aleja de la raíz de las cosas. Tanta indignada vehemencia la debió haber dirigido contra quienes con su conducta mancharon las cosas y le dejaron una puerta de salida a los culpables.
Eso fue lo peor: para garantizar un bien mayor (y como ella dice, para futuras ocasiones); la legalidad en las capturas, la garantía del debido proceso y la verdadera presunción de inocencia, la Corte debió pasar por encima de la culpabilidad.
Hace muchos años un amigo sufrió el incendio de su casa. Me fue a ver al periódico furioso. Los bomberos habían entrado a rajatabla (rompieron la puerta con un hacha) y para apagar el fuego destruyeron cuadros y libros. Los quería demandar, acusar y quien sabe cuántas cosas más. Pero tenía casa.
Si se me perite ese símil, los defensores (y quien sabe si lo sean tanto) de los secuestrados en “Las chinitas”, deberían acusar al incendiario; no a los bomberos.
“Las víctimas –ha dicho IMW—no tienen voz (¿ni la suya?), ni poder político (¿una candidatura del PAN al gobierno de la ciudad no es poder político?) y mucho menos los recursos como los que se han desplegado en este caso en defensa de la persona acusada (y procesada, diría yo)”.
Y dice más:
Cómo explicar a los ciudadanos que después de que el propio poder judicial ha sentenciado a la señora Cassez en tres diferentes instanciás, hoy se podría intentar borrar todo lo actuado (no se borró, se corrigió). Existen pruebas suficientes para declararla culpable y es momento de hacer valer la ley”. Pues así nada más explicando la perversión del proceso y la nulidad jurídica de un juicio seguido en esas condiciones.
“Es momento de hacer valer la ley? Eso se hizo. ¿La ley quebrantada por FC y sus Zodiacos o la ley quebrantada por La Agencias Federal de investigaciones en sus prisas autopromocionales y sus montajes mediáticos en los cuales los detenidos fueron usados como “extras” en una película del “Rambo” García Luna.
“La corte –prosigue IMW–, debe enviar un mensaje que no propicia la impunidad”. A mi juicio lo ha hecho. Quien propicia la impunidad es quien se salta procedimientos y garantías en un afán publicitario.
Hoy las cosas ya no tienen discusión. La mujer cuyo delito fue parcialmente pagado la sociedad con siete años de cárcel (son muy pocos, dicen los agraviados) se marchó a Francia presurosa. Allá contará su verdad, Gallimard o alguna prestigiosa casa editorial le hará una biografía a cuya presentación irán desde el “clochard” hasta Sarkozy. Quizá hasta la eleven a categoría de Juana de Arco. Allá ellos.
“Si a la imputada le violaron algunos derechos humanos (qué tanto es tantito, parece decir) que se los reparen en la medida en que se afectó el debido proceso”, dice IMW en otra parte de su colaboración. Estas son líneas fundamentales. Aún cuando escribe con el condicional “si”, IMW reconoce la consecuencia de una violación de Derechos Humanos. En este caso “algunos”. No uno.
“…que se los reparen en la medida en que se afectó el debido proceso:…” Pues eso, exactamente eso, se hizo.
Y para concluir diré esto, cuando la señora Isabel dice sin rubor: “los secuestradores son quienes violan los derechos humanos de las víctimas. Hoy las víctimas no queremos quedarnos con las manos vacías, exigimos justicia y debido proceso”, no hace sino patalear en una alberca viscosa.
Los secuestradores cometieron delitos, no violaron derechos humanos. Eso se hace desde el poder o no se hace. Y si las manos se les quedaron vacías, deberían reclamarle a quien con su conducta propició el amparo.
Insisto, la corte no juzgó a Cassez; juzgó al Estado o a la parte farsista del aparato de procuración de justicia, a la extinta AFI y a un señor cuya impunidad todavía agravia: Genaro García Luna, el responsable de todo. La Corte –y en buena hora–, no fue al follaje; se metió hasta la raíz y la arrancó.
Así fueron las cosas. De ahora en adelante cuidarán los protocolos, las actuaciones y su conducta. Si no, se les seguirán cayendo los casos uno tras otro.
