Cuando el año agonizaba el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, emitió otro sorpresivo nombramiento: Porfirio Muñoz Ledo, el eterno e infatigable Porfirio, comisionado para la reforma política de la capital del país.
Dicho de otro modo, Mancera ha convertido a Muñoz Ledo en el constitucionalista de la más importante ciudad cuyo destino depende, en mucho, de cómo esta ciudad se transforme en uno más de los Estados (unidos) de la República.
El asunto podría ser visto, si se quiere, desde la simplificación del chambismo, lo cual sería injusto para ambas partes. Yo prefiero mirarlo como la evidencia de calidad del gobierno de Mancera. Primero con la incorporación del ingeniero Cárdenas y ahora con la de PML. Cosas de la vida, quienes se distanciaron a partir de una revelación de los encuentros entre Cuauhtémoc y Salinas, se cobijan hoy bajo el mismo paraguas.
También es indispensable una comparación.
Los afanes de trasformación política de la ciudad no tienen medida junto a los de Marcelo Ebrard quien tuvo un arrebato frívolo en cuanto al asunto de producir una Constitución para el DF, y no halló bajo la faz de la tierra a nadie para ese afán. Se lo encargó a un hombre de notoria mediocridad intelectual: Alejandro Rojas Díaz Durán quien desde la secretaría de Turismo organizaba concursos de prolongación oscular llamados “Besotones”.
Porfirio Muñoz Ledo mira las cosas desde otro ángulo. Ni siquiera sus detractores, de los cuales hay muchos, han podido jamás eludir su formación política, sus defensas culturales y su proverbial inteligencia. Muñoz Ledo, defectos aparte, ha sido uno de los grandes promotores de las actuales condiciones democráticas del país, sean estas suficientes o insuficientes; terminadas o en proceso.
Y en cuanto a sus preocupaciones por las condiciones jurídicas de la ciudad de México, pues hay un vasto trabajo detrás suyo. Ya desde la presentación de aquel célebre proyecto suyo de la Nueva República, se planteaba el traslado de la capital nacional y la erección de un nuevo estado republicano.
Tras la reunión de noviembre de Mancera con los senadores en el Palacio de Minería, la cual fue considerada como el arranque de este intento transformador de la condición misma del DF, Muñoz Ledo escribió algo interesante. Más interesante ahora.
Así decía:
“…En 2001 se presentó un proyecto de reformas a la Constitución federal que hiciera posible la plena autonomía de la ciudad: éste fue aprobado por unanimidad en la Asamblea Legislativa y por una abrumadora mayoría en la Cámara de Diputados; no obstante, fue frenado en la Cámara de Senadores….
“En 2007 la Comisión Ejecutiva para la Negociación de Acuerdos (Cenca) presentó un nuevo proyecto de reforma al artículo 122 constitucional que nunca fue dictaminado. Ello condujo a que la Asamblea Legislativa elaborara y aprobara unánimemente otra
iniciativa de reforma en sentido semejante, al que se añadió un “estatuto de capitalidad” para regular las relaciones entre los poderes federales y los de la ciudad.
“Las coincidencias entre los proyectos presentados durante una década son notables. Se trata, sin lugar a dudas, de un proceso histórico continuo que ha sido represado en varias ocasiones, tanto por razones circunstanciales como por reservas atávicas. “De ahí el significado que puede revestir la aceptación en principio por parte de los actores políticos de una reforma de esta envergadura”.
2.- Desde el año 2000 la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado había propuesto impulsar una constitución política para la ciudad. Habíamos reflexionado que la ausencia de dicho texto era una suerte de eslabón jurídico perdido. No tiene sentido que, según la fórmula legal, los funcionarios protesten “cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen”, cuando se carece de aquélla. Nadie podría afirmar en sana lógica que las leyes del Distrito Federal “emanan” directamente de la Constitución federal. A todas luces les hace falta una carta propia que establezca lineamientos generales y un ámbito jurídico de acción.
Esta constitución, como todas de las que disponen los demás estados, consolidaría la autonomía de la ciudad, establecería además su calidad de albergue de los Poderes de la Unión y por ende capital de la república. Reconocería la plenitud de derechos políticos para sus habitantes y contendría una carta de derechos y prerrogativas para la ciudad.
Consideramos entonces la definición de nuevas demarcaciones territoriales y nos inclinamos por la remunicipalización del DF, con órganos colegiados de gobierno encabezados por un alcalde. Hacíamos así honor a los principios de proximidad y de subsidiaridad, acercando la autoridad a la gente y evitando la injerencia de otros órdenes de gobierno donde el poder local tiene capacidad para actuar. Recomendamos al respecto la multiplicación de mecanismos de participación ciudadana que permitiesen la inserción de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas.
En 2001 se presentó un proyecto de reformas a la Constitución federal que hiciera posible la plena autonomía de la ciudad: éste fue aprobado por unanimidad en la Asamblea Legislativa y por una abrumadora mayoría en la Cámara de Diputados; no obstante, fue frenado en la Cámara de Senadores. En 2007 la Comisión Ejecutiva para la Negociación de Acuerdos (Cenca) presentó un nuevo proyecto de reforma al artículo 122 constitucional que nunca fue dictaminado. Ello condujo a que la Asamblea Legislativa elaborara y aprobara unánimemente otra iniciativa de reforma en sentido semejante, al que se añadió un “estatuto de capitalidad” para regular las relaciones entre los poderes federales y los de la ciudad.
Las coincidencias entre los proyectos presentados durante una década son notables. Se trata, sin lugar a dudas, de un proceso histórico continuo que ha sido represado en varias ocasiones, tanto por razones circunstanciales como por reservas atávicas. De ahí el significado que puede revestir la aceptación en principio por parte de los actores políticos de una reforma de esta envergadura.
