Perdidas en el barullo del fin de año aparecieron en los últimos días de diciembre algunas notas importantes en torno del desempeño de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuyo presidente parece estar más ocupado en preparar su acercamiento al gobierno de Enrique Peña como estrategia para su reelección (nov 2013) y menos en atender las consecuencia de los abusos del poder –ese o cualquiera otro— en contra de los ciudadanos.
La primera nota importante tiene relación con un penoso caso ante el cual la única respuesta fue de orden administrativo interno: un funcionario de la propia Comisión acusado de intimidar, acosar y violar a varias empleadas bajo su mando.
Si bien el responsable hoy está procesado, su condición penal no se debe a la actitud de la comisión como protectora de las víctimas, sino a la tenacidad de las agraviadas y sus abogados ante el Ministerio Público.
–Pero si ya renunciaron, de eso se encargó el órgano interno de control, dijo el comisionado cuando se le advirtió del riesgo de no ser capaz de responder de manera adecuada la pregunta, ¿qué pasa en la CNDH?
El caso del ex coordinador de Comunicación Social fue atendido en el peor de sus momentos como un asunto burocrático; no como un delito. La Comisión simplemente lo hizo a un lado pero lo encubrió de manera disfrazada. Al menos eso dicen las mujeres ofendidas quienes jamás pudieron exponerle su caso directamente al reacio presidente de la Comisión cuya puerta permaneció siempre cerrada ante cualquier reclamo o solicitud de audiencia.
Dice así la información publicada en “La Jornada” el pasado 15 de diciembre:
“Los actos de abuso y hostigamiento sexual presuntamente cometidos por Jorge Arturo Zárate Vite, ex coordinador de comunicación y proyectos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), contra tres ex empleadas de la institución fueron “solapados” tanto por el ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, como por el primer visitador general del organismo, Luis García López-Guerrero, quienes nunca actuaron en favor de las víctimas.
“…Con todo respeto a la institución, las autoridades solaparon a esta persona, que se jacta de tener muchos contactos. Raúl Plascencia nunca las recibió y Luis García les dijo que las iban a mover del área donde estaba Zárate, pero finalmente las dejaron ahí y comenzaron a sufrir hostigamiento laboral hasta que se vieron orilladas a renunciar”, lamentó el abogado.
“Así lo afirmó Emiliano Robles Gómez Mont, representante legal de las demandantes, quien lamentó la falta de acción de las autoridades, supuestamente encargadas de velar por los derechos humanos, y anunció que la finalidad de las personas agredidas no es obtener dinero mediante su queja, sino advertir sobre la situación que vivieron para que ninguna otra mujer pase por el mismo trance.
“Se presentó una denuncia ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, de la Procuraduría General de la República (PGR), y el Ministerio Público consideró que existían elementos suficientes para ejercitar la acción penal y emitir una orden de captura”, que fue ejecutada el pasado jueves, informó el litigante a La Jornada”.
Otra información, ésta relacionada con los defectos técnicos de la CNDH proviene del programa «Atalaya» del Instituto Tecnológico Autónomo de México, publicado en el diario “Reforma” el pasado día 26, todavía con aroma de romeros y bacalao recalentado:
“…Las omisiones y fallas en las investigaciones que realiza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos impiden generar certeza sobre denuncias que involucran a autoridades y favorecen la impunidad, advierte un reporte del Programa Atalaya del ITAM y Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
“El informe indica que, pese a mejoras en la atención de víctimas de abusos, el organismo se encuentra lejos de cumplir con estándares internacionales de documentación de violaciones a los derechos humanos.
“El texto titulado «Desempeño de la CNDH en la Atención de Quejas contra la Policía Federal» destaca que, en el análisis de varias decenas de expedientes de reclamos contra dicha corporación, se encontró que en el organismo prevalecen diversas omisiones injustificadas en la atención de las quejas por tortura, cateo ilegal, detención arbitraria, incomunicación, falsa acusación y robo, entre otras violaciones.
«En las quejas analizadas no se encontró evidencia de que el organismo haya solicitado a la autoridad el acceso a los registros fotográficos de los agentes policiales que, por las circunstancias de tiempo y lugar, podrían estar involucrados en los hechos denunciados», detalla.
«En ningún caso comprendido en la muestra la CNDH ejerció su facultad legal de citar a servidores públicos de la Policía Federal a comparecer en calidad de testigos de los hechos atribuidos a miembros de la dependencia, ni tampoco emitió acuerdos de trámite a servidores públicos en el contexto de la investigación de torturas y otras presuntas violaciones a los derechos humanos».
Mientras tanto sin mayores aspavientos ni investigaciones académicas, desde su humilde condición de víctima, Juan Manuel Castañeda, padre del joven Luis Enrique, “levantado” en Michoacán y olvidado por las autoridades, dice:
“…la CNDH esta de adorno. Nomás hacen presencia y luego se olvidan de todo (La jornada de Michoacán, 23 de diciembre)”.
Vaya, vaya. Solapar el delito y favorecer la impunidad. Bien va la cosa para el “adornito”.
