Por: Guillermina Gómora Ordóñez
Trabajo quirúrgico deberán realizar en el Congreso los legisladores del PRI y lograr que avance la iniciativa de Enrique Peña Nieto para crear la Comisión Nacional Anticorrupción. Corrupción, actividad tan deleznable desde cualquier punto de vista, que cuesta al país 1.5 billones de pesos al año, lo que equivale a 10% del Producto Interno Bruto. Dicho porcentaje es similar al que las empresas destinan de sus ingresos para el pago de sobornos, y de esta forma poder operar; lo anterior, de acuerdo con datos del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado.
La corrupción es un mal social que se registra en diferentes ámbitos tanto públicos como privados, no se limita al gobierno solamente, contamina todas las esferas de la vida: la escolar, empresarial, laboral y comercial. Lamentablemente, en México no es extraño hablar de este problema que impacta negativamente al sistema económico, a las instituciones, a la legitimidad de la democracia y la procuración de justicia. Su efecto devastador es extremadamente grave; funciona como un factor de desintegración social que provoca enriquecimiento ilícito, en cualquier forma posible, como el soborno, la extorsión, el fraude o algún otro método.
El esfuerzo por erradicarla no es nuevo. En los años ochenta, Miguel de la Madrid promovió la renovación moral de la sociedad y creó la Secretaría de la Contraloría General de la Federación (Secogef), y Vicente Fox impulsó el «Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo». Buscaban atrapar “peces gordos”, como declarara su zar anticorrupción, Francisco Barrio. Y hasta la fecha ninguno ha picado el anzuelo. Esta dependencia sólo ha servido como instrumento político a los gobiernos en turno.
La propuesta de iniciativa de reforma constitucional que envió el Presidente electo, Enrique Peña Nieto, al Senado de la República y que se presentó ante el pleno, reforma y adiciona 9 artículos de la Constitución, el 22, 73, 79, 105, 107, 109, 113, 116 y 122. Propone: facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de combate a la corrupción a fin de sancionar dichos actos y que las responsabilidades administrativas y penales sean iguales en todo el país. Se pretende que la Comisión Nacional Anticorrupción sea la instancia encargada de prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción en materia administrativa cometidos por los servidores públicos de la Federación, así como por cualquier particular, ya sea persona física o moral.
Un dato relevante es que la Comisión Nacional Anticorrupción será autónoma, contará con personalidad jurídica y patrimonio propios. Igual que el IFE y el IFAI, estará facultada para impulsar, de forma prioritaria, acciones y programas de carácter preventivo; podrá conocer y seguir de oficio casos a través de demandas para asuntos de gran valor administrativo y por Reportes Ciudadanos para situaciones donde sean victimizados por actos de corrupción en trámites menores. Las personas que denuncien podrán verificar y seguir a través de un programa electrónico de libre acceso la ruta de su acusación. Esto a diferencia de cómo opera actualmente la Secretaría de la Función Pública, que realiza una persecución discrecional y selectiva.
En este caso, la iniciativa enviada al Congreso contempla la protección de la integridad de las personas que denuncian y la penalización de las falsas demandas. Para quienes dicen que se trata de una Comisión “sin dientes”, Aurelio Nuño, integrante del equipo de Transición en materia educativa, de Peña Nieto, respondió que «será una comisión con dientes, pues una parte fundamental de esta reforma es que tendrá la posibilidad del ejercicio de la acción penal, dando vista al Ministerio Público federal o estatal, coadyuvando en la investigación”. Este órgano no estará impedido para hacer sus investigaciones por el secreto bancario, fiduciario y fiscal.
Los casos de corrupción no prescribirán en un plazo inferior a cinco años. La reforma prevé la posibilidad del decomiso y la confiscación de la propiedad de los bienes que se hayan adquirido directa o indirectamente como resultado de la ejecución de dichos delitos. Las sanciones impuestas por la Comisión Nacional Anticorrupción podrán ser impugnadas en amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito especializados que para este propósito establezca el Poder Judicial de la Federación; se contempla también facultar a la Comisión para que pueda interponer controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.
La iniciativa contempla cinco comisionados para conformar el nuevo órgano, quienes durarán en su encargo siete años, improrrogables; contará con un comisionado presidente, quien desempeñará dicha función por un periodo de cuatro años, improrrogables, y deberá rendir un informe anual ante el Consejo Nacional por la Ética Pública, presidido por el Ejecutivo federal. De aprobarse, los comisionados serán propuestos por el Presidente de la República, pero el Senado tendrá facultad para objetarlos, si reúne las dos terceras partes de sus votos.
La iniciativa establece la obligación de que los estados y el Distrito Federal integren sus propias comisiones especializadas en el combate a la corrupción.
Es tan grave el problema de la corrupción en el país que Transparencia Internacional revela en su Índice de Percepción de la Corrupción 2011 que México ocupa el lugar 100 de 183 países, con una calificación de 3.0, en una escala donde cero es la mayor percepción de corrupción y diez la menor.
La fuente de la corrupción es inagotable. Se trata de erradicar un mal hábito arraigado a los patrones socio-culturales. Hoy el Congreso de la Unión tiene la oportunidad de contribuir a su eliminación. La iniciativa enviada por Peña Nieto resulta interesante en el planteamiento, no hay duda de que puede enriquecerse y salir fortalecida para beneficio de todos los mexicanos. La lista de casos de corruptelas es larga y no distingue partido político y clase social. La más reciente, la estela de luz. Lo importante es ir creando los marcos legales, educacionales y sociales para cerrarle el paso a los corruptos. Es la hora de apostarle a la transparencia gubernamental y del sector privado, para fortalecer el desarrollo económico, la estabilidad social y democrática.
Vericuentos
Jaloneo capitalino
La pasarela en las oficinas de Miguel Ángel Mancera parece vagón del Metro a medio día. Todos llegan con su currículo o recomendación marceliana bajo el brazo. Sin embargo, los criterios de contratación son otros y entre los que sí repetirán anoté a: Héctor Serrano, actual secretario de Gobierno; Manuel Mondragón, titular de SSPDF, y Armando Ahued, en Salud.
Inversión vs inseguridad
En Chihuahua se mantiene el combate al crimen organizado a través de la generación de empleos, plazas educativas y atracción de inversión. El gobernador, César Duarte, mantiene el proyecto de bursatilización del Fideicomiso Carretero que ha permitido financiar la construcción de 247 mil kilómetros cuadrados de caminos que cuentan con el peaje más barato del país y elevados márgenes de seguridad en el tránsito. La apuesta bursátil busca detonar las capacidades productivas del estado en materia forestal, minera, turística, ganadera, agrícola, industrial y manufacturera.
