Como todos sabemos el gobierno de la ciudad de México ha difundido una patraña de dimensiones colosales: una ciudad donde sus habitantes son tomados en cuenta para conducir los asuntos públicos. La fase más acabada de esa simulación es la revocación del mandato, mecanismo por el cual no se consulta a los ciudadanos; se mide la intensidad de la inducción clientelar en favor de la permanencia calculada del gobernante en turno. Ese fue el invento de López.
El pequeño escándalo por la estatua sedente de HeydarAliyev y las reliquias del Realismo Socialista con cuya fealdad la República de Azerbaiyán ha contribuido al deterioro de la ciudad de México y la degradación del cada vea menos forestal parque de Chapultepec, se ha centrado en la personalidad del homenajeado, lo cual en el fondo no debería importarnos tanto.
Sí, Aliyev fue un tirano a las órdenes de la nomenclatura soviética, eso nadie puede negarlo, pero para la ciudad de México eso es poca cosa. Quienes de esto se sorprenden no han caminado por las colonias “Ampliación Simón Bolívar”, “Damián Carmona” y “Primero de Mayo”, por las cuales discurre con aburrida grisura la calle José Stalin.
Total, si ya teníamos una calle en honor, memoria y recuerdo de “El padrecito” y el “Oro de Moscú”, cómo no íbamos a empinarnos (en verdad quien se empinó fue el gobierno del DF, a cambio de unos dolaritos) por el “Oro de Bakú”.
Pero lo más grave es el desdén hacia los ciudadanos y la irremediable burla cotidiana expresada en leyes y reglamentos capitalinos cuya utilidad se le unta al queso. La insufrible demagogia de la “participación ciudadana” resulta además de una falsedad, una muestra de patrimonialismo. Desgraciadamente la ciudad es administrada como una posesión, como un coto con urnas electorales controladas hasta el mínimo detalle gracias a los estímulos económicos en unidades habitacionales y zonas reservadas para gremios, corporaciones, tribus y organizaciones clientelares.
Diga usted si estos preceptos legales fueron respetados en el monumento de Aliyev y la Plaza de “Tlaxcoabaiyán”:
Ley de participación ciudadana:
“Artículo 10.- Además de los derechos que establezcan otras leyes, los habitantes del Distrito Federal tienen derecho a:
“I. Proponer la adopción de acuerdos o la realización de actos a la asamblea ciudadana y al Comité Ciudadano de su colonia; a la Delegación en que residan y a la Jefatura de Gobierno por medio de la audiencia pública;
“II. Ser informados respecto de las materias relativas al Distrito Federal sobre Leyes, Decretos y toda acción de gobierno de interés público;
“III. Recibir la prestación de servicios públicos;
“IV. Presentar quejas y denuncias por la incorrecta prestación de servicios públicos o por irregularidad en la actuación de los servidores públicos en los términos de ésta y otras leyes aplicables;
“V. Emitir opinión y formular propuestas para la solución de los problemas de interés público o general y para el mejoramiento de las normas que regulan las relaciones en la comunidad, mediante los instrumentos de participación ciudadana previstos en esta Ley, y
“VI. Ser informados sobre la realización de obras y servicios de la Administración Pública del Distrito Federal mediante la Difusión Pública y el Derecho a la Información.
A los fantasiosos incisos 5° y 6° se debería agregar un séptimo: los ciudadanos del DF tienen derecho de repetir la dosis de atole con el dedo siempre y cuando lo soliciten por escrito.
Pero no menos grotesca resulta, a la luz de los hechos recientes, la lectura de la Ley de Desarrollo Urbano:
Artículo 2.- Son principios generales para la realización del objeto de la presente ley, los siguientes:
I.- Planear el desarrollo urbano, con base en proyecciones del crecimiento poblacional de la ciudad de México, a fin de garantizar la sustentabilidad de la Ciudad de México mediante el ejercicio de los derechos de los habitantes del Distrito Federal al suelo urbano, a la vivienda, a la calidad de vida, a la infraestructura urbana, al transporte, a los servicios públicos, al patrimonio cultural urbano, al espacio público, al esparcimiento y a la imagen urbana (ja,ja) y su compatibilidad con el sistema de planificación urbana del Distrito Federal…;
“…III.- Alentar la participación y concertación con los sectores público, social y privado en acciones de reordenamiento urbano, dotación de infraestructura urbana, prestación de servicios públicos, conservación, recuperación y acrecentamiento del patrimonio cultural urbano (ja,ja,ja), recuperación y preservación de la imagen urbana y de crecimiento urbano controlado.
“IV.- Sustentar las acciones en las materias de esta Ley en la gestión que realicen los habitantes en lo individual y/o a través de la representación de las organizaciones sociales de las colonias, barrios y pueblos de la Ciudad de México constituidos conforme a las normas aplicables (la no aplicables pueden ser ignoradas, ¿eh?) ;
“V.- Establecer y actualizar el sistema de planificación urbana que se adapte a la movilidad de la población del Distrito Federal y a las necesidades de desarrollo de las diferentes zonas de la Ciudad de México, así como a su conformación geopolítica…” (aquí ya no es cosa de risa, es cosa de un traductor).
En esas condiciones no deberíamos preocuparnos sino por hallar a alguien capaz de responder una pregunta:
–¿De quién es esta ciudad? ¿De sus habitantes, de sus ciudadanos o simplemente de sus burócratas, negociantes y cleptócratas?
