Durante varias semanas el convenio misterioso cuya paternidad todos negaban en México y todos confirmaban en Santiago de Compostela, Orense, Vigo, La Coruña y hasta Pontevedra, ha recibido no solo el bautismo de la transición, sino también la sagrada forma del sacramento transexenal.
Enrique Peña lo ha definido como si fuera suyo, no como en realidad lo es: un negocio extravagante para Petróleos Mexicanos, promovido por los mismos cuyo paso por la paraestatal manchó de lleno la imaginaria y siempre invocada moralidad del panismo y los panistas.
A estas alturas del sexenio calderonista, con el PAN ubicado en la tercera fuerza electoral, ya no tiene mucho sentido ahondar en hechos de todos conocidos, como el aprovechamiento de los cargos públicos en favor de los negocios familiares. Esa fue la historia de Juan Camilo Mouriño y César Nava, entre otros, cuando ambos eran subordinados del actual presidente.
Resulta irónico, por lo menos, leer ahora las reflexiones finales del régimen panista. Ha dicho el presidente Calderón con una cierta “morriña” (nostalgia) por el poder, para usar una palabra gallega:
“…Y aunque en México, por corrupción, por desprestigio, por abuso, se ha desprestigiado enormemente el servicio público y la política misma. Yo creo que la política y el servicio público son eso: instrumentos para hacer el bien y, particularmente, el bien común, y que sólo haciendo el bien uno puede realizarse como ser humano.
“Si todo eso, creo, que el hombre se realiza cuando hace el bien, y cuando tiene la posibilidad de hacer el bien común desde un cargo público, se puede realizar mucho más, imaginen ustedes lo que ha significado para mí la enorme satisfacción, el privilegio, el enorme honor de ser Presidente de México. Y no sólo eso. Ser Presidente de México en momentos de prueba, de crisis económica, de influenza, de violencia. En momentos de gran prueba y de tribulación para México, en momentos de adversidad en donde se requería tener todos los arrestos para, entre todos los mexicanos, sacar adelante al país…” Mejor no lo habría dicho ni la Madre Teresa.
Pero en fin, la teoría del “bien común” sigue siendo tesis de combate. Quizá con ella pueda el PAN regresar algún día a Los Pinos, pero mientras tanto los contratos oscuros reciben el relámpago de un reflector transexenal:
Las noticias del equipo de transición nos hacen saber datos claros y precisos:
“El equipo de transición del presidente electo, Enrique Peña Nieto, emitió un comunicado esta noche (La jornada) donde da una aprobación tácita a la contratación de astilleros españoles para la construcción de dos floteles destinados a Petróleos Mexicanos (Pemex). En esta capital se encuentran acompañando a Peña Nieto sólo el coordinador de Políticas Públicas y Economía, Luis Videgaray, y el de Asuntos Internacionales, Emilio Lozoya.
“En el texto se señala que en (los) “términos expuestos por Pemex, esta contratación puede representar un paso importante para fortalecer la competitividad de la industria petrolera mexicana, mantener la seguridad de sus trabajadores, y tendrá beneficios importantes para las economías de México y España”.
Pero si el texto es claro, sus conceptos no lo son: ¿cómo se favorece la economía mexicana pagándole 360 millones de dólares por dos “floteles”a los astilleros de Galicia, quebrados y sin trabajo?
REFORMA
Me escribe una lectora cuya identidad me guardo.
“…le escribo, porque usted es de los pocos periodistas que se atreve a salirse de la corriente «oficial».
“Todos están enfocados a criticar el capítulo relativo a la transparencia sindical, y está bien, pero esa reforma está ocultando una verdad que no veo cómo van a remediar y es el enorme rezago que las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje tienen porque los asuntos que tienen que dirimir los han rebasado. Le cuento: me despidieron injustificadamente de un organismo descentralizado – los conflictos de los trabajadores de todas las descentralizadas del gobierno federal se dirimen con el apartado A, o sea están ocultando que la reforma va a afectar a buena parte de los trabajadores del gobierno federal, porque una resolución de la SCJN así lo determinó (la competencia de las Juntas).
“Quien despide en esos organismos no tiene al fin ninguna responsabilidad y cuando se les gana el juicio no les importa porque se paga del erario público, a diferencia de los patrones privados donde es la empresa quien responde.
“Los procedimientos en las Juntas son tortuosos cada tres o cuatro meses de modo que como en mi caso, ya van para cinco años, mi único consuelo es que los salarios caídos se siguen acumulando, pero es muy amargo porque a mi edad ya nadie me da trabajo y menos porque soy priista y en parte esa fue una de las razones de que me despidieran en el Instituto Mexicano de la Juventud coto de la flamante senadora buena para nada MARIANA GOMEZ DEL CAMPO y donde nos corrieron a varios profesionistas para hacerle lugar a sus cuñadas, primas y compromisos de partido en el PAN del D.F. al fin que es el Erario Público (sic) quien paga finalmente.
“No hay sanción en la ley actual y en la reforma para los patrones que no asisten a la conciliación cuando la junta, previa al juicio los cita, y esa y otras chicanas sirven para alargar los juicios y congestionar no solo las Juntas sino al Poder judicial, con amparos en cada etapa del proceso, así que acotar a un año los salarios caídos va a aumentar la carga en los tribunales, porque después de un año en que se frenan los salarios caídos, «ahí que se sigan fregando (a) los trabajadores» al fin que los despidos van a ser baratos.
“En fin podría decir más pero sé que usted y sus auxiliares deben tener otros asuntos igualmente importantes que decir y siempre agradecemos los sin voz que un periodista tan respetado como usted nos eche un lazo”.
