Las primeras menciones sobre ese grupo de desertores del Ejército tenían, a principios del siglo, la dosis suficiente de truculencia como para dudar de ellas. Parecían el anónimo e inexplicable surgimiento de una leyenda urbana para encubrir o enmascarar acciones de otra índole. Pero con el tiempo se vió cómo “Los Zetas” se volvían contra sus creadores como criaturas malévolas .
Sin embargo, con el paso de los años, su existencia se tornó una ubicua realidad y hasta sobrepasó las fronteras mexicanas. “Zetas” en Guatemala, en Costa Rica, en Nicaragua.
Dentro del esquema militarizado de la lucha estatal contra la delincuencia organizada, el gobierno se enfocó en una estrategia obsesiva: capturar a los cabecillas de las bandas para así lograr su descontrol, dispersión y consecuente aniquilación. En medio de ese combate se genera un combate hacia el interior de los grupos violentos: usurpar o al menos ocupar los puestos vacantes se convierte en una lucha intestina, pero también en una disputa con los otros grupos.
Los “Zetas” contra los Pacíficos, especialmente. Y como extrañas adherencias los grupos menores, o así considerados: el Milenio, la Familia Michoacana, la Nueva Generación. Una incontenible y tóxica proliferación de grupos mayores y menores cuya contundencia colectiva hace pensar en por lo menos 500 mil personas “bajo las banderas” del narcotráfico y la delincuencia organizada.
“Narcomenudistas”, secuestradores, extorsionadores; tratantes de blancas; de migrantes, contrabandistas de armas, “polleros” desde el sur hasta el norte; distribuidores y productores de piratería en diversas formas y en general una incontenible actividad criminal frente a cuya extensa presencia el Estado se va rezagando.
Ya alguna vez el secretario de la defensa, Guillermo Galván, habló de zonas donde el gobierno ha perdido el control.
La respuesta ha sido el endurecimiento de las penas carcelarias, el ingreso tumultuario de delincuentes a las prisiones (a pesar de la escasez de procesos bien llevados) y la sobrepoblación carcelaria, pero de acuerdo con el viejo axioma, si algo sucede afuera también sucede dentro de los reclusorios. Los delitos sociales son los mismos. Y dentro de las prisiones, la delincuencia organizada, organiza la vida y la muerte; los comercios, las prebendas y hasta el cierre o apertura de las puertas.
Y en la jerarquía de mando, los “Zetas” en la cima.
Por eso espeluznan los datos ofrecidos recientemente por el ombudsman nacional, Raúl Plascencia en el diagnóstico penitenciario nacional:
“… Las condiciones de gobernabilidad (en los reclusorios) son debilitadas por el autogobierno y cogobierno, donde el control de la seguridad, las actividades y los servicios es ejercido por grupos de internos.
“De la muestra de 100 centros penitenciarios visitados, en 60 de ellos se constató la existencia de autogobierno.
“Otro aspecto analizado fue el respeto al debido proceso en la imposición y aplicación de sanciones disciplinarias, que impacta a la población reclusa, ya que al ser sancionados se les suspenden indebidamente las visitas familiar, íntima y del defensor, cuando la Ley de Normas Mínimas no lo prevé.
“De igual forma, se detectaron privilegios: presencia de objetos y sustancias prohibidas; prostitución; grupos o personas que ejercen violencia o control sobre el resto de la población; cobros indebidos para la protección personal, la asignación de estancia o plancha para dormir, pase de lista, mantenimiento de los dormitorios, acceso a alimentos y a servicios médicos…
“…tan sólo de 2010 a la fecha esta Comisión Nacional ha registrado 14 fugas, en las cuales se evadieron un total de 521 internos; 75 riñas, las cuales dejaron un saldo de 352 fallecidos, y dos motines, con un saldo de dos fallecidos y 32 lesionados”.
Pero el problema no está únicamente dentro de las cárceles, como es obvio aunque signifique y demuestra y ponga en evidencia la profundidad del problema, sino en la forma como los “Zetas” han dispersado sus actividades corruptoras.
Si durante años se presumió del blindaje de la capital del país en relación con los grandes grupos delictivos, ahora la procuradora Maricela Morales nos revela cómo se ha infiltrado el gobierno del DF, a pesar de los anuncios festivos y auto-celebratorios de Marcelo Ebrard. Y lo mismos sucede en Coahuila, en Zacatecas, en Jalisco, en Sinaloa, en casi toda la república.
En Veracruz, por ejemplo, el gobernador Javier Duarte, ha detenido, en asociación con la Marina Armada de México, a 35 policías ministeriales sospechosos de establecer nexos con los grupos de narcotraficantes en perjuicio de la seguridad general; ha resuelto asesinatos de periodistas cometidos por esta misma banda y la tarea parece no tener fin.
La cabeza de la hidra sigue en plena reproducción a pesar de la propaganda presidencial de haber capturado a 27 de los 35 criminales más buscados. Su reproducción es incesante.
