Guillermina Gómora Ordóñez
Burlado fue una vez más el sistema de seguridad en los penales por la incontenible corrupción que reina en estos lugares. Ahora se dio en Coahuila, donde los reos salieron, para variar, por la puerta principal y “nadie vio nada”. Lo sucedido es una muestra de la grave situación en que se encuentra el sistema penitenciario del país y la ligereza con la que las autoridades toman el muy lucrativo tema.
Las fugas que se han registrado en algunos de los 431 penales que hay en el país revelan que no se han ejecutado las medidas correctas en estructura, personal, presupuesto y resguardo. Los internos se encuentran en condiciones infrahumanas, hacinados sin agua, sin comida, sin celdas adecuadas y con una seguridad interna vulnerable. La mezcla de reos de alta peligrosidad con primo-delincuentes se convierte en un coctel pernicioso que da al traste con las tareas de readaptación. No es posible que a una persona de alta criminalidad se le envíe a un reclusorio del que se puede evadir con relativa facilidad.
La sobrepoblación en las cárceles, que se ubica en un 25.80%, es otro talón de Aquiles. Nadie previó que al iniciar una guerra contra el crimen organizado habría que hacer reformas legales y estructurales en el sistema penal. El estándar internacional establece 145 reclusos por cada 100 mil habitantes y en México hay 207 presos por cada 100 mil pobladores. Evidentemente estamos ante un severo dilema que ha hecho crisis en las prisiones estatales, donde hay una gran concentración y obliga a una revisión integral.
En lo que va del sexenio calderonista se han registrado 924 fugas y 374 muertos. Al respecto, el senador Benjamín Robles Montoya, del PRD, afirma que la delicada situación en las prisiones mexicanas responde a tres condiciones: sobrepoblación, mezcla de reos federales con reos del fuero común, y corrupción de autoridades. “Actualmente en las prisiones del país se encuentran presas unas 230 mil personas, siendo que la capacidad del actual sistema penitenciario es para alrededor de 200 mil. De esos 230 mil internos, 20 por ciento pertenece a la competencia federal, y 75 al fuero común”, y agregó: no podemos aspirar a la reinserción social cuando individuos que delinquen por primera vez conviven cotidianamente con delincuentes consumados, con miembros de la delincuencia organizada”.
La impunidad con la que se conducen las autoridades en mancuerna con los delincuentes parece no tener fin. No hay castigo para ninguno. Las cárceles funcionan como negocios para quienes las dirigen y para los presos. La ley del que paga manda, rige los usos y costumbres. Basta darse una vuelta a cualquiera de ellas para comprobar que operan como hoteles, de diversas categorías, supermercados y centros de tráfico de drogas y de sexo. La prisión se transformó en centro de reclutamiento para el crimen organizado.
El perredista Benjamín Robles refiere que en lo que va del sexenio “se han sumado ocho mil nuevos presos federales, provenientes del crimen organizado, y que en este mismo periodo, se han fugado unos 900 de prisiones estatales”. A estos datos agregue los del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2011, que presentó Raúl Plascencia, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos: tan sólo de 2010 a la fecha se registraron 14 fugas, en las cuales se evadieron 521 internos; 75 riñas, que dejaron un saldo de 352 fallecidos, y dos motines, con dos muertos y 32 lesionados. Cifras que alarman y confirman la cloaca en que se han convertido las cárceles mexicanas.
Queda claro que estamos frente a un conflicto de procuración e impartición de justicia y que en su última etapa se encuentra fracturado y nada se hace por repararlo. Se ha convertido en una coladera. La autoridad federal culpa a la estatal y nadie asume la responsabilidad. La federación actúa con opacidad y nada informa sobre los avances en la construcción de los 8 reclusorios que prometió al inicio del sexenio, como parte de su combate al crimen organizado. La carencia en la falta de supervisión a sus programas de seguridad se traduce en bombas de tiempo que contribuyen aún más al deterioro del tejido social.
En efecto, las recientes fugas, homicidios de reos y empleados federales, el hallazgo de armas y droga son síntomas de una enfermedad en el sistema carcelario: la corrupción. En el 95% de las escapatorias el reo contó con el apoyo de alguna autoridad. Ni siquiera aplica el término fuga, salen por la puerta principal. Nadie olvida el 19 de enero del 2001 Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán, se fue del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. Mejor conocido como Puerta Grande.
De acuerdo con la CNDH, los penales peor calificados son los del Distrito Federal, Estado de México, Tamaulipas, Nuevo León, Quintana Roo, Oaxaca, Guerrero, Tabasco y Nayarit. Nada nuevo si se considera que desde 2004 el organismo alertó sobre la presencia de privilegios, grupos de poder (autogobierno) donde están involucrados internos y autoridades. Donde falta trabajo, actividades educativas, hay carencia de personal, instalaciones en mal estado, sobrepoblación, golpes y maltrato, deficiente alimentación, sanciones indebidas, desconocimiento del reglamento, así como carente o inadecuada atención médica.
Ante esta trágica radiografía, Raúl Plascencia advierte: “Con las condiciones actuales de los centros de reinserción no habrá política de seguridad pública que dé resultados. Recuperarla requiere, entre otras cosas, de un sistema penitenciario articulado y funcional que cumpla con su propósito principal, que es la reinserción del sentenciado”. Así es, urgen acciones concretas que pongan fin a la corrupción. De lo contrario el combate al crimen organizado seguirá siendo una guerra fallida que se pierde en los ministerios públicos y en la cárcel. De nada sirve el descomunal esfuerzo para atraparlos y llevarlos ante la justicia.
Vericuentos
De Los Pinos al Senado.
Alejandro Caso Niebla, quien se desempeñaba como director general de medios nacionales en la Coordinación de Comunicación Social de Los Pinos, despacha ya en el Senado de la República; su ex jefe, Ernesto Cordero, lo integró a su equipo. Todo parece indicar que estará al frente de la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara alta. El lugar que dejó en la casa presidencial será ocupado por Fernando Carbonell, ex director general de Comunicación Social de Gobernación.
Unidad a prueba de Mesías
Campaña de convencimiento inició el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard. Repite a voz en cuello que la izquierda no se dividirá en el 2018. Refresca la memoria a quienes lo miran con cara de What? “Yo evité la fractura en el 2012, no se les olvide”, sentencia. Así el gendarme de la ONU para las ciudades seguras inició su campaña presidencial con 6 años de antelación.