La V Legislatura de la ALDF legó a la Ciudad de México una de las leyes más avanzadas para prevenir y atender las adicciones, se sentaron las bases de una política pública integral en salud, y no sólo fue la legislación sino también la creación del instrumento que permite sanar y/o encausar la atención especializada y profesional del adicto, el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones.
Con ello esta representación popular trasciende y confirma el interés por los capitalinos y su calidad de vida, así lo explicó el Diputado Horacio Martínez Meza, quien representando a la Asamblea Legislativa participó en el Seminario “Construyendo Sinergias en la Prevención Social del Delito y la Violencia con los Jóvenes”
Los diputados de la Ciudad de México no se preocuparon, sino se ocuparon por enfrentar legalmente la lucha contra esta enfermedad, que a través de reformas a la Ley de Salud del DF dispone la atención al consumo de los inhalables y las sustancias psicoactivas. Al respecto el legislador perredista detalló que la Encuesta Nacional de Adicciones establece en este orden las sustancias más consumidas por las y los jóvenes: marihuana 8.8%, inhalables 6.7 por ciento, tranquilizantes 4.9 puntos y cocaína 4 de cada 10 muchachos.
Pese a contar con la Ley reformada, explícita y contundente, es de lamentar, dijo Martínez Meza, que las Delegaciones Políticas del DF no han cumplido con la obligación de construir en su espacio geográfico al menos una unidad de atención, tratamiento y rehabilitación para los consumidores de sustancias prohibidas.
El asambleísta invitó a la sociedad civil y a las Instituciones de Asistencia Privada a involucrarse en este reto aportando ideas, acciones y atención a la problemática, creando una Contraloría Ciudadana que evalúe las acciones gubernamentales, federal y locales, de esta política pública en salud, para alcanzar una solución integral e interdisciplinaria para inhibir, atender y rehabilitar a los consumidores de sustancias psicoactivas en la Ciudad de México.
Uno de cada 5 enfermos de SIDA a nivel nacional se focaliza en el DF. La Ley de Salud local los protege, atiende y medica
Tras reiterar que los portadores de VIH/SIDA en la Ciudad de México tienen todos sus derechos garantizados como la atención, tratamiento y medicación en instituciones médicas especializadas como la Clínica Condesa, que esto no impide solicitar y acceder a un empleo, pues la prueba, como requisito para obtener una oportunidad laboral está prohibida, el Vicepresidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la ALDF, Diputado Mauricio Tabe Echartea, sostuvo que la V Legislatura emitió las reformas a la Ley del ramo, que incluye recibir medicinas gratuitas para seguir el tratamiento indicado por el médico.
Al hacer un balance de los logros en la materia durante la saliente V Legislatura, el panista recordó que los patrones están impedidos de despedir, marginar o discriminar a algún empleado portador de esta deficiencia adquirida, de comprobarse, el afectado tiene el derecho de interponer una demanda legal y laboral para reparar el daño y/o reinstalarlo en su puesto.
Recordó el panista, que la Ciudad de México es una de las entidades del país con mayor incidencia de VIH, según cifras del CENSIDA, se presentan más de 38 mil casos a nivel nacional, 17% su focalizan en el DF (uno de cada cinco casos se presenta en la Ciudad), de ahí que la Comisión de Salud se abocó a modificar la ley local para garantizar la atención inmediata de los enfermos, desde el examen de detección, hasta la medicación post hospitalaria.
Tabe Echartea recomendó a los capitalinos leer la Ley de Salud del DF en el capítulo del SIDA para que conozca la protección que esta le da a portadores –sin saberlo- o quienes han sido detectados; inclusive, para quienes no la padecen y conocer cómo actuar en caso de discriminación o derechos adquiridos, sean o no asegurados en alguna institución médica oficial.
El legislador reiteró que los portadores del VIH como los enfermos de SIDA, tienen derecho a ser atendidos integralmente con el objeto no sólo de controlar su enfermedad sino de mejorar su calidad de vida.
Exige el GPPVEM a la Contraloría del DF, realizar auditorías a las Secretarías de Transporte y a la de Seguridad Pública
Pese a existir la legislación que obliga a los concesionarios del transporte público del DF conducir y prestar un servicio digno, respetuoso y eficiente, los accidentes e irregularidades siguen dándose, y esta vez las autoridades del ramo, Setravi y SSP son corresponsables de la ineficiencia, criticó el GPPVEM en la ALDF, que en voz de su Coordinador, Diputado Raúl Nava Vega, exhortó al Contralor General del DF, Ricardo García Sainz Lavista, a realizar una auditoría a ambas dependencias en materia de transporte público.
Recomendó evaluar los programas operativos, de servicio y de eficiencia toda vez que el sistema de transporte público y concesionado es caótico, arbitrario e inseguro.
Consideró que por la recurrencia de los accidentes hace pensar que los programas que exigieron Setravi y Seguridad Pública fracasaron, si es que se aplican o sólo se concretan a imponer medidas correctivas. Tienen que poner mayor atención en la operación de los microbuses y combis, que de acuerdo a las estadísticas recientes son las que más se involucran en los accidentes.
Nava Vega presentó correos electrónicos y quejas de los usuarios de estos medios de transporte en donde se manifiestan el descontento por la falta de eficiencia, seguridad y capacitación de los concesionarios y sus choferes, por lo que –dijo- debe intervenir de inmediato la Contraloría.
Los diputados ecologistas en Donceles y Allende pidieron que de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública, la oficina de García Sainz debe revisar a conciencia la actuación de la Setravi y de Seguridad Pública, que no han sido capaces de ordenar y corregir la incapacidad de los prestadores del servicio y la indiferencia de las autoridades a por remediar las anomalías.