Propone la Diputación Permanente de la ALDF aplicar la extinción de dominio del predio 11 del Segundo Callejón de Manzanares, en la Merced, en donde por más de 42 años se explotó sexualmente a niñas, mujeres y se ejerció el lenocinio.

Aun más, a través de una propuesta de ley que presentaron las Diputadas Ana Estela Aguirre y Juárez del PT y Beatriz Rojas, del PRD, se pide recuperar los predios que las bandas y lenones utilizan en la Ciudad para practicar su ilícita actividad.

Las legisladoras argumentan que recuperar estas “casas” daría un mensaje claro e inequívoco de la lucha contra la delincuencia organizada y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. La propuesta contempla que los inmuebles recuperados deben rehabilitarse y destinarlos como espacios públicos para la atención de las mujeres que han sido víctimas de violencia en cualquiera de sus formas.

A través de especialistas podrían ser tratadas de males psicológicos, físicos. Se les proporcionaría asesoría jurídica, capacitación sobre los derechos de la mujer en el DF, habría salones de clase para aprender artes, oficios; se convertirían en estancias de bienestar hasta que la víctima hayan logrado estabilidad emocional, física, psicológica y social.

Mantiene la CFE intransigencia y dolo contra los usuarios, “que paguen, luego revisamos cada caso” única respuesta a la ALDF

Como muy mala, por la falta de respuestas y de compromisos calificó la Secretaria de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Diputada Aleida Alavez Ruiz la reunión que sostuvo con Eduardo Sarabia, Gerente de Comercialización y Antonio Oaxaca, enlace legislativo de la Comisión Federal de Electricidad en donde expuso a nombre de más de 13 mil usuarios del servicio que se inconforman por los altos cobros y pésimo servicio que ofrece la paraestatal.

La legisladora lamentó que la “empresa de clase mundial” mantenga su postura de que “la gente debe pagar lo que debe, firmar contratos y ajustarse a las tarifas que están vigentes a la fecha, porque esto es lo que ellos tienen como mandato” ¿mandato de quién?, se le cuestionó a Alavez Ruiz, del Director General de la CFE, Antonio Vivanco, dijo, y se cierran a esa situación.

El año pasado, durante una reunión con el propio Eduardo Sarabia, en el recinto, se le mostraron las quejas de miles de capitalinos, con recibo en mano, de las altas tarifas de cobro, dijo que se revisarían, instaló por una semana una mesa receptora de inconformidades que atenderían, y aun año de distancia las cosas no sólo están mal, sino empeorando, acusó la diputada.

En la reunión de éste miércoles en las instalaciones de la CFE, se dijo que “se están revisando contratos, habilitando convenios”, pero la realidad es que aún son onerosos, desproporcionados, fuera de la realidad y los ciudadanos no están dispuestos a pagar esos recibos elevadísimos.

Aleida Alavez indicó que se revisaron 3 vertientes en la reunión, el servicio doméstico, el de las unidades habitacionales y el de las concentraciones (locales irregulares improvisados en terrenos de tierra), sin embargo los funcionarios de la paraestatal siguieron en su intransigencia de que “los consumidores deben pagar y luego se revisa cada caso”. La CFE, insistió, trae un doble discurso y mucha ambigüedad en su actuación, por lo que reiteró que las movilizaciones ciudadanas contra la CFE se realizarán en fecha por confirmar.

Diputados piden a la SETRAVI prorrogar la renovación de la tarjeta de circulación con chip

A fin de que los automovilistas realicen el trámite de renovación de la tarjeta de circulación con chip, la Asamblea Legislativa aprobó de urgente y obvia resolución exhortar a la Secretaria de Transporte y Vialidad autorizar una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2011, para efectuar el trámite.

El proponente del punto de acuerdo, el Diputado priísta Cristian Vargas Sánchez, criticó los rigurosos pasos para realizar el procedimiento: pago de derechos, gestión vía Internet para la línea de captura, la fijación de una cita en cualquiera de los módulos, “resultan ser los principales factores para que más de un millón de capitalinos no realicen el canje”.

La fecha límite, hasta ahora, es el 30 de junio, pero será imposible que más de un millón de automovilistas cumpla, por lo que pidió a la Diputación Permanente exhortar a la Setravi aplazar la fecha hasta el 31 de diciembre de 2011 e implementar una campaña de difusión para que los automovilistas se enteren y cumplan con la responsabilidad del trámite.

Cristian Vargas pidió que junto con el exhorto a la dependencia, se solicite al titular de Seguridad Pública que sus agentes de tránsito no “cacen a los conductores” con el pretexto de revisar documentos y la correspondiente infracción, bajo la amenaza de llevar los autos al corralón, porque se prestará a corruptelas con la clásica “mordida”.

El Pleno de la Permanente aprobó la propuesta de inmediato y se turno a las Secretarías de Transportes a la de Seguridad Pública.

Exigen al titular de la SSPDF los resultados del examen de control de confianza aplicado a sus policías y los nombres de elementos destituidos y consignados reprobados

Con el argumento más valioso que la sociedad exige, la seguridad, que garantiza tranquilidad familiar y social en sus colonias, la Diputada Lizbeth Rosas Montero, integrante de la Comisión de Seguridad Pública de la ALDF, presentó a la Diputación Permanente un punto de acuerdo para pedir al Secretario del ramo, Manuel Mondragón y Kalb, entregue a la brevedad un informe detallado de los avances a los exámenes de control de confianza realizados a los elementos de la corporación y especialmente la lista de los policías que no cumplieron con los resultados y que han sido destituidos, inhabilitados o consignados al ministerio público por la comisión de algún deleito.

En los considerandos de la propuesta, la legisladora sostiene que la ciudadanía exige a las autoridades respuestas prontas con resultados contundentes para eliminar la corrupción, impunidad, violencia e inseguridad que se vive día a día en la Ciudad de México.

Rosas Montero aseguró que el exceso de delincuencia al interior de las corporaciones que deben protegernos incrementa la incertidumbre en la población y citó un ejemplo: “sucedió en una célula delictiva conocida como “Mano con Ojos”, en el gobierno priísta del Estado de México, en donde fueron detenidos y consignados 16 servidores públicos adscritos al Centro de Monitoreo o C-4 de la Dirección de Seguridad Ciudadana por actos de corrupción, colusión con el crimen organizado e impunbidad2

El punto de acuerdo, insistió la diputada perredista, pretende demostrar la vulnerabilidad y poca responsabilidad de las autoridades por establecer políticas públicas que enfrenten de manera contundente e institucional el problema de inseguridad vigente.

El Secretario Mondragón y Kalb, deberá entender la importancia y exigencia de los capitalinos por construir instituciones de seguridad sólidas, eficaces y honestas que permitan abatir los altos niveles de corrupción e impunidad en lo más preciado de los ciudadanos: su seguridad.