Una forma muy vieja de hacer política es mediante el disfraz de las intenciones. Una causa noble, pura, generalmente admitida puede ser utilizada como pantalla para la verdadera razón de las acciones.
En el gobierno anterior –por ejemplo–, la inatacable decisión de un juez y la búsqueda del estado de Derecho el cual se vulneraba si se pasaba por encima de un amparo para una obra municipal, fue pretexto para desaforar a un rival del partido en el poder, pero no para enjuiciarlo, simplemente para procesarlo judicialmente y echarlo fuera de las posibilidades legales de competencia.
Fue un recurso burdo, muy burdo. Tanto como para arrepentirse de haberlo usado cuando el clamor de los adeptos a ese político arrinconado amenazaba convertirse en una corriente violenta e incontrolable. Entonces el gobierno reculó.
Hoy, con la pesada carga de cincuenta mil muertos sobre la espalda, el régimen, con una población afectada por el miedo, halla para su beneficio una estrategia en la cual se estimula una creencia cuya aceptación debe lograrse a martillazos en la conciencia; o sea, decirlo y decirlo y decirlo hasta convertirlo en un dogma.
La letra (y el slogan ) con sangre (y martillo) entran.
Pero el problema no se reduce a este conjunto mitológico a una estrategia de partido. Es más grave.
Se trata de una embestida desde la jefatura del Estado para la cual se exhibe como prueba un desplegado de prensa (nadie sabe si fue propaganda negra o fue real) en el cual los mafiosos michoacanos amenazan a quienes sufraguen por el Partido Acción Nacional. Después se divulgaron grabaciones sin comprobar su origen ni su fuente.
Luego se canonizó a un alcalde asesinado en un país donde el crimen organizado ha matado a demasiadas personas (muchos de ellos munícipes, casi 50 de ellos) y así hasta llegar a la explicación fraterno-presidencial del fracaso electoral de Luisa María Calderón quien se manifestaba triunfante el día de los comicios de noviembre: el narco ayudó a los rivales.
Esta decisión presidencial de utilizar la tribuna del Partido Acción Nacional en un acto de recordación de sus colaboradores y amigos muertos en el inexplicable “helicopterazo” (innecesario si ya se había hecho la magna ceremonia del Campo Marte; nadie puede ser héroe cada semana), ha logrado antes del inicio de las campañas un ambiente más enrarecido de como estábamos cuando se propalaba por la TV la existencia y riesgo de “un peligro para México”, como preparación de esa suerte de alquimia electoral a la cual AMLO llama fraude y Vicente Fox, cargar los dados.
A la clarinada del presidente para insistir en el tema, a no guardar silencio, a probar y demostrar, a martillar la conciencia nacional (ese fue el verbo usado) y a no soltar el tema, han venido en cascada muchos discursos más; entrevistas de medios (obviamente en la tele).
Por una parte los panistas exultantes de haber hallado la piedra filosofal cuya sola mención convertirá el plomo de la adversa realidad electoral en el oro de la victoria sexenal.
********************
Gustavo Madero ha dicho: “No vamos a permitir que en otras entidades (refiriéndose a la denuncia de Cocoa y FCH) suceda lo mismo que en Michoacán, donde amenazaron de muerte a las personas si votaban por el PAN”.
Y Alejandro Poiré, secretario de Gobernación, hunde la vara:
“…uno de los desafíos centrales que enfrentan las democracias de América Latina estriba en impedir que las contiendas electorales sean una nueva veta para los empresarios del crimen”.
Al clausurar los trabajos del II Foro de la Democracia Latinoamericana, aseguró que el crimen organizado pretende garantizar cómplices en las instituciones y “por ello tiene interés en intervenir en procesos electorales”.
Pero lo más grave fue dicho por el propio presidente en un lapsus con el cual ha revelado su verdadero pensamiento:
— «A quién beneficia la acción de los criminales y a quién perjudica –sentenció– es una pregunta clave para el País, que el País tiene que responder. Por lo pronto, ya sabemos a quién perjudica: perjudica al PAN.»
En este expresión (fallida, según yo) habita el cogollo del equívoco calderonista, al menos en su capacidad expresiva: decir, por lo pronto ya sabemos a quién perjudica… es oponer la conveniencia de su partido, por encima del problema de su país.
Esta frase recuerda el anuncio radiofónico contra la violencia de las mujeres en el cual un hombre se lamenta de saber cómo otro pateó a una señora grávida
–“Y eso que estaba embarazada”
–¿O sea; si no hubiera estado embarazada habría sido normal la patiza?, le pregunta otra dama.
Si cambiamos la dramática situación de la mujer golpeada con la intromisión del narco en la vida electoral, sólo por el daño al PAN, caemos en el mismo absurdo.
Por eso en su inicio como presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Pedro Joaquín Coldwell le pide al presidente las medidas necesarias para evitar la intromisión del narco en la liza electoral y le señala límite ante las acusaciones temeraria lanzadas por la presidencia hasta el uso faccioso de la procuración de justicia.
Obviamente Joaquín le recuerda al presidente cómo se benefició de las intromisiones de su antecesor y cómo necesitó el respaldo institucional del PRI para salvar la crisis constitucional de una imposible toma de posesión. Lo instó a no descalificar a los adversarios de tan peligrosa manera y le exigió “que ajuste su conducta al mandato de la ley”.
Esto dijo entre los aplausos de los suyos. Hoy suyos.
“Ante la debilidad de sus precandidatos, el gobierno panista recurre a toda suerte de artimañas para agredir a las fuerzas políticas que como la nuestra le disputan el poder.
“Por las acusaciones temerarias lanzadas desde la presidencia, hasta el uso faccioso de la procuración de justicia, todo se vale con el objeto de descalificar al adversario. Si esto sirve para ganar las elecciones, poco les importa que quien pague los costos de estas acciones sea la sociedad.
“Quien como candidato fue el principal beneficiario de la injerencia gubernamental en las elecciones, tiene hoy como presidente el deber de evitarla por el bien de México.
“Los priistas demandamos del presidente que ajuste su conducta al mandato de la ley y actúe con imparcialidad. Que evite dañar el proceso electoral con su intromisión. El PRI está dispuesto a pactar con las otras fuerzas políticas, con la autoridad electoral y las de procuración de justicia, las medidas que sean necesarias para blindar el proceso electoral de la infiltración del narcotráfico.
“Al gobierno le exigimos que no haga de este tema una arma para minar la confianza en las autoridades electorales, socavar el proceso o agredir a partidos y candidatos”.
******************************
Más allá de los dimes y diretes de la contienda electoral, hay varias cosas claras en este escándalo cuyas dimensiones pueden crecer cómo el incendio apagado con gasolina.
La primera, la abierta intervención del presidente en la propaganda y estrategia incendiaria de su partido, utilizando para ello la guerra contra el crimen.
Segundo, la satanización y el encono, cuyo resultado es como el de la violencia: genera más de lo primero –en sentido contrario–, y mucho más de lo segundo como una consecuencia irremediable.
La rudeza presidencial agrede a las instituciones electorales, como ha dicho Luis Carlos Ugalde. Daña la convivencia en la diversidad y convierte a los adversarios en enemigos.
Y lo peor, confirma el viejo dicho: lo que mal empieza, mal acaba.
TABASCO
La sucesión en un estado politizado como tabasco, con peculiaridades púnicas y sometido a la presión de los fenómenos naturales cíclicos e imparable, año con año, sin remedios definitivos, le da a la futura sucesión para el gobierno características muy propias de las cuales parece no estar advertido o atento el gobernador Andrés Granier.
De todos es sabido el desastre con el cual acaba su administración y lo impopular de empecinarse en nombrar un “delfín” en la persona de Humberto Mayans quien ha cambiado tantas veces de partido como de zapatos.
De acuerdo con un estudio reciente del Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE), Andrés Granier está considerado –después del michoacano Leonel Godoy– como el segundo peor gobernador del país. (72.3% ‘no confía’ en él; 83.8% dijeron que se parece poco o es totalmente diferente a una persona honesta; de los 32 gobernantes, fue el peor evaluado cuando se preguntó si lo consideraba cumplido con sus deberes).
Sin embargo algunos medios locales afines a su administración aseguran que seis de cada diez tabasqueños aprueban su gestión. (Tabasco Hoy, 22/11/11).
Información proveniente de Tabasco dice:
Los tabasqueños no sienten solución, así sea parcial de sus principales problemas. Predomina una sensación de inseguridad: la sociedad se siente desprotegida, por un lado, frente el embate de la naturaleza en temporada de lluvias y crecientes, y por el otro, ante la alta incidencia delictiva.
A estos dos elementos debe añadirse otro más de naturaleza muy riesgosa: la confrontación histórica entre los tabasqueños y la Comisión Federal de Electricidad. Uno de cada cuatro hogares de la entidad tiene pasivos con la paraestatal; esa clientela se la disputan PRD y PRI.
Si antes los escenarios de conflictos sociales giraban en torno a Pemex y la llamada ‘industria de la reclamación’; hoy esto ha cambiado. Los temas con más presiones y reclamos ciudadanos, son: cortes al suministro eléctrico por la CFE; exigencia de indemnizaciones a habitantes de comunidades inundadas; quejas por desabasto de agua potable en la capital del estado, y protestas de los dos principales gremios magisteriales.
Estos conflictos –sin duda–, se mezclarán con un escenario de intensa confrontación política en el estado con plazos modificados para empatarse con la federación.
Las dirigencias partidistas locales pretenden seguir manejando los tiempos conforme al antiguo calendario electoral y a la cultura de la línea. Los aspirantes llevan largo trecho recorrido, en un juego sin más reglas –sobre todo en el PRI– para aniquilar al adversario.
Una decisión desacertada en el proceso interno local podría generar un efecto adverso, no sólo para que el PRI mantenga su hegemonía en la entidad sino que se ponga en riesgo la cuota de sufragios que espera para su abanderado a la Presidencia de la República.
